Los jueces progresistas piden investigar escuchas ilícitas en dependencias judiciales
El comisario Morocho, durante el juicio del caso Kitchen, manifestó sospechas de espionaje de algún magistrado
El ex inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) Manuel Morocho. | Gabriel Luengas (Europa Press)
El Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) emplaza al Consejo General del Poder Judicial a que investigue la posible colocación de sistemas de escucha y espionaje en dependencias judiciales tras conocerse las declaraciones del comisario Manuel Morocho durante el juicio del ‘caso Kitchen’, donde manifestó sospechas de algún magistrado de la Audiencia Nacional que creía podía estar siendo espiado en su despacho o comunicaciones.
La testifical de este agente en el citado juicio, ampliamente recogida en medios de comunicación, de ser cierta supondría una práctica ilícita extremadamente grave, pues no solo afectaría a derechos fundamentales de integrantes de la judicatura, sino a la seguridad e integridad que debe presidir el trabajo judicial, al poner de manifiesto una voluntad de interferir y perjudicar la investigación de los tribunales.
JJpD entiende que, ante la gravedad de dicho testimonio, que procede de un alto cargo policial, debe aclararse lo sucedido. El CGPJ debe asegurarse de que no hayan existido intentos de inmiscuirse en el trabajo judicial, aclarando si el gobierno o funcionarios policiales trataron de espiar, obstruir o entorpecer la labor judicial.
La información que facilitó en el juicio el comisario Morocho merece que el órgano constitucionalmente obligado a velar por la independencia judicial, el CGPJ, aborde una investigación que aclare lo sucedido y, de constatarse que efectivamente se produjeron tales vigilancias, lo ponga inmediatamente en conocimiento del Ministerio Fiscal para exigir las responsabilidades correspondientes.
El Estado de Derecho debe garantizar un Poder Judicial que ejerza su función con independencia y sin injerencias externas, sean gubernamentales, policiales o de cualquier otra clase. Si se confirmaran estos hechos, estaríamos ante una gravísima actuación ilegal que merecería todo el reproche que disponga nuestro ordenamiento jurídico. El trabajo judicial no puede ser interferido o perjudicado por ningún poder o grupo, por lo que defendemos que el CGPJ indague qué pudo haber sucedido y adopte, si se confirmara, las medidas precisas para exigir la responsabilidad correspondiente.