La Audiencia de Sevilla mantiene libres a cuatro excargos de la Junta condenados por los ERE
El tribunal desestima la solicitud de Anticorrupción, que había pedido el ingreso inmediato de los cuatro en la cárcel
El tribunal desestima la solicitud de Anticorrupción, que había pedido el ingreso inmediato de los cuatro en la cárcel
El 55% de las salidas se produce vía prejubilaciones
“De ninguna de las maneras le concierne”, ha dicho Celaá en respuestas a los periodistas tras el Consejo de Ministros
«Las sentencias castigan delitos muy graves, pero lejos de entenderse que el Estado funciona, se extiende la sensación de que nadamos en un fango de corrupción en el que todos están implicados y, por tanto, nadie es fiable»
«El Gobierno Picapiedra durará menos que un telediario en noche de Champions, y diría que al PSOE le esperan duras horas en el rincón de pensar y el desierto penitente de las travesías bíblicas»
«Los ERE han sido un caso de corrupción, pero también el signo de un tiempo, casi una mentalidad que arrastraba y lastraba a Andalucía»
Magdalena Álvarez ha sido también condenada, en su caso a nueve años de inhabilitación especial por el delito de prevaricación
Nuestro cronista parlamentario, Paco Reyero, analiza cómo una sentencia judicial –no la de la causa independentista, sino otra más velada–, la de los ERE de Andalucía, podría influir en los resultados de las próximas elecciones generales del 10 de noviembre.
Nuestro cronista parlamentario, Paco Reyero, analiza cómo una sentencia judicial –no la de la causa independentista, sino otra más velada–, la de los ERE de Andalucía, podría influir en los resultados de las próximas elecciones generales del 10 de noviembre.
Los pilotos irían a la huelga los días 19, 20, 22, 27 y 29 de septiembre en protesta por la decisión de Ryanair de cerrar cuatro de sus bases en España
El ajuste de plantilla se desglosa en el despido de 164 empleados en Girona, 156 en Tenerife Sur, 110 en Las Palmas, y 82 en Lanzarote
Las condiciones de despido han sido aprobadas por el 80% de los reunidos, aunque todavía no se ha redactado el texto
El objetivo de este reajuste de plantilla es ahorrar 600 millones de dólares anuales
El ERE contempla que las salidas del banco sean voluntarias e incluye la posibilidad de mover a un empleado hasta un máximo de 75 kilómetros
«La empresa sigue apostando por priorizar las medidas de carácter voluntario y un plan de prejubilaciones»
El plan de la compañía también incluye una inversión de 70 millones de euros
Vodafone España ha ofrecido en su propuesta final a los sindicatos reducir el número de afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a 1.000 trabajadores, uno de cada cinco empleados, según han informado este miércoles fuentes sindicales.
La empresa automovilística estadounidense Tesla despedirá al 7% de su plantilla en un intento de hacer que sus «coches, baterías y productos solares tengan un coste competitivo con los combustibles fósiles». Lo ha anunciado el fundador de la compañía, el magnate Elon Musk, en un email enviado a todos los empleados de la empresa y hecho público en su página web.
La dirección de Caixabank ha comunicado a los sindicatos que prevé despedir a un total de 2.157 personas en España, lo que supone una reducción del 7,3% de la plantilla de esta empresa.
Alcoa y los sindicatos han alcanzado esta madrugada «in extremis» un preacuerdo en las negociaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) para las plantas de A Coruña y Avilés
Susana no era Susana. Susana era el producto de una sociología, casi de una orogenia, las lentas masas de la tierra que habían ido creando esa forma perfecta del PSOE andaluz, paternalista y providente, acariciador y consolador. Susana era su mejor producto, en realidad. La perfección de esa manera de hacer política sin política, sino con una mezcla de raíces sentimentales y calderilla regada que encandilaba al pueblo. Pero hasta ella ha caído.
La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, se ha desvinculado este jueves de los casos de los ERE y de la presunta corrupción del PSOE andaluz anteriores a su llegada a la presidencia de la Junta de Andalucía en 2013. Ha asegurado que no tiene “ni una sola mancha” y que “no tienen nada” de lo que acusarla.
La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido este lunes, con motivo del comienzo de la fase final del juicio de los ERE que coincide con la precampaña de las elecciones andaluzas, su acusación contra 21 de los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía procesados en la pieza política, entre ellos los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, mientras que la ha retirado contra el ex secretario de Hacienda Antonio Estepa.
La jueza María Núñez, instructora del caso de los ERE, ha abierto otras 11 nuevas piezas separadas por ayudas de la Junta andaluza concedidas a Altadis, Germans, Coosur, Industria naval de Cádiz, Asociación de trabajadores de la prensa de Cádiz, Fábrica de Muebles, Grupo Smurfit, Nature Park, Papacor y Nerva Croissant.
El administrador concursal de La Naval de Sestao, Vizcaya, confirmó este miércoles al comité que va a poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a los 177 trabajadores e iniciar el cierre del astillero. El anuncio, pese a ser esperado, supone un jarro de agua fría para la histórica empresa vasca y es el último movimiento para tratar de atraer a un inversor. La mayoría de los trabajadores, 155, serán recolocados en los astilleros de Ferrol y de Cádiz.
La exasesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa, testigo clave en el caso de los ERE, ha declarado este martes que los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán conocían cómo se gestionaban las ayudas investigadas en este caso.
Un sargento de la UCO de la Guardia Civil que instruyó los atestados sobre las ayudas de la Junta a las empresas Gres de Vilches y Manufactura del Corcho (Samec) ha declarado este miércoles en el juicio que en la investigación constataron que el antiguo sindicalista Juan Lanzas cobró el 15% de la ayuda conseguida para Samec. El sargento es el segundo testigo que declara en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un «procedimiento específico» con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos.
El primero de ellos ha sido el responsable de la unidad de delincuencia económica de la UCO al frente de la investigación desarrollada desde el 2011, quien ha señalado que fue «muy difícil» realizar dicha tarea porque «faltaba mucha documentación» relativa a la concesión de las ayudas de los ERE. Según ha declarado el agente, durante dicha investigación la Guardia Civil constató que no había «solicitudes» de las ayudas ni «ninguna motivación», «no había requisitos» para acceder a las mismas, «no hay norma reguladora por parte de la administración» y no constaba fiscalización de las ayudas. «Este procedimiento no solamente omitía la fiscalización previa sino el control posterior de las ayudas», ha defendido, ya que no se crearon las comisiones de seguimiento previstas en el convenio marco del 2001 entre la Consejería de Empleo y la agencia pública IFA/IDEA a partir del cual se utilizó a dicha agencia como «caja pagadora» de las ayudas con fondos que Empleo le hacía llegar mediante transferencias de financiación.
El juicio por la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua, Navarra, ocurrida en 2016, ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional envuelto en una intensa polémica debido a la acusación de terrorismo que pesa sobre los ocho jóvenes acusados de estos hechos y para quienes el fiscal pide entre 12 y 62 años de prisión.
El juicio por la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua, Navarra, ocurrida en 2016, ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional envuelto en una intensa polémica debido a la acusación de terrorismo que pesa sobre los ocho jóvenes acusados de estos hechos y para quienes el fiscal pide entre 12 y 62 años de prisión.
El expresidente del Gobierno andaluz Manuel Chaves ha declarado este lunes en el juicio del caso ERE que “conocía que en el Gobierno de la Junta de Andalucía se daban ayudas sociolaborales” pero que no sabía “cómo se daban” porque no correspondía a su “ámbito político de decisión”.
“No hubo un gran plan, pero sí un gran fraude”. La frase, que resume perfectamente el escándalo de los ERE, es de José Antonio Griñán, que ha acabado en el banquillo de los acusados junto a Manuel Chaves y otros 20 ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Griñán y Chaves. Chaves y Griñán. Tanto monta, monta tanto. Dos vidas cruzadas con un único destino como si de almas gemelas se tratara.
El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha declarado este miércoles que no conocía “exactamente” el programa de las ayudas sociolaborales que daba Empleo investigadas en el caso ERE. Ha argumentado que, como consejero de Hacienda, “no se puede llegar a ese detalle” y el programa era “insignificante” en el presupuesto de Empleo.
El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha declarado este lunes que, aunque no existía una norma concreta donde consultar los requisitos para acceder a las ayudas de los ERE, los sindicatos y comités de empresa los conocían, pues era el programa más publicitado de la Junta de Andalucía.
En 1918, en Ronda, hace ahora un siglo, un grupo de andalucistas adoptaron los que hoy son los símbolos de la comunidad autónoma, escudo y bandera que enarbolaron las masas el 4 de diciembre 1977 en las calles de las principales ciudades de Andalucía. Tras las algaradas, con una muerte incluida, se abrió el melón de las autonomías, el café para todos que dio paso a la España descentralizada que naufraga hoy en Cataluña.
La exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, acusada de prevaricación en la pieza política del caso de los ERE y que se enfrenta a una pena de diez años de inhabilitación, ha declarado este lunes que “es un error” pensar que en la Consejería de Hacienda lo controlan “todo”. Además, ha defendido que la ejecución de los presupuestos de la Junta no era su competencia, informa EFE.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado este jueves la razón a Bankia en el contencioso sobre el despido de una trabajadora embarazada en el marco de un proceso de un expediente de regulación de empleo, al considerar que no viola la legislación comunitaria.
El juicio de la pieza política del caso de los ERE, contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, se ha suspendido hasta el lunes de la semana que viene por la convalecencia del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, operado de urgencia el miércoles y que ha sido examinado por un médico forense este lunes por la mañana, informa Efe. La decisión de suspender la sesión ha sido tomada cerca de las 15.00 horas, después de hasta cuatro interrupciones y dos informes del forense de guardia en el juzgado.
El estribillo de moda de las tertulias radiofónicas es lamentar el poco caso que hacen (esas mismas tertulias) al caso de corrupción de los ERE. Comparado, sobre todo, con la polvareda irritada que levanta cualquier caso de corrupción en Madrid o en Barcelona. El hecho parece indudable.
El ex director general de Trabajo de Andalucía Javier Guerrero, uno de los principales acusados en el caso ERE, no ha ratificado en el juzgado las declaraciones que hizo ante la Policía y la Guardia Civil porque “en ese momento tenía mucha presión mediática y de la Policía para declarar”, informa EFE.
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