La manifestación convocada por la oposición para exigir la convocatoria de elecciones presidenciales en noviembre estaba autorizada, pero la policía de Kabila hizo todo lo posible para minimizar el poder de convocatoria impidiendo el acceso al inicio de la marcha y obstaculizando las salidas. Finalmente, los antibisturbios respondieron con gas lacrimógeno y fuego real y la carnicería se desató en las calles de la megaurbe congoleña. La oposición eleva la cifra de muertos a 50 víctimas mientras que el Gobierno congoleño sólo reconoce 17 muertos. Estados Unidos ya ha amenazado con sanciones por la represión policial y la muerte de una docena de manifestantes en los últimos meses, pero Kabila se mantiene en su posición de no abandonar el poder. Desde el Gobierno argumentan que la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) -que controla Kabila- no ha podido actualizar el censo, por lo que las elecciones no podrán celebrarse hasta julio de 2017. La oposición asegura que se trata de una estrategia para prorrogar ilegalmente la presidencia de Kabila que, según la Constitución debería ceder el poder a su sucesor el 19 de diciembre, cuando finaliza su segundo y último mandato presidencial.
Pese al derramamiento de sangre y los ataques contras los opositores -dos sedes de partidos han sido incendiadas-, la oposición no piensa cesar en sus protestas y ha llamado a “intensificar y amplificar la movilización popular”.
