El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocado para este jueves a la Junta de Seguridad de Cataluña, sin previo acuerdo con el Gobierno, para tratar la coordinación del dispositivo policial al que la Fiscalía ha encargado impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre, informa Efe.
Llevo observándolos durante años y he llegado a creer que la reivindicación de la independencia es un pretexto para revolcarse en el barro de la historia, para suspender, siquiera por un minuto, la enojosa realidad y entregarse al melodrama con frenesí de derviche.
La Guardia Civil, bajo órdenes judiciales, ha cerrado la página web oficial del referéndum de Cataluña que pretende independizar a la región del resto de España. El Tribunal Constitucional ha declarado que la convocatoria es ilegal.
La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el que pide que se tenga en cuenta el anuncio del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con la fecha y la pregunta del referéndum independentista, que quiere celebrar el próximo 1 de octubre y convocar a finales de agosto o principios de septiembre.
Los hechos presuntamente delictivos se centran en el periodo de tiempo que va desde el 4 de noviembre —fecha en la que el Tribunal Constitucional prohibió la consulta organizada por la Generalitat— y el 9 de noviembre de 2014, día de la consulta. El TSJC recuerda que el Tribunal Constitucional «comunicó directamente la existencia» de la resolución al expresident mediante un correo electrónico. El Gobierno catalán argumenta que dejó la organización de la consulta en manos de voluntarios. Sin embargo, el auto apunta que la Generalitat permitió que los trabajos encargados a empresas privadas siguieran adelante. El 9-N, día de la votación, «acaeció en todo momento bajo el control directo de la administración autonómica» presidida por Mas, señala el auto. Y continúa: Mas, «auxiliado» por Ortega y Rigau, «articuló una estrategia de desafío completo y efectivo» a la suspensión ordenada por el TC. Los resultados de la jornada, por ejemplo, fueron difundidos públicamente por la vicepresidenta Joana Ortega.
La Fiscalía pide una pena de diez años de inhabilitación para que Mas no pueda desempeñar ningún «cargo público electivo» ni «ejercer funciones de gobierno» en ningún ámbito, sea local, autonómico o estatal. En el caso de Ortega y Rigau, la petición de inhabilitación se rebaja a los nueve años.
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