Irán acelera su maquinaria de matar tras la guerra y dispara las ejecuciones de disidentes

La última ejecución en Irán confirma el patrón. El pasado sábado, la teocracia ejecutó a Yaghoub Karimpour y Nasser Bekrzadeh tras la ratificación de sus condenas por el Tribunal Supremo. Ahorcaron a ambos en la prisión central de Urmia, acusados de espiar para Israel y colaborar con el Mossad, en procesos que organizaciones de derechos humanos describen como rápidos, opacos y sin garantías.

Las autoridades iraníes sostienen que Karimpour, graduado en Derecho y miembro de la minoría religiosa yarsan, mantenía contacto con la inteligencia israelí y transmitía información sensible. En el caso de Bekrzadeh, un preso político kurdo de 26 años, se le atribuye el envío de datos sobre objetivos estratégicos, incluida la instalación nuclear de Natanz, tras haber sido supuestamente captado por internet.

Sin embargo, fuentes independientes advierten de que el Tribunal Supremo confirmó la condena de Bekrzadeh en apenas diez días. Ambos habían sido trasladados a celdas de ejecución junto a Mehrab Abdollahzadeh, kurdo de 27 años detenido durante las protestas de «Mujer, Vida, Libertad» y también condenado a muerte por rebelión armada. Su ejecución se considera inminente.

Una escalada con cifras y calendario

Estas ejecuciones se producen en un contexto de escalada progresiva. Desde el inicio de la Guerra de Irán el 28 de febrero, dicho país ha ejecutado al menos a 21 personas y detenido a más de 4.000 por cargos de seguridad nacional, según el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk. «Me horroriza que, además de los graves efectos del conflicto, los derechos del pueblo iraní sigan siendo despojados de forma brutal», afirmó la pasada semana.

Sin embargo, de acuerdo con Iran Human Rights, desde el inicio de la guerra contra Estados Unidos e Israel el 28 de febrero se han confirmado al menos 145 ejecuciones en Irán, mientras que hay más de 400 casos pendientes de verificar.

La guerra ha dado a Teherán «cobertura» para acelerar las ejecuciones. «El mundo está completamente enfocado en los precios del petróleo y el estrecho de Ormuz», señalan desde Human Rights Watch.

Los datos no son aislados. En 2025, Irán ejecutó al menos 1.639 personas, un 68% más que el año anterior, ya la cifra más alta en décadas. La diferencia en 2026 no es solo cuantitativa, sino de ritmo: las ejecuciones se concentran en periodos de días o semanas, con una aceleración evidente tras el estallido de la guerra. Algunas estimaciones elevan la cifra hasta las 2.000, ya que solo una parte reducida de las ejecuciones se anuncia oficialmente. Amnistía Internacional considera que Irán es el segundo país del mundo que más recurre a la pena de muerte, solo por detrás de China.

El perfil de las víctimas

El catálogo de acusaciones refleja una doble línea represiva. Por un lado, cargos de espionaje vinculados a Israel; por otro, delitos de seguridad nacional asociados a protestas internas.

Ghezel Hesar, situada en Karaj, a 48 kilómetros de Teherán, es la segunda cárcel más grande de Irán. Alberga a unas 20.000 personas en instalaciones construidas para una proporción mucho más pequeña. Estados Unidos la ha calificado como escenario de una «grave violación de los derechos humanos» por el uso de «tratos y castigos crueles, inhumanos y degradantes». La prisión de Evin, en Teherán, es el principal centro penitenciario del país para presos políticos.

Entre los ejecutados en esta oleada figura Mehdi Farid, extrabajador de la Organización de Energía Atómica de Irán, ahorcado el 22 de abril tras ser acusado de filtrar información al Mossad. Organizaciones de derechos humanos sostienen que su condena inicial de diez años fue transformada en pena de muerte tras la intervención de los fiscales.

Pero el núcleo de la represión sigue siendo político. Los nombres que emergen de las cárceles iraníes (Pouya Ghobadi, Vahid Baniamerian, Babak Alipour, Akbar Daneshvarkar) comparten un perfil común: jóvenes, con formación, vinculados a protestas o acusados de rebelión.

Ghobadi, ingeniero eléctrico de 33 años, fue ejecutado el 31 de marzo. Antes de morir, fue grabado cantando en el patio de la prisión bajo una pintada que decía «Muerte al dictador». Según organizaciones internacionales, fue torturado antes de su ejecución y su cuerpo no ha sido devuelto aún a la familia.

Baniamerian, también de 33 años y con estudios de posgrado, dejó un mensaje directo antes de morir: «Al líder supremo que quiere ejecutarnos para crear miedo en la sociedad, quiero recordarle que nosotros nos levantamos de la sangre de jóvenes amantes de la libertad». Fue ejecutado el 4 de abril tras un proceso que, según denuncias, careció de garantías básicas.

El campeón de 19 años ejecutado

La brutalidad del sistema encuentra uno de sus casos más representativos en Saleh Mohammadi, campeón nacional de lucha libre, ejecutado con solo 19 años.

Fue detenido el 15 de enero durante las protestas provocadas por la inflación y el aumento del precio de los alimentos. Según Amnistía Internacional, su confesión fue obtenida bajo tortura. El 4 de febrero fue condenado a muerte y seis semanas después fue ahorcado, junto a Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi, en el mismo lugar donde se le acusaba de haber matado a un agente de seguridad. Su caso ilustra la lógica actual: rapidez extrema, carga simbólica y efecto disuasorio.

Precisamente con la muerte de estos tres disidentes, en la víspera del Nowruz (año nuevo persa), la represión de la dictadura ha ido en aumento. Las organizaciones de derechos humanos denuncian un patrón común: juicios sumarísimos, acusaciones contra la seguridad nacional, ausencia de garantías y ocultación de información a las familias. Kristyan Benedict, responsable de Amnistía Internacional, resume así el procedimiento: «Fueron juzgados en audiencias que duraron solo unas horas y ejecutados en secreto. No se informa a las familias. No se notifica a los abogados. No se devuelven los cuerpos. Esto no es un sistema de justicia. Es una máquina del miedo».

Ese patrón no solo describe un sistema judicial degradado, sino una estrategia de poder. La pena de muerte en Irán ha dejado de ser un instrumento punitivo para convertirse en un mecanismo de gestión del miedo en tiempo real. Ya no se trata de castigar delitos, sino de anticiparse a la disidencia.

Por eso, nombres como Karimpour, Bekrzadeh, Ghobadi o Mohammadi dejan de ser casos aislados. Son piezas de un mismo engranaje. Un sistema que no necesita grandes juicios ni largas condenas, porque su objetivo no es la justicia, sino la permanencia.