México bloquea las cuentas del gobernador de Sinaloa acusado de narcotráfico por EEUU
Washington acusó al miembro del partido de Sheinbaum de ayudar al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y favores
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. | Juan Carlos Cruz (EFE)
La Secretaría de Hacienda de México ha confirmado este lunes que ha bloqueado las cuentas de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa apartado temporalmente del cargo y miembro del partido de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como las de otros nueve altos funcionarios también acusados de narcotráfico por Estados Unidos.
«La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, que provienen de reportes de instituciones del sistema financiero mexicano», ha explicado en un comunicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la situación de los funcionarios señalados por el Departamento de Justicia estadounidense.
Según ha precisado, instituciones bancarias mexicanas emitieron alertas respecto a clientes considerados como «personas políticamente expuestas», después de que Washington les acusara de ayudar al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y favores políticos.
Entre los políticos señalados, aparte del gobernador, se encuentra el alcalde formal de la capital de Sinaloa (Culiacán), Juan de Dios Gámez, el senador del partido gobernante Enrique Inzunza o antiguos responsables del gobierno estatal. Ante esta situación, las autoridades ejecutaron la inmovilización preventiva de los recursos bancarios, con el objetivo de «proteger la integridad del sistema financiero nacional».
«La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo», ha subrayado la Secretaría de Hacienda. En este sentido, las autoridades mexicanas se encuentran «analizando diversa información y documentación relacionada» con las personas señaladas.
En su conferencia de prensa diaria, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha insistido en que es una medida «preventiva» y «automática» derivada de una orden de aprehensión en Estados Unidos. «No es que la UIF esté investigando al gobernador», ha afirmado, al explicar que los bancos mexicanos, por su relación con instituciones financieras estadounidenses, adoptan medidas preventivas que activan mecanismos automáticos de la UIF.
De los diez funcionarios que Washington reclama, dos se entregaron a las autoridades estadounidenses: Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exfuncionario de Finanzas del mismo estado. Por su parte, el Ejecutivo mexicano considera que la petición de Estados Unidos de detención urgente no corresponde a un procedimiento ordinario de extradición y que, hasta ahora, no cuenta con elementos suficientes que justifiquen su carácter de urgente.
Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del cártel de Sinaloa, en concreto de la facción de Los Chapitos, facilitando información sensible y permitiendo el transporte de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios.