La perversa seducción para la sedición

Desde hace tres años el presidente Sánchez sabía que más tarde o más temprano le iba a llegar el momento de afrontar la petición independentista de reformar el Código Penal con la única urgencia reducir de manera drástica las penas del delito de sedición. Ante esa tesitura un líder con sentido de Estado no tendría dudas en rechazar el chantaje independentista aunque le cueste apoyos en el Congreso. Buscaría otras alternativas a sus Presupuestos Generales. Defendería públicamente su rechazo y le daría la vuelta en un mensaje constitucionalista.

Pero estamos hablando de Pedro Sánchez. Un presidente que ya ha demostrado su alergia y desprecio a todo lo que es el concepto de «sentido de estado». Ni en pandemia, ni en política exterior, ni en crisis militar, ni en situación de gravísima crisis económica, ha buscado Sánchez acuerdos de Estado. Sánchez no llama. Creo que piensa que el Estado es él. Y punto. Un ‘presidente Sol’ absolutista dentro del PSOE, con un Parlamento narcotizado y con cada vez más instituciones del Estado totalmente controladas para asegurar la continuidad de este nuevo Luis XIV. 

Dos cosas le fallan a Sánchez: la realidad y las matemáticas. Sigue siendo un gobernante en minoría, con un Gobierno Frankenstein que necesita los votos de los partidos más extremistas y contrarios a la unidad de España. Ha superado dos años de legislatura, pero el momento del chantaje ha llegado. Y hay que cambiar la narrativa. 

El ‘presidente Sol’ no reconoce los chantajes. Los acepta, pero los niega. Y se cuenta lo que haga falta. Desde Moncloa y algunos socios íntimos, se explica con cierto deje de superioridad que en realidad se trata de una exigencia europea para armonizar las penas con el resto de los países. Y además para alejar las sospechas sobre el chantaje con el voto de presupuestos se dice, esta vez con desidia y baja voz, que en realidad no va a salir adelante porque no hay mayoría en el Congreso para esta reforma. Pero insisten que esta reforma es muy urgente. Tal y como lo cuentan parece que todas las instituciones europeas exigen ya, pero ya, la supuesta armonización de las penas del delito de sedición. Como sigan así, pronto lo venderán como una medida innovadora que nos pone en la vanguardia de la justicia europea e incluso mundial.

Viene siendo ya habitual, y con el ministro Bolaños más, la archiconocida táctica malaya consistente en la repetición machacona del mismo mensaje repetido hasta la rendición cerebral. Una gota malaya: la misma frase y el mismo concepto repetido por todos los ministros que tengan a su alcance un micrófono para hacer que la opinión pública y la opinión publicada lo acaben repitiendo también por tierra, mar y aire. E incluso por editoriales. Pero, oh sorpresa, las argumentaciones del Gobierno no son ciertas. 

Pervierten con falsa seducción cuando insisten en que las demandas y urgencias vienen de la UE. La verdad es otra. Hasta el momento ni la Comisión Europea ni el Parlamento Europeo han reclamado esa rebaja. Y no lo harán. Estamos hablando de la independencia judicial de un país para legislar y sancionar un delito político, que además sí está en la línea de la mayoría de los países europeos y dentro de los espacios democráticos de los estados de derecho.

«La siempre permisiva Bélgica con el prófugo Puigdemont y algunos presuntos etarras castiga con un mínimo de 20 años al que intente destruir o cambiar la forma de Gobierno»

Porque cuando desde ERC, Unidas Podemos, Bildu o PSOE se equipara la gravedad de ese delito con otros códigos penales europeos no lo hacen de forma verídica. No hace falta hablar con expertos de tertulia ni escritores de editoriales para conocer la realidad jurídica. El propio Tribunal Supremo en el informe que elaboró contra los indultos que posteriormente concedería el Gobierno de Pedro Sánchez a los condenados por sedición avisaba de esta supuesta trampa en la que se jugaba con la semántica y no con los hechos del delito. Y no se quedaba ahí. Publicaba la realidad jurídica de los códigos penales de varios países europeos ante hechos similares.

En los tres países más cercanos a España nos encontramos con que en Francia, los ataques de especial gravedad a intereses fundamentales de la nación pueden ser condenados incluso a cadena perpetua. Y entre esos hechos se incluye la integridad territorial (aviso a los independentistas catalanes amigos también de parte del territorio francés). En Portugal, los que intenten separar una parte del territorio pueden sufrir penas de 10 a 20 años. En Italia, los condenados por ataques violentos contra la integridad, independencia o unidad de la nación tendrían un mínimo de 12 años de prisión. Hay más. La siempre permisiva Bélgica con el prófugo Puigdemont y algunos presuntos etarras castiga con un mínimo de 20 años al que intente destruir o cambiar la forma de Gobierno o el orden de sucesión al trono.

Puestos a ir con cuidado, en Alemania no se andan con tonterías. El delito de alta traición, para aquellos que con fuerza o con amenaza de fuerza (lo que se vivió en Cataluña durante el procés) amenacen la existencia de la República o el que intente cambiar el orden constitucional, puede tener penas que van de los 10 años a la cadena perpetua.

En España también se contemplaba la posibilidad de cadena perpetua hasta que en la reforma del Código Penal de 1995 se puso un límite de 15 años. Ahora quieren bajarlo más. Da risa leer a algunos diciendo que no tiene ninguna importancia o relevancia que esa bajada beneficiaría de manera automática a los prófugos Puigdemont o Marta Rovira, la que era número dos de ERC en la intentona. Y da pánico pensar que no se considere un beneficio, porque saldrá más barato, para los que lo intenten de nuevo en el futuro. No sería la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. También es verdad que desde el punto de vista del ‘presidente Sol’, si al final ocurriera de nuevo otra intentona el problema ya no sería de Sánchez. El problema lo puede tener antes. En siete meses hay elecciones autonómicas y municipales.