O gastamos con cabeza o nos cargamos el futuro

London is calling, señor Sánchez. Es hora de que usted tome nota de la irresponsabilidad en la que ha incurrido el gobierno británico, que descubrió la semana pasada hasta qué punto los mercados aún pueden imponer su disciplina. 

Cuando el entonces responsable de Hacienda, Kwasi Kwarteng –destituido el pasado viernes como chivo expiatorio por la primera ministra, Lizz Truss- anunció un paquete de recortes de impuestos, éste fue tan mal recibido que provocó la caída de la libra esterlina hasta récords históricos. Mientras todos los ojos estaban puestos en Londres, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desvelaba su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Su medida estrella, la revalorización de las pensiones, ascendería a 19.500 millones de euros.

Comparar ambos paquetes nos conduce a una conclusión preocupante. Mientras que los tan denostados recortes de impuestos británicos alcanzan el 1,1% del PIB, tan sólo la revalorización de las pensiones españolas cuesta el 1,5% de nuestro PIB. Las cuentas de Sánchez salen mal paradas en otros aspectos también. La deuda británica asciende al 103,7% de su PIB, mientras que la española ronda el 119%. Y no podemos olvidar que las dos economías han sido las que peor resultado han tenido durante la pandemia. 

El paraguas del Banco Central Europeo protege nuestra deuda, pero ¿durante cuánto tiempo más?  

Desde 2002, más de 340 millones de europeos tienen el euro como moneda. Esta moneda única es mucho más que un símbolo; es el sostén del mercado único europeo, y como tal conlleva ciertas obligaciones. 

Los países de la zona euro deben gastar sus recursos de forma disciplinada, de acuerdo con unas reglas. El motivo por el que existen estas reglas es sencillo: que 20 países compartan moneda significa que el garante de su estabilidad y permanencia, el Banco Central Europeo (BCE), debe tratarlos a todos como si fueran una única economía. A efectos monetarios, sólo existe la economía europea, y no la de España, Francia o Alemania. 

La coordinación es esencial. Si en España la inflación alcanzara el 30%, el Banco Central tendría que encarecer el precio del dinero para que baje su circulación y así lograr una mayor estabilidad de los precios. Supongamos ahora que la inflación en Portugal en ese mismo instante es negativa. En este caso, el Banco no debería retirar los estímulos monetarios pues incidirá negativamente en el crecimiento económico y creará desempleo. En situaciones como esta, ninguna opción es buena. Para evitar que el BCE se enfrente a tal tesitura, los fundadores del euro idearon un régimen de coordinación de las políticas fiscales. 

«London is calling, señor Sánchez. No es bueno crear pan para hoy y hambre para mañana. Aprenda de los errores ajenos»

Esto es lo que conocemos como reglas fiscales: el Tratado de Estabilidad y Crecimiento, el Tratado de Maastricht, los famosos límites del 3% de déficit y del 60% de deuda sobre el PIB. La coordinación y unas reglas fiscales claras son imprescindibles para evitar que el alto endeudamiento de un Estado miembro ponga en peligro la estabilidad de todo el sistema, arrojando dudas sobre la existencia de la propia divisa.

Muchos celebraron la suspensión de las reglas fiscales europeas con ocasión de la pandemia como el triunfo de la flexibilidad y la idea de que cualquier gasto es buen gasto. 

Pues bien, eso no es cierto. 

El euro no se puede permitir dar carta blanca a ningún gobierno. Un ejemplo de esos riesgos lo vivimos de cerca durante la crisis de deuda soberana de 2010 que motivó el rescate de Grecia, Irlanda y Portugal y el de las cajas de ahorro españolas. Había llegado la hora de poner límite al gasto irresponsable, una lección que parece algunos, temerariamente, han olvidado.    

Lo que es necesario es que el Estado ampare a los más vulnerables y a las industrias que tanto se ven afectadas por una inflación disparada como la que estamos padeciendo. Y lo que no está justificado es que la flexibilidad no sólo banalice, sino que encumbre la irresponsabilidad. El gasto en pensiones en España copará el 41,8% de los presupuestos generales del Estado defendidos por el Gobierno. Presuntas prioridades como el desempleo juvenil, la lucha contra el fracaso escolar y la transición ecológica no reciben ni la décima parte.

Nuestros gobernantes harían bien en darse cuenta de que el Banco Central Europeo no podrá rescatarnos de nuevo. Centrado en su lucha imprevista y urgente contra la inflación, no estará en condiciones de seguir comprando deuda española. 

Es hora de gastar con cabeza. De mantener la competitividad de nuestras industrias, salvar esos empleos e invertir en educación y nuestro futuro como país. 

London is calling, señor Sánchez. No es bueno crear pan para hoy y hambre para mañana. Aprenda de los errores ajenos.