Los pozos de ambición de la Casa de Alba

En el palacio de Liria, los Alba han cantado bingo: les ha tocado en suerte la autorización oficial para regularizar los pozos de agua que explotaron ilegalmente para el regadío de sus tierras. La verdad, en términos administrativos, se trata más bien del Gordo.

En España hay una categoría de asuntos que no se resuelven del todo en los juzgados ni del todo en el BOE, sino en una zona intermedia donde la legalidad, la Administración y la tradición parecen entenderse con una elegancia aristocrática. Este caso, el de los pozos de la Casa de Alba, pertenece de lleno a ese género: empieza con una denuncia sobre captaciones de agua sin autorización en una de las zonas más sensibles del país, sigue con inspecciones que confirman que el sistema no era precisamente amateur, continúa con informes técnicos que hablan de impacto ambiental y termina, con la misma suavidad con la que se abre una finca al amanecer, en un proceso de regularización administrativa.

Y uno, que es muy de fijarse en los finales, sobre todo si son felices para uno de los apellidos más reconocidos de nuestra sociedad, se pregunta si el agua, como tantas otras cosas, también tiene trato selectivo.

Porque lo llamativo no es solo lo que ocurre en la finca Aljóbar, sino el recorrido completo del caso. No es un patrón exclusivo de este asunto, desde luego, pero sí uno que aquí adquiere una estética especialmente delicada por el escenario —uno de los parques más protegidos del país, Doñana— y por el apellido —Alba, la aristocracia de la aristocracia mundial—, una combinación excepcional.

La defensa de la propiedad siempre ha sido clara: no se trataba de extraer más agua de la permitida, sino de organizarla mejor. Una especie de ingeniería hidráulica doméstica, casi ilustrada, donde el problema no sería de volumen, sino de formato. La Administración, por su parte, ha ido transitando entre el lenguaje del control ambiental y el de la regularización técnica, que es una forma muy española de resolver tensiones: primero se constata la anomalía, después se mide, después se corrige y, finalmente, se integra. Todo ello sin grandes aspavientos, como si el conflicto hubiera sido un malentendido burocrático más que una discusión sobre un acuífero sometido a estrés.

La Casa de Alba está más regada por ayudas, fondos y subvenciones que sus tierras por aguas ilegales. Sus explotaciones reciben ayudas de la Política Agraria Común. No es una anomalía, es el sistema. La PAC no distingue entre apellido y hectárea: paga por superficie, producción y cumplimiento de requisitos. Y ahí la Casa de Alba entra en el mismo marco que cualquier otro gran propietario agrícola del país, aunque la escala no sea exactamente comparable.

Aun así, el dato tiene su efecto óptico. Grandes fincas, grandes ayudas. Agricultura intensiva, fondos europeos. Patrimonio histórico, exenciones o regímenes fiscales específicos cuando entran en juego bienes protegidos o fundaciones culturales. Perdemos la cuenta de cuánto reciben al año, pero seguro que mucho más que el número de portadas de ¡Hola! protagonizadas desde los tiempos de la añorada Cayetana. Y eso incluye bodas, separaciones, bautizos y todo el recorrido vital de la dinastía.

No hay necesariamente irregularidades, pero lo relevante es la acumulación de mecanismos legales que, sumados, generan la sensación de privilegio. Porque si en el imaginario colectivo la aristocracia es una reliquia decorativa, carne de revista del corazón, en la realidad administrativa parece la estrella más mimada de sus procedimientos.

La Casa de Alba ha vivido numerosos litigios y controversias a lo largo de los años, desde disputas hereditarias hasta conflictos urbanísticos y fiscales. En términos generales, la mayor parte de estos procesos han terminado en acuerdos, desestimaciones o resoluciones que no han supuesto grandes convulsiones jurídicas para el patrimonio familiar. Se ha demostrado la capacidad de adaptación de ese gran patrimonio a la complejidad del sistema legal español, donde la duración de los procesos, la negociación administrativa y la interpretación técnica suelen ser tan decisivas como la sentencia final. Además, se ha comprobado la eficacia de su capacidad financiera para alimentar los equipos legales que defienden cada una de sus batallas, cuyas victorias chocan con la expectativa moral: si hay irregularidades, se esperan consecuencias. Si no las hay, son razonables las sospechas.

Hay una clara asimetría de contexto: no es lo mismo un pozo ilegal en una finca familiar pequeña que en una explotación de cientos de hectáreas gestionada por una de las grandes casas históricas del país. El derecho es el mismo, pero la resonancia política no.

Y ahí aparece la ironía final, casi inevitable. Porque mientras el debate público se pregunta si la aristocracia sigue teniendo peso en la España contemporánea, la respuesta no está en los salones ni en los títulos nobiliarios, sino en expedientes administrativos, en ayudas agrarias, en resoluciones técnicas y en procedimientos de regularización. No es un poder que se ejerza al margen del sistema, sino de uno que ha sabido aprovecharse de él: de sus formularios, sus plazos y sus mismas puertas giratorias entre lo irregular y lo reglado.

Al final, los pozos de la Casa de Alba no son solo una cuestión de agua robada o no. Son una cuestión de cómo se organiza la legitimidad en un país en el que sus ciudadanos se sienten desamparados ante cualquier conflicto con el Estado, no digamos ya si es Hacienda, ese mundo paralelo que tiene sus propias normas y emplea un lenguaje inspirado en la peor tradición siciliana para comunicarse con sus víctimas. En la Administración española, el verdadero desenlace no es el que dicta la denuncia, ni el que sugieren los informes, sino el que permite que todo siga funcionando. Aunque lo curioso es que lo haga beneficiando a una de las partes, casualmente la misma que puso una pica en Flandes.