Los dos partidos que integran la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han alcanzado un acuerdo para aprobar los presupuestos generales del Estado de 2022 y la ley de vivienda.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han desbloqueado ambas negociaciones, que se habían intensificado en las últimas horas, en la reunión del Consejo de Ministros. Así lo han confirmado fuentes del Ejecutivo, que han manifestado que a lo largo del día informarán de los detalles de este compromiso.
De esta forma, después de un fin de semana intenso de negociaciones, los equipos negociadores, encabezados por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el de Presidencia, Félix Bolaño, habrían llegado este lunes a un acuerdo. El principal desencuentro se encontraba en la regulación de los alquileres en la futura ley de vivienda, un asunto de prioridad absoluta para Unidas Podemos (UP), que considera que la regulación debe contemplar la imposición de topes a los precios.
Otro de los requisitos planteados por Unidas Podemos en la negociación de los presupuestos ha sido la subida del impuesto de sociedades a las grandes empresas, fijando un mínimo del 15%. En este sentido, el PSOE indicó que en su caso lo preferible sería llegar a un acuerdo internacional sobre este asunto en la Cumbre de Roma del G20 en octubre. Por otro lado, fuentes parlamentarias apuntaron a la posibilidad de que el PSOE planteara la subida del impuesto de sociedades sobre la base imponible y no sobre el resultado contable, como quiere Unidas Podemos, lo que tendría menos efecto en la fiscalidad.
Además de Belarra y Bolaño, en el encuentro estaba también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, principal negociadora de los Presupuestos con el responsable de Economía de UP y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez; además de la titular de Transportes, Raquel Sánchez, y el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas.
El acuerdo llega fuera del plazo normativo, que establece que los presupuestos tienen que llegar a la Cámara Baja antes de finales de septiembre, y después de semanas de negociaciones entre los dos socios del Gobierno de coalición, aceleradas en los últimos días.
