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Economía

Las grandes productoras de televisión españolas quedarán fuera de la mayoría de las subvenciones audiovisuales

La nueva Ley Audiovisual no considerará como productoras independientes a compañías que pertenezcan a un conglomerado societario

Las grandes productoras de televisión españolas quedarán fuera de la mayoría de las subvenciones audiovisuales
Andreu Buenafuente, ex dueño de El Terrat, productora en manos de Mediapro.|EUROPA PRESS

El Gobierno excluirá de la definición de productora independiente a las compañías participadas por las cadenas de televisión com Mediaset y Atresmedia, grandes grupos audiovisuales y empresas extranjeras y multinacionales, según consta en el borrador de la nueva Ley General Audiovisual al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE y que será presentado en los próximos días al Consejo de Ministros.

La definición de estas productoras es clave para el futuro del sector audiovisual, ya que marcará la línea entre las compañías que puedan optar a ayudas públicas, a subvenciones y exenciones fiscales, así como las que podrán recibir el porcentaje que la Ley obliga a las cadenas a destinar a producción española y europea.

Si el texto que llega al Congreso se mantiene como está redactado en estos momentos (así al menos lo ha confirmado el Gobierno) las productoras españolas que representan el 85% de la facturación quedarán fuera de estas ayudas y se podrán beneficiar más de 600 pequeños creadores, que en número representan a más del 90% del sector.

Las compañías que se que se quedarán fuera de esta definición (y por tanto de las ayudas reservadas a los productores independientes) son las que llevan el grueso de los contratos con las cadenas de televisión y grandes plataformas como DLO, Gestmusic, Diagonal TV, Zeppelin, Shine, La Fábrica de la Tele, Mandarina o la recientemente creada Buendía.

Uno de los objetivos de la nueva Ley es consignar y delimitar claramente la figura del productor independiente para evitar que grandes corporaciones con centenares de millones de euros se beneficien de estas ayudas y, a su vez, se protege el tejido empresarial y el talento local.

Detalle de la normativa

El texto al que ha tenido acceso este periodo indica claramente que será considerado productor o productora independiente «aquella persona física o jurídica que ni ejerza, ni sea objeto de influencia dominante por parte de un prestador o prestadora de servicio de comunicación audiovisual por parte de un prestador de servicio de comunicación/difusión audiovisual ni de un titular de canal televisivo privado»

Tampoco deberá «ejercer una influencia dominante, ya sea, en cualesquiera de los supuestos, por razones de propiedad, participación financiera o por tener la facultad de condicionar, de algún modo, la toma de decisiones de los órganos de administración o gestión respectivos».

En cuanto a esta definición, la clave está en los supuestos del concepto «influencia dominante» que existirá en caso de la pertenencia de ambas partes a una empresa productora y un prestador audiovisual y/o un titular de un canal televisivo a un grupo de sociedades, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio.

También se considerará influencia dominante la posesión, de forma directa o indirecta, por una de las partes respecto a la otra,  por un prestador de un servicio de comunicación/difusión audiovisual o un titular de un canal televisivo, de, al menos, un 20% del capital social, de un 20% de los derechos de voto de una empresa productora; o viceversa, con el 20% de una productora en un canal de televisión.

Quedarán excluidas también las empresas con un 20% del capital suscrito o de los derechos de voto simultáneamente de una empresa productora y un prestador de servicios de televisión.

Compañías afectadas

Finalmente, tampoco serán productoras independientes las compañías que durante los tres últimos ejercicios sociales tengan más del 80% de su cifra de negocios acumulada procedente de un mismo prestador o prestadora de servicio de comunicación/difusión audiovisual o titular de un canal televisivo de ámbito estatal. Las empresas con facturación inferior a los cuatro millones de euros quedan excluidos en sus últimos tres ejercicios y sus primeros tres ejercicios desde su nacimiento.

De esta manera, esta definición excluye a compañías que nacieron como grupos españoles, pero a los pocos años fueron compradas por gigantes internacionales y casi todas las productoras agrupadas en la patronal PATE, patronal que representa al 85% de la facturación del sector.

DLO de José Manuel Lorenzo fue vendida a Banijay Group (Francia) en 2013 solamente dos años después de su nacimiento, Boomerang fue vendida a Lagardère (Francia) en 2015 y Bambú vendió en 2015 el 33% de su accionariado a Studio Canal (Francia).

Del mismo modo, Gestmusic, Diagonal TV, Zeppelin y Shine pertenecen a Endemol Shine, que a su vez pertenece a Banijay Group. Cuarzo también pertenece a Banijay Group (Francia) y Fremantle España es una franquicia de Fremantle Group (UK). También hablamos de 100 Balas, El Terrat y Big Bang que están integradas en el grupo Mediapro, que a su vez es es una empresa propiedad de la china Orient Hontai

También quedan fuera todas las productoras vinculadas a cadenas de televisión españolas. Es el caso de Mediaset y sus filiales agrupadas en Mediterráneo. Estamos hablando de Telecinco Cinema, Megamedia, Supersport, La Fábrica de la Tele, Bulldog, Mandarina, Alma, Melodía Producciones y Alea Media.

Pequeñas productoras

Del mismo modo, se quedan al margen de esta definición todas las productoras vinculadas societariamente a Atresmedia y Telefónica. Explícitamente quedaría fuera Buendía, la productora formada por estos dos gigantes audiovisuales hace un año y que busca hacerse un hueco en la producción española.

Una definición que viene solicitando largamente el sector de la producción audiovisual. La Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (PAP) que agrupa a asociaciones y federaciones como AECINE, DIBOOS, MAPA, PIAF, PROA y PROFILM llevan meses pidiendo que se defina como productor independiente a aquellas que no tienen vinculación empresarial estable con un prestador de servicios de comunicación audiovisual y al mismo tiempo su capital social corresponda mayoritariamente a una persona física o jurídica de la UE.

Al mismo tiempo, indican que las características específicas de las empresas independientes favorecen que sean las que más defienden los intereses culturales, industriales e intelectuales de nuestro país con toda su diversidad. «Son las garantes de la transmisión y protección de nuestro imaginario cultural».

Si la Ley Audiovisual sigue su curso en los términos que está planteada en estos momentos, solo los productores independientes podrían optar a las ayudas estatales que están en marcha, como extensiones o ventajas finales. Además tendrían acceso preferente a los Fondos Europeos y a los 1.600 millones de euros que el Ejecutivo ha destinado para impulsar el plan España, Hub Audiovisual de Europa, un proyecto que persigue aumentar un 30% la producción audiovisual hasta el año 2025.

Del mismo modo, prácticamente el 100% de la obligación de inversión, pública o privada, se tendría que destinar a obras audiovisuales producidas por productoras independientes excluyendo de este montante a las productoras que queden fuera de esta definición.

Presiones de las cadenas

No obstante, no todo el camino está recorrido. Fuentes de productores independientes consultados por este medio advierten de que las duras presiones que por estos días están ejerciendo las grandes cadenas de televisión para «flexibilizar» la redacción de la definición de las productoras independientes.

Incluso advierten que desde la propia PATE, cuyos socios se quedarían fuera, se están realizando movimientos para intentar tumbar esta definición. Una situación que lleva a las productoras a pedir al Ejecutivo que mantenga la redacción, pese a las presiones y a reivindicar nuevamente la función de sus producciones en el tejido cultural español.

«Resulta contradictorio decir que el sector audiovisual es estratégico y no actuar consecuentemente para situarlo como tal. Entendemos que un país que no defiende a las empresas ni crea industria ni cultura aboca al sector audiovisual propio a la desaparición», concluyen desde PAP.

Contenidos en catalán.- La principal novedad de la nueva Ley Audiovisual es la consignación de un mínimo de producción para lenguas cooficiales que las plataformas de televisión deben tener en sus catálogos.  El 30% de sus catálogos debe tener contenidos europeos dentro de lo que la mitad (el 15%) deberá ser en lenguas cooficiales y el 40% de este 15% (el 6%) será en lenguas que no sean español, es decir, catalán, vasco, gallego o cualquier lengua cooficial. Un acuerdo que se alcanzó con ERC como condición para que este grupo parlamentario aprobase los Presupuestos de 2022.

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