La Audiencia frena que la sede del Gobierno de Ayuso sea Lugar de Memoria Democrática
La Justicia suspende de forma cautelar la declaración que acordó en octubre del año pasado el Ejecutivo de Sánchez
Isabel Díaz Ayuso y la Real Casa de Correos. | Imagen generada por IA
Continúa el choque entre los gobiernos de Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso por la Real Casa de Correos. La Audiencia Nacional ha acordado suspender de forma cautelar el acuerdo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que declaró en octubre del año pasado Lugar de Memoria Democrática a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Ubicada en la Puerta del Sol, en ese edificio estaba instalada antiguamente la Dirección General de Seguridad (DGS). La resolución cuenta con el voto particular del magistrado Luis Helmuth Moya, que se ha mostrado en contra de la decisión.
En el auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Nacional estiman el recurso presentado por el letrado de la Comunidad de Madrid, que solicitaba suspender el acuerdo porque suponía un daño en su imagen institucional. Moya, en el voto particular, esgrime que no comparte este criterio de la mayoría y recuerda que los hechos históricos que motivan la declaración tuvieron lugar cuando esta institución, tributaria del actual régimen democrático, no existía ni se podía siquiera imaginar que existiese.
Según la Sala, en la aproximación preliminar y poco intensa que supone resolver una medida cautelar, «no puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid pueda sufrir un menoscabo irreversible, pero sí puede afirmase que no es posible negar de forma categórica dicha incidencia negativa».
No perturba los intereses generales
Desde esta perspectiva, afirma el tribunal, «toda vez que cabe la hipótesis de que se genere un efecto adverso en la imagen institucional de la Comunidad de Madrid, la medida cautelar solicitada se evidencia como pertinente». Los magistrados insisten que a ellos se suma que la declaración de Lugar de Memoria Democrática puede afectar en una medida más o menos intensa a las actividades que se desarrollan en el mismo.
«Dichas actividades exceden de lo que el acuerdo impugnado denomina oficinas administrativas (sic) obviando la ubicación, precisamente en ese espacio, de la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid». La Sala añade que la confluencia en el mismo espacio físico de intereses tan intensos y, a la par, contrapuestos, aconseja también desde este punto de vista la adopción de la medida cautelar, pues podría verse menoscabada la finalidad legítima del recurso.
La Audiencia Nacional recuerda que la declaración de Lugar de Memoria Democrática implica la colocación de placas, paneles o «distintivo memorial interpretativo», así como «señalización» de dicho espacio en el que se pretende, además, integrar «este lugar de memoria en los circuitos internacionales». Los jueces señalan que no se altera el uso actual del edificio, pero a la vez se afirma «que cualquier uso que se dé al bien habrá de ser compatible con las medidas propuestas de preservación de la memoria».
A juicio de los magistrados, no se produce una perturbación grave de los intereses generales por el hecho de suspender los efectos del Acuerdo durante el tiempo que tarde la tramitación del procedimiento. «Nos encontramos con dos intereses públicos en conflicto, el que defiende la Administración General de Estado y el que defiende la Comunidad de Madrid, si bien tiene especial intensidad el interés que defiende la comunidad autónoma, por el posible perjuicio irreversible, o intenso, que supone la ejecución del acuerdo impugnado», advierte el auto.
Recurso al Constitucional
En este conflicto de intereses, la Sala señala que el interés público que pretende proteger el acuerdo impugnado no sufre perjuicio significativo por el hecho de demorar su efectividad. «Con ello queremos poner de relieve, en definitiva, que el transcurso del tiempo no perjudica la finalidad del acuerdo. Por el contrario, la efectividad de dicho acuerdo sí puede provocar un perjuicio difícilmente reversible a la Comunidad de Madrid, en los términos expuestos», concluye.
Por último, recuerda que este procedimiento está pendiente de que se tramita en el Tribunal Constitucional, lo que también avala la suspensión que solicita la Comunidad de Madrid. «Baste resaltar a estos efectos que la decisión que pueda adoptarse (por la corte de garantías) tiene especial incidencia en el presente procedimiento, lo que permite afirmar que la suspensión de los efectos del Acuerdo recurrido es, sin género de duda procedente (aparte los razonamientos anteriores) que son, de todo punto, concluyentes».
Muchos opositores al franquismo fueron a dar con sus huesos a la Real Casa de Correos, entonces sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) y actualmente sede de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Pedro Sánchez la convirtió el pasado octubre en Lugar de Memoria a pesar de las reticencias de Ayuso, que llevó el asunto hasta el Tribunal Constitucional.
El franquismo convirtió Madrid en una inmensa cárcel. Con las instalaciones de La Modelo destruidas por la guerra y los reclusos hacinados en Porlier, el régimen decidió en 1940 levantar un nuevo penal en Carabanchel, ya derruido, y dedicar una veintena de edificios diseminados por la ciudad a centros de detención y tortura. El historiador Antonio Ortiz dedicó dos años en recopilar la información y ubicar esos lugares en un mapa. Desde entonces, solo un puñado han sido señalizados y entre ellos no se encuentra aún la Real Casa de Correos.