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Economía

España ahonda los problemas de las pensiones: subirán cinco puntos más que los salarios

La factura de la Seguridad Social en jubilaciones se engrosará en 12.000 millones el año que viene, cuando comienza el retiro de la generación del ‘baby-boom’

España ahonda los problemas de las pensiones: subirán cinco puntos más que los salarios

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. | Europa Press.

La factura de las pensiones afrontará una subida récord en 2023, si se cumplen las previsiones de inflación media del Banco de España, que la sitúa en el 7,5% para este año. Eso supondrá que las pensiones se revalorizarán en 2023 cinco puntos más que los salarios este año -que lo harán en torno al promedio del 2,5%- a tenor de los datos del informe de dinámicas salariales publicado esta semana por CaixaBank Research, el cual ya constata una subida de los sueldos del 2,2% a marzo, con tendencia a acelerarse a lo largo del año.

De este modo, el colectivo de trabajadores perderá poder adquisitivo en favor de que los mantengan los pensionistas, agravándose así el desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social que la Unión Europea insta a corregir en nuestro país, ya que la subida de la recaudación por cotizaciones -aunque no sólo afectada por la evolución de los salarios- crecerá vía sueldos menos que el inédito 7,5% que subirán las jubilaciones, de mantener el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, su firme compromiso de actualizar las pensiones con el IPC (Índice de Precios de Consumo).

Sobrecoste de 12.000 millones

Así, la factura de las pensiones se encarecerá en un mínimo de 12.000 millones de euros, ya que se estima por el consenso de economistas que el coste de las jubilaciones crece en 1.500 millones por cada punto de inflación, y a ello hay que añadirle revalorizaciones superiores en algunas tipologías de pagas.

Las pensiones, con la nueva ley, se revalorizan con la inflación media de los 12 meses previos a noviembre del año anterior, lo cual apunta a una media en el entorno de la vaticinada por el Banco de España para 2021, al haber sido diciembre de 2021 y enero de 2022 meses en los mismos rangos de IPC.

Ya en abril de este año la nómina mensual de pensiones marcó el récord de 10.800 millones y apunta a nuevas cotas mayores de gasto al producirse más altas de jubilaciones derivadas de trabajadores en rangos salariales altos.

En este escenario, y al sufragarse las pensiones a través de un sistema de reparto -los activos sostienen las pagas de los jubilados y resto de pensionistas- se agrava la brecha entre las aportaciones y las pagas vigentes, justo a las puertas de que comience a retirarse el grueso de la generación del baby-boom.

Segunda fase de la reforma de pensiones

Con todo, el ministro Escrivá persiste en sus planes para la segunda parte de la reforma de pensiones y, como remachó este miércoles en el V Encuentro de Economía Senior, el Gobierno procederá a un destope de las bases máximas de cotización correlativo a la subida de las pensiones máximas. Además, trabajará en la modulación del periodo de años computable para el cálculo de la pensión de las nuevas carreras profesionales y en incentivos para el retardo de la jubilación.

En este sentido se pronunció también este miércoles Escrivá, durante la clausura de la Asamblea del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), donde insistió en la prolongación de la vida laboral para sostener las pensiones. Para abundar en esta meta del Ejecutivo, también abordará en la segunda parte de la reforma un nuevo régimen para la jubilación activa, aquella que permite compatibilizar un desempeño laboral con el cobro de la jubilación.

Reunión con los autónomos

La siguiente fase de la reforma de la Seguridad Social también incluye cambios en el sistema de cotización de los autónomos. A tal fin, el ministro Escrivá celebrará una reunión este viernes con las asociaciones de autónomos y los agentes sociales, en orden a buscar líneas de consenso para fijar su nuevo sistema de cotización y, explica Escrivá, adecuarlo al vigente en otros países de nuestro entorno, basándolo en los ingresos reales del colectivo de trabajadores por cuenta propia.

El Ministerio no se reunía oficialmente con los autónomos y agentes sociales al respecto desde el 28 de febrero, y los plazos apremian, ya que el plazo comprometido con Bruselas, del que depende la afluencia a España de los siguientes tramos de fondos europeos, concluye en junio.

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