Ignacio Ruiz-Jarabo: «Al fisco español le sale prácticamente gratis abusar del contribuyente»

Tras examinar las deducciones y devoluciones de IVA practicadas por un grupo de empresas entre 2013 y 2016, la Hacienda Foral de Navarra determinó que sus responsables, EVM y MMGG, habían ideado una trama para la confección masiva de facturas falsas. «Conocido el conjunto de informes acusatorios», cuenta Ignacio Ruiz-Jarabo en Impuestos o libertad, «la fiscalía actuó como lo hace siempre en todos los expedientes de delito tributario. Asumió de manera íntegra y de modo absolutamente acrítico todas y cada una de las conclusiones […]solicitando […] la condena […] por la comisión de ¡31 delitos!»: 15 contra la Hacienda pública, 15 de falsedad documental y uno de frustración contra la ejecución.

EMV y MMGG se enfrentaban a una petición de 9,1 millones de euros y de más de 37 años de cárcel, y «es fácil imaginar», dice Ruiz-Jarabo, «la inquietud, la zozobra, la angustia y hasta la desesperación que debieron de vivir». La tortura se prolongó «varios años», hasta diciembre de 2021, en que acabó felizmente con su plena absolución. La acusación recibió, por el contrario, un severo rapapolvo.

«Sorprende a esta Sala», se lee en la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, «que los inspectores, pese a tener medios para ello, no procedieran a cursar visita formal a las instalaciones y, con otros funcionarios forales, proceder a comprobar la realidad y la data de las obras [que motivaron los pagos objeto de las deducciones y devoluciones]». No practicaron diligencia alguna para contrastar la falsedad. Simplemente, la dieron por acreditada porque las facturas presentaban «defectos formales» y les parecían «sospechosas». Y cuando durante la vista oral se preguntó a uno de los peritos el porqué de tan escaso rigor, respondió con naturalidad que la comprobación correspondía hacerla a los acusados.

Y no faltaba a la verdad. En España, cuando a un contribuyente se le imputa una irregularidad en la vía administrativa, la carga de la prueba recae sobre él. Para Hacienda, somos defraudadores mientras no se demuestre lo contrario.

Ruiz-Jarabo reconoce que, por fortuna, experiencias como la de EMV y MMGG no son representativas de «la actuación general de la administración tributaria». Las víctimas de abuso no pasarán de ser unos pocos miles al año, «aproximadamente un 0,00002% de los españoles».

Pero su mera existencia evidencia una inquietante disfuncionalidad del sistema, «una hernia» que debería y podría corregirse.

Leviatán fiscal

Pese a haber sido director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) entre 1998 y 2001 (¿o precisamente por ello?), a Ruiz Jarabo nunca le han entusiasmado los impuestos. Constituyen «una restricción a la libertad individual». Eso no significa que sea partidario de su abolición. «Un nivel mínimo de fiscalidad resulta tan imprescindible como las normas que regulan la circulación», igualmente limitadoras de nuestra autonomía. Ahora bien, «nuestro dinero nos es detraído con normas y prácticas poco edificantes».

En una dramática gradación, Ruiz-Jarabo acumula en Impuestos o libertad los argumentos que muestran «el avasallamiento por parte del Estado» que sufrimos los españoles.

Para empezar, como esos condenados a los que se obliga a cavar la fosa en la que serán posteriormente enterrados, se nos traspasa buena parte del trabajo. A la obligación de conservar durante todo el periodo de prescripción cualquier documento relevante, se suman «las llamadas autoliquidaciones». Está bien, dice Ruiz-Jarabo, que nos encarguemos de calcular lo que nos corresponde pagar. Nada hay que oponer tampoco a que la Administración pueda rectificarnos, pero es que como te confundas, ¡prepárate! Ni siquiera «en ausencia de mala fe» te libras de castigo.

Y la posibilidad de error no es baladí. Nuestra legislación tributaria está compuesta por más de 20.000 normas, un intrincado laberinto en el que hasta los más expertos se desorientan. ¿Cómo no va a perderse un humilde contribuyente? Para hacerse una idea de la «inconcebible multiplicidad» de normas, basta echar un vistazo al grosor de las guías que edita la AEAT. La del de IVA consta de 310 páginas y la de Sociedades de 733, pero la palma se la lleva el del IRPF, que alcanza las 1.325. No deja de ser una ironía que semejantes mamotretos se llamen «manual práctico».

Crimen sin castigo

La frecuencia de los fallos se combina, además, con un régimen disciplinario considerablemente severo. «La alegría con la que se establecen sanciones por importe del 50%, 100% y 150% de la cifra no ingresada […] es sorprendente», apunta Ruiz Jarabo. Tampoco parece de recibo que se imponga una multa de «hasta 6.000 euros por la presentación de una declaración fuera de plazo sin haber provocado perjuicio alguno a la Hacienda pública».

¿Y qué pasa cuando los que se equivocan son ellos? Porque se equivocan, y mucho. En 2020, «casi 200.000 españoles consideraran que el Estado había actuado ilegalmente contra su patrimonio». ¿Qué otra organización aceptaría una impugnación tan frecuente ante los tribunales? «Imaginemos una empresa que se enfrentara a 200.000 pleitos anuales. Sin duda, habría empeñado sus mejores esfuerzos en modificar su modus operandi».

Podría alegarse que los contribuyentes litigan con cualquier pretexto y que eso no prueba nada, pero es que «el 40,86% de las liquidaciones tributarias (y los embargos)» impugnados los anula el propio Ministerio de Hacienda.

A pesar de esta lamentable ejecutoria, apenas se limita la ejecutividad de las decisiones. Es obligatorio pagar una deuda antes de confirmarse que está legalmente acordada. Y lo mismo ocurre con los embargos cautelares. Su propósito es evitar que nadie pueda desprenderse fraudulentamente de sus bienes, pero ¿está justificado tratar a todos los contribuyentes como potenciales delincuentes? Habida cuenta, además, que la incautación pone a menudo en peligro la supervivencia de un negocio y de decenas de puestos de trabajo.

La falacia de la presión fiscal

Pocos regímenes tributarios contemplan una potestad tan amplia a favor de la Administración, y sin apenas contrapeso, porque en caso de error no sufre más penalización que el interés de demora devengado en su contra. «Al fisco español le sale prácticamente gratis abusar del contribuyente», señala Ruiz Jarabo.

Cabría pensar que así se maximiza la recaudación y que lo que necesitamos es en todo caso otra vuelta de tuerca, porque nuestra Hacienda recauda menos que la de los países de nuestro entorno. Así lo acreditan los últimos datos de Eurostat. España presentaba en 2020 una presión fiscal del 37,5%, más de cuatro puntos inferior a la media de la UE (41,7%).

Este indicador es enarbolado a menudo por quienes defienden la necesidad de una subida de impuestos que nos ponga a niveles europeos, pero pensemos que equivale más o menos al tipo medio al que tributa un área geográfica. Cuando el área de que se trata es un país, a nadie se le ocurrirá que se grave con el mismo marginal a quien ingresa 52.000 euros que a quien gana 27.000. Esos son, justamente, los salarios medios de Alemania y España. ¿Tiene sentido, entonces, que se aplique idéntica presión? ¿No debe inspirarse la tributación en el principio de progresividad? «La contradicción no puede ser más evidente», dice Ruiz Jarabo.

Y aunque reconoce que nuestro sistema «se muestra claramente insuficiente», como lo revela que «salvo en un corto periodo de tiempo (de 2005 a 2007), las cuentas públicas se saldaron con números rojos», la culpa corresponde, «al menos en su mayor parte, al otro gran componente de los presupuestos generales, es decir, al gasto».

Una reforma confiscatoria

El último capítulo de Impuestos o libertad lo dedica Ruiz-Jarabo al Libro blanco sobre la reforma tributaria, el informe que Hacienda ha encargado a un comité de expertos presidido por Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Su valoración del documento no puede ser más crítica. Es un «resumen de la fiscofilia [de este Gobierno] casi en cada página», escribe. «Una muestra: 43 de sus propuestas suponen aumentos impositivos», en tanto que «ocho constituyen disminuciones» y el resto se ocupan de «cuestiones de carácter técnico».

Una de las consecuencias de este «hachazo» es que el volumen conjunto de las cuotas del IRPF y del patrimonio que podrá detraerse a un contribuyente saltará del actual 60% de sus ingresos al 70%. Y la cosa no para ahí, porque del 30% restante hay que descontar la cotización social correspondiente, el IVA aplicable a cada acto de consumo, el IBI, los varios tributos de carácter local… En resumidas cuentas, la «renta libre de impuestos podría quedarse tan solo en un […] 12%». Y se pregunta Ruiz-Jarabo: «¿Consideramos lo anterior compatible con una sociedad libre? ¿Estamos dispuestos a aceptar una organización social en la que el Estado se quede coactivamente hasta con 88 euros de cada 100 que genere un individuo con su esfuerzo, su trabajo y, en su caso, con el riesgo asumido?»

A él le parece absolutamente intolerable, una «monstruosidad» que agravará aún más esa «hernia fiscal que estrangula a los españoles».