Las solicitudes de ayudas para comprar coches eléctricos se disparan por la subida del diésel

La tercera edición del programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves) no comenzó con buen pie, pero el alza de precios de la gasolina y el diésel la ha disparado. El Moves III se puso en marcha en abril de 2021 y, tal como publicó este periódico, se registraron 18.628 solicitudes para obtener las ayudas para comprar un coche eléctrico hasta diciembre de ese año.

Sin embargo, desde enero y hasta septiembre de este año, se han incrementado un 70% en comparación con el periodo anterior, hasta 31.596, pese a contar con dos meses menos, según datos facilitados a THE OBJECTIVE por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Hay que subrayar que el interés por acceder a las ayudas ha crecido en un contexto en el que los precios de los carburantes han crecido hasta niveles nunca vistos. En concreto, el diésel, que representa el 80% del consumo de combustibles en España, ha subido más del doble que el precio del crudo Brent desde la invasión de Rusia a Ucrania. Los expertos prevén que la situación de tensión en el suministro de combustibles continúe durante lo que resta de año.

En este sentido, el gasóleo se sitúa por encima de la gasolina pese haber sido históricamente más barato en España. Actualmente,  el litro del gasóleo A tiene un precio medio de 1,949 euros, mientras que el de la gasolina 95 está en 1,756 euros, según datos del Boletín del Petróleo de la Comisión Europea.

Brecha entre el diésel y la gasolina

Esto provoca una brecha entre ambos de 19 céntimos y que el precio medio del litro de diésel en España se mantenga por décima semana consecutiva por encima del de la gasolina. Este importe medio de ambos carburantes incluye los impuestos, pero no refleja el descuento del Gobierno de 20 céntimos por litro que entró en vigor el 1 de abril ni las rebajas adicionales de las petroleras.

Contando con esta subvención, el precio del litro de gasolina sería de 1,55 euros, mientras que el del diésel se situaría en los 1,74 euros, en ambos casos inferior a los que marcaba a finales de marzo, antes de la entrada en vigor de la ayuda -1,818 euros litro en el caso de la gasolina y 1,837 euros para el gasoil-. 

En este sentido, cabe recordar que el Moves III se lanzó con un presupuesto inicial de 400 millones de euros, que sirven tanto para la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables como para la instalación de puntos de recarga. El presupuesto es ampliable por otros 400 millones con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y, de momento, el Gobierno ha inyectado este verano otros 235 millones.

Las ayudas para la compra de un automóvil cero emisiones pueden alcanzar hasta los 8.000 euros teniendo en cuenta el descuento adicional de las marcas. El plan recoge una línea de ayudas a particulares y autónomos con hasta 7.000 euros para la compra de un turismo eléctrico -los más demandados- si se achatarra un modelo gasolina o diésel de más de siete años. En caso de que no se entregue un vehículo antiguo, las ayudas podrán alcanzar los 4.500 euros. Por su parte, los modelos híbridos enchufables o híbridos de autonomía extendida -al menos 30 kilómetros en modo eléctrico- tendrán acceso a una ayuda de 2.500 euros, que sube a 5.000 euros si se achatarra otro coche.

Los fabricantes están obligados a hacer un descuento adicional de 1.000 euros y se establece un límite de precio en el modelo a adquirir de 45.000 euros, ya sea eléctrico o híbrido enchufable. No obstante, si el vehículo es 100% eléctrico y cuenta con ocho o nueve plazas, la barrera sube hasta los 53.000 euros.

De su lado, en lo que respecta a la instalación de puntos de recarga, los datos del IDAE -organismo encargado de gestionar el dinero y adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico- reflejan que las solicitudes de ayuda se sitúan en 31.736 entre enero y septiembre del ejercicio actual, un 254% más que las registradas entre abril y diciembre el curso pasado.

Los datos del IDAE apuntan que, desde la puesta en marcha del plan en abril de 2021, las solicitudes de ayudas para comprar coches eléctricos acumulan un valor de 210,29 millones de euros, al tiempo que las peticiones para instalar puntos de recarga suman 314 millones de euros, lo que hace un total de 524,3 millones.

542,3 millones comprometidos

Por tanto, se habrían comprometido 524,3 millones de los 800 millones a los que puede llegar el Moves III, disponible hasta el 31 de diciembre de 2023. El plan de ayudas está territorializado, por lo que son las comunidades autónomas las encargadas de repartir las ayudas, que deben ser declaradas a Hacienda. El sector se queja de que el cliente puede esperar hasta un año para recibir las ayudas y, desde que naciera el Moves en 2019, ha venido defendiendo que el reparto de fondos se realice por demanda y no por población de las comunidades autónomas. 

No obstante, el Gobierno ha garantizado que si una región se queda sin presupuesto se le concederá más de forma automática. Las anteriores ediciones contaron con 45 y 100 millones y se agotaron en días. El Banco de España no descarta que existiese un impacto medio estadístico nulo de la segunda edición a la hora de aumentar la penetración de los coches eléctricos sobre el conjunto de las ventas de vehículos en la mayoría de las comunidades autónomas, a excepción de Asturias, Madrid, Navarra, Baleares y en el promedio de las provincias de Cataluña.

Puntos de recarga

Las ayudas para infraestructura de recarga están disponibles para autónomos, particulares, comunidades de propietarios y entidades locales que no desarrollen actividad empresarial, y cubrirán el 70% del coste de la instalación o de las actuaciones de preinstalación en comunidades de propietarios, siempre que no se superen los 800.000 euros fijados por expediente.

Los autónomos tienen el límite por solicitante que les es de aplicación por Reglamento de minimis de 200.000 euros en tres años fiscales. Los particulares podrán beneficiarse de una ayuda de hasta 5.000 euros por expediente, al tiempo que las empresas podrán cubrir el 35% del coste si el punto es de acceso público y tiene una potencia mayor o igual a 50 kilovatios (kW) y el 30% ya sea público o privado con una potencia inferior a 50 kW. Estas cuantías se verían incrementadas un 5% y un 10%, respectivamente, en caso de actuaciones ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Para la instalación de infraestructuras de acceso público de potencia superior o igual a 50 kW, estas cuantías pueden sumar un 10% adicional en actuaciones desarrolladas por medianas empresas y un 20% si son llevadas a cabo por pequeñas empresas. Así, una pequeña empresa podría alcanzar el 55% de ayuda para la instalación del punto.