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El vicepresidente de New Balance, Paul Gauron, declara en Madrid por fraude

La batalla judicial arranca después de que la empresa norteamericana rompiera de manera unilateral el año pasado el contrato que le unía a Experience Group

El vicepresidente de New Balance, Paul Gauron, declara en Madrid por fraude

El vicepresidente ejecutivo de NewBalance, Paul Guaron, a su salida del juicio. | Europa Press

El vicepresidente ejecutivo de New Balance, Paul Gauron, ha declarado este lunes como investigado en los juzgados de Plaza Castilla en la batalla judicial que mantiene la multinacional con su exsocio Experience, pese a los intentos del ejecutivo de hacerlo por videoconferencia, algo que finalmente no ha logrado. En concreto, Gauron ha comparecido ante el juez, investigado por fraude, pero no ha querido responder a las preguntas de los abogados de Experience, según han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.

Este lunes han tenido que declarar en el juzgado de instrucción número 9 de Madrid como investigados la ex directora general de New Balance Ibérica Anna Scheidgen, su hija Angela Scheidgen que la sustituyó al frente de la compañía en España y Portugal, y Gauron, al que el juez no permitió declarar por vídeo conferencia desde Boston y tuvo que comparecer en los juzgados de Plaza de Castilla.

Experience acusa en su querella a los directivos de New Balance de la comisión de tres delitos: coacciones, delito contra el mercado y acceso a información privilegiada. Los abogados de Experience presentaron ante el juez instructor, Arturo Zamarriego, documentación protocolizada por un notario, con fotografías en las que se demuestra que después de obligar a Experience a cerrar todas las tiendas que gestionaba en España y Portugal y despedir a todos los empleados New Balance ha reabierto las tiendas en los mismos locales y con el mismo mobiliario de Experience.

Los abogados consideran que se trata de una conducta delictiva tendente a apropiarse ilícitamente de todo el negocio y fondo de comercio construido por Experience Store ya que, según las mismas fuentes, se han apropiado de las mismas tiendas, del mismo mobiliario y de los sistemas informáticos utilizados por Experience.

La batalla judicial arranca después de que New Balance rompiera de manera unilateral el año pasado el contrato que le unía a Experience Group como la compañía encargada de gestionar y comercializar los productos de New Balance en España y Portugal durante la última década.

La decisión de New Balance provoca que Experience Store y Experience Store Outlet entrasen en concurso de acreedores y posteriormente un juzgado declarase la conclusión del concurso y la extinción de las sociedades. Esto provocó además el cierre de 22 tiendas en España y Portugal y el despido de unos 250 trabajadores.

Frente a la decisión de la multinacional, Experience inició un procedimiento penal contra New Balance que se instruye en el Juzgado de Instrucción número nueve de Madrid, por el que acusa a la compañía americana y sus directivos de la presunta comisión de delitos de coacciones, delito contra el mercado y acceso a información privilegiada. Experience cifra en unos 40 millones de euros el daño provocado.

Tiendas nuevas en los mismos locales

Al mismo tiempo que se dirime la demanda penal en los juzgados, New Balance ha empezado a abrir tiendas propias en Madrid, Barcelona y Portugal, en los mismos locales donde estaban ubicadas las de Experience. Se trata de los locales de Las Rozas Village, San Sebastián de los Reyes Style Outlets y Getafe Style Outlets en Madrid; en Barcelona, La Roca Village y la única tienda física en calle (Rambla de Cataluña 49), justo en el local colindante donde Experience abrió la primera Flagship de Europa; en Portugal se reabre en el Freeport Fashion Outlet de Lisboa y en el Vila do Conde Fashion Outlet de Oporto.

New Balance, según han explicado fuentes conocedoras del proceso, ha decidido no volver a contratar a ninguno de los empleados que pertenecieron a Experience.

Estos exempleados se están uniendo para demandar a la compañía por permitirles acceder al proceso de selección y entrevistas para las diferentes ofertas que ha publicado la multinacional para finalmente decirles que no se les contrata por «cuestiones legales».

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