España tarda más de un año en dar permisos para puntos de recarga de coche eléctrico

El despegue del coche eléctrico en España está sufriendo una doble crisis. Por un lado, el proyecto estratégico para generar una industria que lo impulse en nuestro territorio está sumido bajo los continuos cambios en sus convocatorias de ayudas y en la propia asignación de las subvenciones, mientras que, por otro, desde el sector reclaman mayor agilidad para poner en marcha los puntos de recarga en todo el país. Una medida que consideran esencial para poder expandir el coche eléctrico por cada esquina del territorio y que no quede anclado en núcleos urbanos. «Siendo muy optimistas, los permisos para instalar los puntos de baja tensión están en 10 meses y en los media tensión llegan al año», comenta una fuente implicada.

Este martes se reanudará en el Congreso de los Diputados la subcomisión para el despliegue e instalación de infraestructuras de recarga eléctrica y de hidrógeno y su impacto en la industria de automoción. Una reunión más en el seno de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, que comenzó el pasado 3 de octubre. Aunque el objetivo era tener un informe de la ponencia para el pasado mes de enero, al final, el texto definitivo no se tendrá hasta finales de abril. La razón no es otra que el innumerable séquito de agentes del sector del vehículo eléctrico que han circulado estos meses por la comisión para detallar argumentos y conclusiones que respondan al bloqueo que sufre el que, en teoría, está llamado a ser coche del futuro en nuestro país.

Las empresas del sector coinciden en un hecho: la gran dificultad que tienen para instalar puntos de recarga y los obstáculos con los que se encuentran las distribuidoras para conectar la fuente. La instalación de los puntos de recarga van desde una fase previa, donde la compañía ve si el proyecto es factible, hasta el lanzamiento del contrato de energía, donde los puntos logran la carga y se activan en la aplicación a la que tiene acceso el usuario. El proceso es largo para estas compañías. Aunque los puntos de recarga son de acceso público, la mayoría se están levantando en suelo privado.

Primero, y tras comprobar que hay potencia suficiente en la zona donde buscan instalar el aparato, se abre una ‘petición de potencia’ con las distribuidoras de cada zona (Iberdrola, Naturgy…). En función de esta úiltima, la distribuidora les dirige a la red de baja tensión (por debajo de los 100 kilovatios) o a la red de media tensión (más de 100 kilovatios). Cuando se refiere a baja tensión, la distribuidora suele contestar en 15 días, mientras que en media tensión, según un real decreto de la Ley del Sector Eléctrico, tienen hasta dos meses para hacerlo. 

Si el proyecto es accesible (se suele tardar unos dos meses para analizar la potencia), se paga lo que se conoce como la carta de condiciones técnicas, y la empresa logra reservar la potencia solicitada durante tres años. Un tiempo de margen que se le da para evidenciar que se ha ejecutado la obra. A partir de ese momento, las compañías que instalan estos puntos inician el proyecto, que suele tener una duración de un mes.

Si se necesita un punto de recarga de baja tensión en un terreno particular, según un real decreto que salió a finales de 2021, solo se necesitaría ya una declaración responsable de que el proyecto cumple con la ley y, en teoría, se podría instalar al día siguiente. El problema es que este real decreto, según comentan fuentes del sector, «no es conocido por la mayoría de los ayuntamientos ni tampoco aceptado». Una de las razones que esgrime el Gobierno es que, de los 8.131 municipios de España, mas de 6.000 no cuentan con técnicos de movilidad. Por lo que los tiempos se pueden alargar hasta los 12 meses.

Por otro lado, en el caso de que el punto sea a través de una red de media tensión, hay que pedir otro permiso a la delegación de Industria de la comunidad autónoma (la media de espera está en alrededor de seis meses) para recibir el acta de autorización para la construcción. Una vez que se logran la luz verde de los ayuntamientos (baja tensión) y los permisos (media tensión), se instala el punto de recarga: una semana se tarda en los primeros y dos meses en los segundos.

La instalación de baja tensión se registra en la delegación de Industria; sin embargo, en la instalación de media tensión aún se necesita un permiso más: un acta de puesta en marcha que, de nuevo, lo tiene que facilitar la delegación de Industria (una espera de tiempo que puede llegar a los cuatro meses).

Puntos de recarga sin electricidad

Pero hasta aquí, como remarcan desde el sector, lo que hay son «fuentes en el desierto». Es decir, hay una fuente para cargar, pero no está conectada a la red eléctrica. Así, en paralelo, la compañía distribuidora de la zona, a la que se le ha pagado ya por la solicitud de potencia, ha comenzado su proceso para ejecutar la obra. Es decir, conectar un cable que va desde su fuente de energía hasta la caja de conexión del punto de recarga. Como las redes de distribución van por terrenos de dominio publico, el permiso lo tienen que dar los ayuntamientos, y estos en muchos casos están tardando «hasta tres años» en conceder la licencia a la distribuidora.

Fuentes políticas aseguran a este periódico que «se está potenciando el coche eléctrico a través del Perte Vec, pero se está dejando de lado toda la red de carga eléctrica». «Quieren vender coches eléctricos, pero luego no estamos facilitando una red para que esos vehículos carguen ni a nivel de ayudas ni a nivel regulatorio, que es esta la principal queja», sentencian. Por otro lado, argumentan que «se están estacando los puntos de carga y eso acaba repercutiendo en que la gente no acabe comprando coches eléctricos. Si no se hace un despliegue de la red de carga, el vehículo eléctrico quedará reducido exclusivamente a núcleos urbanos», apuntan. El sector también pide que se pueda pagar con tarjeta de crédito en los puntos de recarga y sustituir las múltiples aplicaciones con los que se hace hoy de forma habitual el pago.

El clamor del sector del vehículo eléctrico es claro: hay que cambiar la regulación para agilizar los permisos. Una reclamación que subrayan como una crítica constructiva y comprendiendo que la llegada del coche eléctrico ha estallado como un nuevo reto para la Administración. Una situación que, sin embargo, en otros países de Europa no se está experimentando y cuyos procesos son mucho más rápidos. «Para la media tensión (es decir, cargadores por encima de los 100 kilovatios), la espera aproximada para la puesta en marcha es de un año y para la de baja tensión (menos de 100 kilovatios) unos nueve o diez meses. Pero esto desde una visión muy optimista, de hecho, tenemos puntos de recarga desde 2019″, comenta una empresa relacionada con el sector del vehículo eléctrico.

Entre los actores que participan en este proceso y que condicionan la instalación de los puntos de recarga destacan principalmente tres: En primer lugar, las delegaciones de Industria de cada comunidad autónoma. En segundo lugar, los ayuntamientos, que argumentan que tienen una gran cantidad de expedientes a resolver y la falta de técnicos de movilidad y, por último, el Ministerio de Transportes. Al final, todo lo que esté afectado por carreteras es competencia del gobierno central, y estos suelen tardar unos nueve meses en dar su ‘sí’ -o su ‘no’- al proyecto.