Los bancos pelearán para evitar el pago del 'impuestazo' en 2024 con Feijóo en la Moncloa

El adelanto electoral ha abierto una puerta a la esperanza para que los bancos eviten en 2024 el pago del ‘impuestazo‘ lanzado por el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Con el calendario anterior -los comicios estaban previstos para diciembre- no había tiempo, salvo decreto de urgencia, de derogar el gravamen especial, pero con la nueva fecha los plazos son más amplios para que un nuevo Gobierno liderado por el PP de Alberto Núñez Feijóo eche para atrás la iniciativa parlamentaria.

Las entidades ya trabajan con este periodo y darán la pelea para no tener que desembolsar a principios de febrero del próximo ejercicio el primer tramo anual. «Con el anticipo ahora tenemos tiempo», aseguran fuentes financieras consultadas por THE OBJECTIVE, que añaden, eso sí, que, para ello, lo único que se necesita es que el vuelco electoral de la municipales y autonómicas provoque que Sánchez desaloje La Moncloa. Los resultados de los comicios de este domingo han afianzado las probabilidades con la contundente victoria de los populares y la derrota del PSOE y sus socios.

Los bancos ya dan por asumido el pago del segundo tramo de 2023 para este próximo septiembre. Un importe que ya ha sido recogido en las cuentas del primer trimestre, con especial incidencia en algunas cuentas. Pero confían que la Justicia, una vez se pronuncie dentro de unos ejercicios, invalide el ‘impuestazo’ por inconstitucional y recuperen, así, el dinero correspondiente a este año por un importe que rondará los 1.400 millones.

El adelanto beneficia a la banca contra el ‘impuestazo’

Todas las entidades afectadas ya han llevado a los tribunales el recurso contra el gravamen, que se aplica sobre el 4,8% de los ingresos por intereses y comisiones del negocio de España. Los últimos en anunciar que habían acudido a la Audiencia Nacional fueron los dos grandes grupos internacionales, el Santander y BBVA.

Con el anterior calendario, la banca solo tenía planteada la posibilidad de que, si llegaba el PP al poder en los comicios generales, el ‘impuestazo’ dejara de existir y no se hiciera permanente a finales de 2024. Pero el adelanto ha trastocado los planes en positivo para los intereses del sector.

En las entidades son conscientes de que el PP no hizo mucho durante el trámite parlamentario del decreto ley que fue aprobado en las Cortes, ya que no intentó paralizar su desarrollo, pero confían en que, una vez lleguen al Gobierno -si lo consiguen-, las cosas cambien, ya que los populares se muestran contrarios a la aplicación de dicho ‘impuestazo’. Y, con ello, que la normativa pueda derogarse antes del plazo previsto y que se haga a lo largo de este presente año con el fin de que en febrero esté anulado por completo.

La formación azul se abstuvo en el Congreso durante la votaciones que tuvieron lugar el pasado noviembre y diciembre, cuando el Ejecutivo de Sánchez sacó adelante la proposición conjunta con Podemos para poner en marcha el gravamen especial.

En la regulación autorizada se dejaba claro que, a finales de 2024, en función de los resultados de recaudación obtenidos y de impacto en el sector financiero, ésta se iba revisar para analizar si el ‘impuestazo’ se ampliaba más de lo establecido y, por tanto, se hacía permanente.

De acuerdo con lo estipulado, las entidades abonaron el pasado febrero el primer tramo por un importe de 637 millones. Una cantidad que en septiembre será ligeramente superior. Y que, de no derogarse, estará por encima en los dos tramos de 2024, ya que los ingresos de los bancos irán al alza como consecuencia de la subida de los tipos de interés y el aumento de las cuotas de los créditos (entre ellos, hipotecas).

El Gobierno lanzó este ‘impuestazo’ con el argumento de que las entidades se iban a embolsar unos beneficios extraordinarios como consecuencia de la escalada récord del euríbor por el cambio de política monetaria del BCE para contener la inflación. Y que, por ello, teniendo en cuenta las circunstancias actuales los bancos tenían que arrimar el hombro con el pago de un gravamen especial.

Desde el primer momento, las entidades pusieron el grito en el cielo y acusaron al Gobierno de electoralista por imponer una «tasa injusta, inconstitucional y confiscatoria» a un sector en concreto. Otros autoridades, como el BCE, se han mostrado contrarios a la implantación de este ‘impuestazo’, colocándose del lado de la banca.

El impuesto a la banca se aprobó junto al de las energéticas y a la tasa contra los grandes patrimonios, cuya validez también está siendo sometida a un pronunciamiento de la Justicia y que, con el adelanto electoral, podrían dejar de aplicarse si Feijóo logra su objetivo de derrocar el denominado ‘sanchismo’.