Los contratos de obra pública del Estado se hunden un 70% tras las elecciones

La licitación de todos los organismos públicos de España alcanzó en los ocho primeros meses del año los 19.100 millones de euros. Esto supone un 7,5% más que en el mismo periodo de 2022, según los datos difundidos por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructura (Seopan). Sin embargo, de esos mismos datos se desprende una caída considerable en la licitación de la Administración General entre los meses de junio y agosto, coincidiendo con las elecciones.

Concretamente, la Administración General licitó obra pública por valor de 2.015 millones de euros durante el mes de junio. Una cantidad que se redujo hasta los 1.592 millones de euros en julio y hasta los 594 millones de euros en el mes de agosto. Es decir, el desplome entre junio y agosto alcanza el 70,5%. Una caída que lejos de ser estacional tiene que ver fundamentalmente con varios contratos cuantiosos de Adif Alta Velocidad durante el mes de junio.

De hecho, estos contratos alcanzaron los 1.316 millones en el sexto mes del año. Concretamente, según los datos de la Plataforma de Contratación del Estado consultados por THE OBJECTIVE, ADIF lanzó en junio una oferta por valor de más de 425 millones de euros para la ejecución de las obras del Proyecto Nuevo complejo ferroviario de la Estación de Atocha (Madrid). Proyecto constructivo de la Fase 2. Además, el organismo público hizo lo propio con otro proyecto para realizar las obras de ejecución del proyecto de construcción del corredor mediterráneo de Alta Velocidad. Concretamente se trata del tramo correspondiente a la localidad de Lorca por un valor de 337 millones de euros.

Estos dos contratos suman más de 762 millones de euros y están en este momento en fase de evaluación de las ofertas. Por otro lado, en el capítulo de ofertas ya adjudicadas hay varias entre las que llama la atención un proyecto de construcción de plataforma Línea de Alta Velocidad Palencia – Aguilar de Campo, concretamente en su tramo entre Calahorra de Boedo – Alar del Rey, cuya adjudicación fue rectificada el mes de junio y que asciende a los 109 millones de euros. Todos estos contratos están financiados con fondos de la Unión Europea.

Se dispara un 55% con respecto a 2022

Al margen de la diferencia puntual entre junio y agosto de este año, hay que destacar que en lo que llevamos de año la licitación de la Administración General se ha disparado un 55,5% con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos de Seopan. Concretamente ha pasado de los 4.822 millones a los 7.499 millones de euros. El principal impulso ha venido del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que ha incrementado sus inversiones un 46%, hasta los 5.510 millones de euros.

Dentro del apartado de Transportes, la Dirección General de Carreteras explica el alza de la licitación en este periodo, con 1.134 millones de euros, un 205% más que hace un año. En este apartado se encuentran principalmente licitaciones por conservación de las mismas. Por su parte Aeba también aumentó en un 136% sus licitaciones, con 413 millones de euros.

Seitt, la sociedad que gestiona las carreteras de peaje, también disparó un 2.745% sus inversiones, si bien su presupuesto se limitó a 148 millones de euros. Por su parte, Adif creció un 17%, hasta los 3.255 millones – dentro de los cuales se encuentras los contratos expuestos anteioremente- y los Puertos otro 45%, hasta los 460 millones de euros.

Fondos europeos y elecciones

Tras la caída en las licitaciones experimentada por la pandemia, las cifras han vuelto a subir al calor del desbloqueo de los Fondos Europeos y con las elecciones -tanto municipales y autonómicas de mayo como las generales de julio- como telón de fondo. La llegada de los fondos NextGenerationEU ha obligado a las administraciones públicas a adjudicar una gran cantidad de dinero procedente de la Unión Europea con motivo de la pandemia. La tramitación de estos fondos constituye un balón de oxígeno para el sector pero los constructores y promotores han denunciado en varias ocasiones la lentitud y la complicada burocracia para acceder a los mismos.

En el caso de comunidades y ayuntamientos, aceleraron su ritmo licitador fundamentalmente a finales del año pasado con la vista puesta en los comicios de mayo, según aseguran fuentes del sector constructor. Sin embargo, superada esa pantalla, el ritmo ha bajado considerablemente entre estas administraciones públicas. Según los datos de Seopan, las Comunidades Autónomas licitaron un 9,9% menos (5.360 millones) y los Ayuntamientos un 10,8% menos (6.241 millones).