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Montero niega dinero a las autonomías pese a que en 2018 pidió a Rajoy 16.000 millones

El PP señala que la vicepresidenta hizo caso omiso a la propuesta de Murcia de un fondo de nivelación

Montero niega dinero a las autonomías pese a que en 2018 pidió a Rajoy 16.000 millones

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno. | Europa Press

La reforma de la financiación autonómica va a seguir siendo en esta nueva legislatura una de las principales batallas de la política nacional, máxime cuando Cataluña pide una condonación de su deuda pública y cuando el actual sistema apenas ha experimentado ningún cambio.

Este jueves, con motivo de la exposición de las líneas principales del Ministerio de Hacienda, su titular y vicepresidenta primera del Gobierno ya dejó claro que no piensa acometer el fondo transitorio de compensación que este miércoles pidieron desde Fitur las comunidades de Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Aragón. María Jesús Montero afeó a estas comunidades y señaló que aquella idea del fondo de nivelación ya salió a la palestra en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, y allí no hubo acuerdo.

Lo que no reveló Montero es que en ese encuentro con los consejeros de Hacienda, y con la ausencia del catalán, no hubo ocasión de votar una iniciativa. Una proposición formulada por el consejero de la Comunidad de Murcia, Luis Alberto Marín González, y que confirman otras fuentes populares a THE OBJECTIVE, señalando que «hizo caso omiso de la misma, y por lo tanto, no puede decir ahora que no nos pusimos de acuerdo, cuando no hubo votación. Luego la ministra -remarcan-miente».

Tampoco recordó este jueves la titular de Hacienda y número dos del PSOE que cuando ella era consejera de este área en la Junta de Andalucía, pidió en reiteradas ocasiones al Ejecutivo de Mariano Rajoy una aportación de hasta 16.000 millones de euros más por parte de las arcas del Estado, para mejorar los recursos de las comunidades infrafinanciadas. Entonces, en 2018, afirmó literalmente en un desayuno informativo, recogido por la propia web de la Junta: «Nos faltan 16.000 millones de euros. Esta es la cifra de partida que llevamos al debate nacional», en referencia a los recursos adicionales que han tenido que aportar las comunidades durante 2014. Allí también indicó que ese debate es «urgente e inapelable», porque «nos jugamos demasiado en el mantenimiento de los servicios públicos y del Estado de bienestar».

El desvío de la condonación

Este jueves Montero aseguró desde la Cámara Baja que el asunto de la financiación autonómica es el «gran debate territorial» pendiente del Gobierno. Sin embargo, la titular de la cartera de Hacienda despejó este asunto y el de los fondos de nivelación con otros dos puntos: el primero, que Feijóo plantee una estrategia para la reforma del sistema de financiación, y el segundo, la condonación.

Así, anunció que se reunirá a partir de febrero con las diferentes comunidades autónomas para estudiar la condonación de la deuda y un nuevo sistema de financiación autonómica.

Esta es una decisión que no ha caído en gracia entre las filas populares, que cuestionan que la vicepresidenta primera del Gobierno arregle la financiación de las autonomías perdonando deuda de manera bilateral, y sin debatir estas cuestiones en el marco que corresponde, y que no es otro que el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En ese sentido, en declaraciones para THE OBJECTIVE, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, afirmó este jueves que su partido aboga «por un nuevo sistema de financiación autonómica sin negociaciones en bilateral, cuya negociación se desarrolle en el seno del Consejo de Política Fiscal y financiera, previa convocatoria de la conferencia de presidentes para poner en marcha el proceso. Se trata -puntualizó- de la instauración de un nuevo sistema que permita al conjunto de comunidades autónomas prestar los servicios básicos -sanidad, educación y políticas sociales-, pero con las mismas condiciones».

Montero amenaza con una fiscalidad dura

En su comparencia, la vicepresidenta primera del Gobierno admitió este jueves que la principal prioridad del Ejecutivo y de la cartera que ella dirige, la de Hacienda, será tener unos Presupuestos Generales del Estado en el periodo más breve posible, lo que depende en buena medida del acuerdo de amnistía que cierre con Junts, y de la voluntad que tenga Podemos de no volver a tumbar otra iniciativa parlamentaria del Partido Socialista.

María Jesús Montero -quien días atrás adelantaba que las negociaciones de las cuentas públicas con los de Carles Puigdemont están en marcha- insiste en que, de no encontrar en el Senado el apoyo necesario para sacar primero los objetivos de estabilidad -paso previo a los Presupuestos-, los volverá a presentar otra vez en la Cámara Alta, sin descartar que, si finalmente no prosperan porque los bloquea el Partido Popular -que cuenta con mayoría en el Senado-, está decidida a aplicar los mismos objetivos fijados en el Plan de Estabilidad aprobado en abril de 2023, objetivos que son menos flexibles que los propuestos ahora.

Con motivo de la presentación en el Congreso de los Diputados de las líneas generales de su ministerio, María Jesús Montero volvió ayer a pedir «coherencia» al PP para que voten a favor de unos objetivos de estabilidad que ofrecen «mayor margen de actuación» a comunidades autónomas y entidades locales, matizó.

Como novedad en el texto presupuestario, este año se sumará a los informes de alineamiento de los presupuestos en relación al género, a la juventud y a los objetivos de desarrollo sostenible o a la transición ecológica, otro informe que contemplará la llamada dimensión ‘marrón’, cuya metodología parte de una lista de gastos supuestamente perjudiciales para el medio ambiente, basada en la lista que publica la Comisión Europea.

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