El Gobierno analizará la venta de la fibra de Digi junto a la cesión de la red móvil de MásOrange

El Gobierno analizará con lupa las dos operaciones que involucran a Digi y por las que pasa buena parte de su futuro en España: la venta de parte de su red de fibra al fondo Mcquarie y la cesión de 60 MHz de espectro móvil sobrante de la joint venture entre Orange y MásMóvil. Un análisis que, según ha confirmado THE OBJECTIVE, se hará relacionando los dos movimientos y estudiando sus implicaciones cruzadas, principalmente vinculadas a los compromisos de inversión que puedan garantizar los actores involucrados.

Este viernes Digi comunicó que vendía la mitad de su actual red de fibra a los fondos de inversión Macquarie, abrdn y Arjun (dueños de Onivia) y se comprometía a desplegar 1,75 millones de accesos futuros. Un total de seis millones de unidades inmobiliarias pasadas por un precio de 750 millones de euros. La operación está sujeta a las autorizaciones del comité de inversiones extranjeras en España y de control de operaciones de concentración por la Comisión Europea.

En este sentido, los fondos de inversión dueños de Onivia pedirán la autorización en las próximas semanas y el Ejecutivo tiene tres meses para dar una respuesta, sin incluir paradas del reloj, con lo que la operación podría tener luz verde como muy pronto antes del verano o ya en septiembre. Los dos movimientos estarán además en manos de un informe y el análisis del Ministerio de Transformación Digital de José Luis Escrivá.

Compromisos de MásOrange

El Gobierno nunca ha ocultado que prefiere que una empresa industrial y no fondos de inversión sean los que gestionen las infraestructuras estratégicas de España como lo es la red de fibra. Y la suma de los actuales 4,25 millones de hogares que se traspasarán de Digi convertirán a Onivia automáticamente en la tercera red de España con ocho millones de unidades inmobiliarias, solo por debajo de los 28 millones de Telefónica y los 17 millones de MásOrange.

Palabras mayores que, para el Gobierno, deben garantizar férreos compromisos de inversión de estos fondos y de permanencia en el mercado español. Sin ir más lejos, el ministerio de Escrivá consiguió que la nueva MásOrange se comprometiera a invertir 4.000 millones cuando su plan original de fusión no superaba los 1.000 millones de euros, lo que demuestra la capacidad disuasoria del Ejecutivo.

Del mismo modo, esta operación se vinculará directamente con la cesión del espectro de MásOrange a Digi, la que también está en manos del equipo de Escrivá. En algunos sectores del Gobierno ven como contradictorio que la operadora rumana quiera asumir espectro y la construcción de una red móvil en el mismo momento que venden la mitad de sus infraestructuras de fibra, hasta ahora su carta de presentación como operador industrial en España.

Inversión de Digi

La explicación de Digi es que necesitan estos 750 millones para financiar parte de los 2.000 millones de euros que se comprometen a invertir en España en los próximos siete años, principalmente en esta red móvil que nacerá a partir de la cesión de los 60 Mhz de espectro de MásOrange y por el que tendrán que pagar otros 120 millones. Es decir, venden parte de lo que tienen para garantizar su capex y su actual ritmo inversor.

El cualquier caso, dentro del Gobierno nadie piensa que se puedan bloquear estas dos autorizaciones -que además podrían producirse en fechas similares a comienzos del próximo curso- pero sí se cree que se pueden endurecer esos compromisos de inversión que ya se consiguieron en la joint venture de Orange y MásMóvil y que prevén exigir también en la compra de Zegona a Vodafone.

Asignación de espectro

Debido a que la fusión de MásOrange supera los límites de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo empresarial, los llamados spectrum caps, la normativa indica que la nueva entidad tiene cinco meses a partir del cierre de la transacción para revertir esta situación. Cuanto termine este proceso las partes vinculadas deben pedir el plácet al Gobierno para la cesión de 60 Mhz del espectro sobrante a Digi y otros 30 Mhz que se prevén subastar entre otros interesados, con Telefónica como la operadora favorita.

Es en este punto donde el Gobierno pedirá a Digi compromisos de inversión, de mantenimiento del empleo y de desarrollo de infraestructuras. Incluso algunas fuentes del sector creen que el objetivo del Ejecutivo y el ministerio de Escrivá es poder elevar la cifra de 2.000 millones de euros al que se ha comprometido públicamente Digi o al menos acotarla en un menor periodo de tiempo. Con ello se garantizarían que su aportación a las redes siga siendo tanto o más dinámica como hasta la fecha.