Casi 35.000 contribuyentes impugnaron la renta de 2024 por tener inquiokupas

Un total de 34.617 contribuyentes declararon en el IRPF de 2024 saldos de dudoso cobro derivados de alquileres impagados por sus inquilinos, según una resolución de la Agencia Tributaria obtenida por THE OBJECTIVE a través del Portal de Transparencia. Los datos reflejan el impacto fiscal de la morosidad vinculada al fenómeno de los llamados inquiokupas —inquilinos que dejan de pagar el alquiler o acceden a viviendas mediante contratos fraudulentos—, mientras los propietarios continúan afrontando impuestos y gastos asociados a los inmuebles.

La documentación recoge el número de declarantes que incluyeron importes en la casilla 116 del modelo 100 del IRPF, correspondiente a «saldos de dudoso cobro» como gasto deducible en rendimientos del capital inmobiliario. En total, los importes impugnados superaron los 83 millones de euros en toda España.

Cataluña fue la comunidad con más declarantes afectados: 7.506 contribuyentes y más de 20,3 millones en rentas impagadas. La segunda, muy de cerca, fue Madrid, con 7.289 afectados y más de 20 millones declarados como dudoso cobro. Andalucía registró 4.075 contribuyentes afectados y 9,3 millones impugnados, mientras que la Comunidad Valenciana superó los 7,7 millones.

Baleares registró 1.269 declarantes con 4,6 millones de euros en saldos de dudoso cobro, por delante de Canarias, con 1.650 afectados y algo más de 4 millones. Castilla y León contabilizó 1.869 contribuyentes y 3,3 millones de euros impugnados, mientras que Galicia alcanzó los 1.939 declarantes y 3,5 millones. Aragón sumó 1.341 afectados y 2,3 millones; Castilla-La Mancha, 1.248 y 2,38 millones; Asturias, 879 y 1,7 millones, y Murcia, 760 declarantes con cerca de 1,5 millones de euros en rentas impagadas. Cantabria registró 482 contribuyentes y 981.445 euros; Extremadura, 418 y 648.002 euros; y La Rioja, 296 afectados con 608.210 euros declarados como saldos de dudoso cobro. La Agencia Tributaria no facilitó los datos correspondientes al País Vasco al estar protegidos por el secreto estadístico.

Los datos ofrecidos por Hacienda corresponden a propietarios que han podido acreditar fiscalmente que no percibieron las rentas de alquiler, lo que les permitió deducir esos importes en la declaración de la renta. La cifra no incluye necesariamente todos los casos de ocupación o morosidad, sino únicamente aquellos declarados ante la Agencia Tributaria bajo este mecanismo específico previsto en el IRPF.

La Agencia Tributaria rechazó, sin embargo, facilitar información más detallada sobre los mayores importes reclamados o un desglose provincial de los datos. Hacienda argumenta que revelar determinadas cifras podría vulnerar el «secreto estadístico» y el carácter reservado de los datos tributarios recogido en la Ley General Tributaria. Además, la Administración sostiene que elaborar ciertos desgloses requeriría una «acción previa de reelaboración», ya que la información tributaria no se encuentra estructurada de forma que permita obtener automáticamente esos datos sin un tratamiento adicional.