Criptoempresas inscritas en la CNMV amenazan a la banca con créditos con bitcoins

Entidades inscritas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dan préstamos avalados con criptomonedas a empresas y particulares, convirtiéndose en competencia directa de los bancos tradicionales. Un negocio que apunta especialmente al cliente joven, al que precisamente las entidades financieras miran con atención, ya que cada vez confía más en estos activos y productos. Se da la circunstancia de que es un tipo de usuario que los bancos suelen rechazar con más frecuencia respecto a otros perfiles.

En concreto, estas firmas están inscritas como proveedores de servicios de criptoactivos, es decir, como figuras que dan servicios de compra y venta de monedas virtuales, custodia de criptoactivos, corretaje, gestión de carteras y asesoramiento especializado. Esto no les otorga la garantía de la CNMV para conceder préstamos o créditos utilizando criptomonedas como avales, sino para facilitar la compraventa de las mismas a terceros. Empresas como Bit2Me, Nebeus, Binance, Coinbase y Ledn conceden desde hace tiempo dinero fiduciario respaldado con monedas virtuales. El registro en la CNMV simplemente certifica que cumplen con la normativa y las separa del negocio de los fondos. Este organismo se cuida mucho de comunicar el riesgo que suponen esta clase de inversiones.

De hecho, tanto la CNMV como el Banco de España advierten reiteradamente de que las actividades de préstamo de criptomonedas (crypto lending) carecen de las protecciones habituales del sector bancario, como el Fondo de Garantía de Depósitos (que cubre hasta 100.000 euros por titular). Si la plataforma quiebra o el valor de la criptomoneda cae con fuerza y se ejecuta la garantía, el usuario se encuentra legalmente desprotegido frente a los supervisores españoles. Sin embargo, muchos usuarios que poseen monedas virtuales recurren a empresas de criptomonedas para conseguir préstamos que no pueden recibir a través de los bancos tradicionales. Los prestamistas sitúan el LTV (ratio préstamo-valor, el porcentaje de dinero que prestan en comparación con el valor de las criptomonedas empeñadas) en torno al 50% de media. Es decir, si prestan, por ejemplo, 5.000 euros, se bloquean 10.000 euros en moneda virtual. No obstante, si el mercado cae y el LTV sube a niveles críticos (65%-75%), la plataforma emite una alerta para que se aporten más fondos o se devuelva parte de la deuda. Si la caída es brusca y se alcanza el límite de liquidación (aproximadamente el 85%), el sistema venderá automáticamente los activos para cubrir la deuda, aplicando habitualmente penalizaciones o comisiones por la gestión.

La banca no comercializa productos de este tipo, pero sí dispone de servicios de custodia que permiten a los clientes almacenar las claves de sus criptomonedas en infraestructuras bancarias con altos estándares de seguridad, además de facilitar la compraventa e intercambio de monedas virtuales populares como bitcoin o ethereum directamente desde sus aplicaciones móviles, integrando estas transacciones en las cuentas corrientes habituales, pero no avala préstamos con moneda virtual.

Las entidades tradicionales no ofrecen estos productos por la volatilidad extrema de los activos. Si el precio de bitcoin cae bruscamente, por ejemplo, un 20%, el aval del banco perdería el valor de inmediato, lo que dispara el riesgo de impago. Los reguladores financieros obligan a los bancos a respaldar los activos de alto riesgo con mucho capital propio, lo que hace que este negocio les resulte poco rentable. Sin embargo, las entidades bancarias clásicas (BBVA, CaixaBank, Openbank o Santander) poseen licencias para operar con activos digitales. La ley europea MiCA (el reglamento relativo a los mercados de criptoactivos) faculta a estas corporaciones a ofrecer de forma 100% regulada la custodia de criptoactivos, la recepción y transmisión de órdenes y la ejecución de operaciones de compraventa para sus clientes, pero no la adjudicación de préstamos avalados por moneda virtual.

Los bancos tokenizan los depósitos

Además, brindan gestión de carteras y asesoramiento patrimonial en criptoactivos, y trabajan para la tokenización de depósitos (convertir los fondos en vales digitales), la emisión de stablecoins (lit.: «monedas estables») propias, la optimización de los pagos transfronterizos y la inversión en finanzas descentralizadas de forma regulada.

Para las entidades financieras de toda la vida, esta modalidad de préstamos con criptomonedas supone una competencia feroz por tres razones fundamentales. En primer lugar, por la agilidad. Mientras la concesión de un crédito bancario convencional exige un tiempo de análisis de riesgos, revisión de nóminas, historiales crediticios e inscripción en registros como la Cirbe (Central de Información de Riesgos del Banco de España), las plataformas reguladas evalúan el riesgo basándose casi exclusivamente en el valor de mercado del colateral depositado, reduciendo los tiempos de concesión a minutos.

En segundo lugar, por el público objetivo. La nueva generación de inversores nativos digitales es cada vez más amplia, con un elevado patrimonio en criptoactivos y sin las estructuras de ingresos tradicionales que la banca suele exigir para otorgar préstamos. Estas nuevas empresas les permiten acceder a crédito casi de manera instantánea. El tercer punto es la seguridad jurídica que aporta el sello de la CNMV. La inscripción de estas empresas en este organismo —aunque para otros fines— ha eliminado el riesgo reputacional, permitiendo que fondos de inversión y firmas de family offices empiecen a ver estas operaciones como alternativas viables de financiación.

Una competencia no exenta de riesgos que el usuario debe comprender. A diferencia de un inmueble o una cartera de bonos del Estado, los criptoactivos sufren oscilaciones de precio severas y repentinas. Esto introduce en la ecuación mucha inseguridad. Como explicábamos anteriormente, si el mercado sufre una corrección y el valor del aval cae por debajo de un umbral de seguridad preestablecido por el prestador, el sistema automatizado exige al cliente la aportación inmediata de más capital o, en su defecto, ejecuta la venta forzosa de las criptomonedas para cubrir los euros prestados. Un proceso de liquidación automática que se traduce en pérdidas para el prestatario en cuestión de segundos.

El mercado de los créditos respaldados por estos activos digitales opera bajo una estricta política de gestión de riesgo. En el primer escalón, calificado como de bajo riesgo, las plataformas dan al usuario entre un 20% y un 30% del valor de sus criptomonedas, un margen conservador blindado contra los desplomes del mercado.

El nivel estándar otorga el citado 50% de liquidez en efectivo a cambio de una exposición moderada. Por último, están las opciones de máxima financiación, que estiran el límite hasta un 70% u 80% de las criptomonedas con las que se avala el préstamo; una fórmula de alto voltaje que inyecta capital inmediato al usuario, pero que lo sitúa en la cuerda floja, expuesto a una liquidación forzosa y automática de sus activos ante la mínima corrección a la baja en la cotización. 

La banca tradicional responde a estas nuevas propuestas. Grandes entidades financieras de nuestro país y firmas de inversión de corte tradicional como BBVA, CaixaBank, Openbank o Kutxabank poseen licencias para operar con activos digitales. La ley europea MiCA faculta a estos bancos a realizar de forma 100% regulada la custodia de criptoactivos, la recepción y transmisión de órdenes y la ejecución de operaciones de compraventa para sus clientes, pero no la adjudicación de préstamos avalados por moneda virtual.

La frontera entre las finanzas tradicionales y las criptográficas reguladas es cada vez más difusa. La entrada en juego de empresas inscritas en la CNMV no solo modifica el mercado del crédito, sino que obliga a la banca a acelerar su digitalización si no quiere perder el tren de una economía cada vez más tokenizada.