El Gobierno reclama la factura a empresas y autonomías por miedo a perder fondos UE
Hacienda activa el mecanismo para reclamar ayudas sin ejecutar o mal justificadas en la recta final de los Next Generation
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó en una cumbre con los líderes de la Unión Europea poder contar con un año extra para usar fondos europeos. | EP
La preocupación que desde hace meses existe en el Gobierno por las posibles devoluciones de fondos europeos ya tiene reflejo en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Ministerio de Hacienda ha aprobado el procedimiento que permitirá reclamar a comunidades autónomas, ayuntamientos, organismos públicos y empresas las ayudas financiadas con cargo al Plan de Recuperación cuando no se ejecuten, no se justifiquen adecuadamente o incumplan los objetivos comprometidos con Bruselas.
La Orden HAC/580/2026, publicada el pasado miércoles y analizada por THE OBJECTIVE, regula las especialidades del procedimiento de reintegro aplicable a los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, principal instrumento financiero del programa Next Generation EU. La norma llega en un momento especialmente delicado para la ejecución del Plan. El propio ministerio reconoce en la memoria que la aprobación se produce en la «fase actual de ejecución final» y recuerda que el horizonte temporal del programa concluye en 2026.
La nueva regulación supone un importante cambio vinculado a los tiempos. Durante los últimos cinco años, el esfuerzo de las administraciones se había concentrado en captar fondos europeos, distribuirlos y acelerar las convocatorias. La orden aprobada ahora se centra en el escenario inverso: recuperar el dinero cuando existan incumplimientos.
La gestión de los fondos europeos
La norma regula los reintegros cuando no se haya realizado el gasto previsto o se produzca un incumplimiento total o parcial de los objetivos vinculados a los proyectos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Las cantidades reclamadas deberán devolverse al Tesoro Público y tendrán la consideración de ingresos de derecho público no tributarios, por lo que podrán exigirse mediante los mecanismos ordinarios de recaudación previstos en la legislación presupuestaria.
La nueva regulación coincide con la fase más exigente del programa europeo. THE OBJECTIVE informó en mayo de que España corría el riesgo de dejar sin repartir alrededor de 20.000 millones de euros de fondos Next Generation después de que Bruselas descartara una prórroga general de los plazos. La cuenta atrás para el cierre del Plan de Recuperación ha trasladado la preocupación desde el reparto de las ayudas hacia la ejecución de las inversiones y las eventuales devoluciones derivadas de los incumplimientos.
La presión sobre la ejecución se ha incrementado después de que la Comisión Europea descartara una prórroga general del calendario del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Así, el cierre del programa obliga a justificar las inversiones y acreditar el cumplimiento de los hitos comprometidos con Bruselas para evitar correcciones financieras y eventuales devoluciones.
Devolución del dinero entregado
La Comisión Europea no ve factible en la última fase prorrogar el plazo de ejecución de los fondos de recuperación Next Generation EU —que expira este agosto—. Así lo confirmó el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, en un encuentro con un grupo de medios. Desde la Comisión se ha señalado que los tiempos están fijados en la legislación europea y que cualquier modificación exigiría cambios en varias normas, sin margen de discrecionalidad para modificarlos.
El nuevo marco tendrá especial incidencia en un programa que ha repartido recursos entre miles de beneficiarios públicos y privados. Las comunidades autónomas gestionan una parte sustancial de las ayudas destinadas a rehabilitación de viviendas, movilidad sostenible, digitalización, formación o transición energética, mientras que ayuntamientos, universidades, fundaciones y empresas participan en proyectos financiados con cargo al Plan de Recuperación. La fase final del programa obligará a acreditar no solo la adjudicación de los recursos, sino también su ejecución efectiva y el cumplimiento de los hitos asociados a cada inversión.
La presión sobre el cierre del programa se produce además en un contexto de creciente escrutinio. La Fiscalía Europea mantiene abiertas investigaciones relacionadas con fondos comunitarios y el Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido en distintos informes de debilidades en los sistemas de control y verificación. La Comisión Europea ha reforzado también las exigencias de seguimiento y certificación de las inversiones a medida que se acerca el final del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
El papel de la IGAE
El procedimiento aprobado por Hacienda atribuye un papel relevante a la Secretaría General de Fondos Europeos y a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), encargadas de detectar incumplimientos e impulsar los expedientes. La norma contempla asimismo la exigencia de intereses de demora y remite a los mecanismos ordinarios de cobro previstos en la Ley General Presupuestaria y en el Reglamento General de Recaudación.
La orden aprobada por Hacienda tampoco presupone que España vaya a perder una parte de los fondos europeos. Su principal consecuencia es otra: el Estado deja definido quién responderá si aparecen incumplimientos en la fase final del Plan de Recuperación. Después de cinco años centrados en captar y distribuir recursos comunitarios, el Gobierno se dota del instrumento que permitirá exigir responsabilidades y reclamar el dinero a quienes no hayan cumplido las condiciones asociadas a las ayudas.