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El juez halla un desvío de tres millones de euros al 'procés' en los papeles que los Mossos pretendían incinerar

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Última actualización: 10 Ene 2018, 12:44 pm CEST
Foto: SUSANA VERA | Reuters

La investigación de las 30 cajas llenas de documentos que fueron intervenidas por la Policía Nacional el pasado 26 de octubre cuando un furgón de los Mossos d'Esquadra se dirigía hacia una incineradora de Sant Adrià de Besós, en Barcelona, revela la existencia de apuntes contables que certifican el desvío de tres millones de euros procedentes del Estado al procés independentista. Así lo informan varios medios, que añaden que el juez Ramírez Suñer, del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, tiene indicios de que ese dinero pertenecía al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), creado en 2012 para que las comunidades autónomas hicieran frente a los pagos de deuda más apremiantes.

El suceso de la intervención, que se produjo después de que la Policía recibiera un chivatazo, se tradujo en una escena de tensión con el cuerpo catalán, que exigió una orden judicial que no tardó en llegar desde Madrid con la firma de la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, magistrada que lleva la causa contra el exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. En cualquier caso, los tres millones de euros que se investigan en esta parte de la causa forman parte de un montante distinto al que habrían recibido asociaciones afines al Gobierno de la Generalitat durante la presidencia de Carles Puigdemont, como Òmnium Cultural, cuyo líder, Jordi Cuixart, se encuentra actualmente en prisión.

Desde el pasado septiembre, el Ministerio de Hacienda controla las cuentas de la Generalitat, una vez sospecharon de las acciones llevadas a cabo por la cartera que entonces dirigía el encarcelado Oriol Junqueras. Entre los papeles que encontraron, se evidenció un descuadre de tres millones de euros que ahora cobraría sentido, según el diario El País. El mismo medio informa que la Abogacía del Estado tiene la intención de solicitar al juez Ramírez Suñer que envíe el caso al Tribunal Supremo, para que Pablo Llarena, instructor de la causa matriz, asuma también esta nueva y supuesta malversación, delito tipificado en España con penas de hasta ocho años de prisión.