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El Supremo de Brasil autoriza la entrada en prisión del expresidente Lula

Redacción TO
Foto: PAULO WHITAKER | Reuters

El Tribunal Supremo de Brasil ha autorizado la detención y entrada en prisión del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión por corrupción.

El fallo, pronunciado pasada la medianoche tras más de diez horas de intenso debate, deja prácticamente fuera de la carrera presidencial al dirigente del Partido de los Trabajadores y favorito en las encuestas para las elecciones de octubre.

Condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de cárcel por recibir un apartamento de lujo de una constructora involucrada en la trama de sobornos de la estatal Petrobras, Lula pretendía conservar su libertad. Pero tras un empate a cinco entre los jueces del Supremo, fue la presidenta quien con su voto decantó la balanza - 6 a 5 - a favor de la detención de Lula y el rechazo, por tanto, del recurso presentado por la defensa del exmandatario de 72 años, que presidió Brasil entre 2003 y 2010.

"La presunción de inocencia no puede llevar a la impunidad", dijo la presidenta del tribunal, Cármen Lúcia.

La detención y posterior entrada en la cárcel de Lula, que niega todas las acusaciones, queda ahora en manos del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4), que amplió de nueve a 12 años la pena dictada por un juez inferior y ante la cual cabe aún un recurso para revisar la redacción de la sentencia, pero no el contenido.

"No será detenido de inmediato porque lo que juzgó el Supremo es un habeas corpus que autoriza la expedición de una orden de prisión", explicó a la agencia AFP el criminólogo Jovacy Peter Filho. Quedan aún por analizar "posibles nuevos recursos en el TRF4 y solo entonces podría llegar la orden del juez Sergio Moro", añadió.

Moro es el magistrado de primera instancia que, desde su despacho de Curitiba, se convirtió en icono de la lucha contra la corrupción para muchos brasileños. De su pluma salieron la condena contra el expresidente y otros políticos y empresarios enredados en la Operación Lava Jato.

La megainvestigación iniciada hace cuatro años puso en el punto de mira de la justicia al actual presidente conservador, Michel Temer, y a buena parte de su gabinete, junto con decenas de diputados y senadores.

Lula siguió el debate del Supremo sin hacer declaraciones en una sala del Sindicato de Metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo, cinturón obrero de Sao Paulo. Avanzada la noche se dirigió a su casa, en la misma localidad.

"La presunción de inocencia, ese derecho fundamental que volverá a valer para todos, no valió hoy para Lula. Un día triste para la democracia y para Brasil", escribió en su cuenta de Twitter la presidenta del Partido de los Trabajadores y senadora, Gleisi Hoffmann.

El partido de Lula prometió defender en las calles y ante todas las instancias su candidatura presidencial "hasta las últimas consecuencias".

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) se sumó a las críticas: "No es sólo a Lula al que quieren arrestar, sino también el sueño de un país más justo. Jamás lo permitiremos. La lucha continúa".

Los rivales políticos del hombre que en 2010 dejó el Palacio de Planalto con los mayores niveles de popularidad de la historia moderna, también reaccionaron a la decisión del Supremo. En Brasilia, sede del tribunal, se lanzaron fuegos artificiales cuando la votación aún no había concluido y en Sao Paulo se escucharon bocinazos celebrando la decisión.

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Opositores a Lula celebran la decisión del Supremo en Brasilia. | Foto: Eraldo Peres / AP

El PSDB del exmandatario Fernando Henrique Cardoso, que perdió las últimas cuatro elecciones que disputó contra el Partido de los Trabajadores, emitió un comunicado firmado por su líder en la Cámara baja, Nilson Leitao: "El expresidente no está por encima de la ley, sino al alcance de ella como todos los brasileños. Una decisión en sentido contrario frustraría a la sociedad y sería un retroceso en el combate a la impunidad".

Incluso si Lula no fuera encarcelado, su candidatura seguiría estando en jaque porque la justicia electoral impide presentarse a los condenados en segunda instancia.

La posibilidad de que llegara a la Presidencia un candidato que se enfrenta a otros seis procesos, por delitos como obstrucción de la justicia y tráfico de influencias, alimentó la polarización que vive Brasil, y que condujo en 2016 a la destitución de Dilma Rousseff, sucesora y protegida de Lula, por manipulación de las cuentas públicas.