La creación de la Comisión Nacional de Energía acumula 62 prórrogas en el Congreso
A la Cámara Baja le queda un año de legislatura antes de su disolución y la convocatoria de nuevas elecciones

El Congreso de los Diputados. | Europa Press
La puesta en marcha de la Comisión Nacional de Energía (CNE) sigue atascada en el Congreso de los Diputados. En concreto, la creación de este nuevo organismo —anunciado hace más de dos años— acumula ya 63 ampliaciones de enmiendas en la Cámara Baja. Una cifra, según fuentes parlamentarias, «sensiblemente alta». De hecho, la actual prórroga concluye este 3 de junio y, con toda seguridad, se volverá a ampliar.
De ellas, siete ampliaciones se produjeron entre noviembre y diciembre de 2024; 21 entre febrero y junio de 2025; 17 entre septiembre y diciembre de 2025; y otras 17 entre febrero y junio de 2026. De esta forma, el proyecto de ley continúa en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Al Congreso le queda prácticamente un año de legislatura antes de su disolución y la convocatoria de nuevas elecciones, por lo que el margen para aprobar este organismo comienza a estrecharse.
Este escenario no preocupa en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo que se vería despojado de su competencia de supervisión regulatoria. Tampoco inquieta en la cúpula. De hecho, han subsistido con consejeros sin cubrir (como en la actualidad) y otros con mandatos caducados sin aparentes problemas. Además, la carga de trabajo para la CNMC en materia energética no ha parado: retribución de las redes eléctricas, planificación eléctrica, sanciones por el apagón, entre otros.
Multas de la CNMC
Los expedientes incoados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) entre el 16 y 23 de abril pueden alcanzar los 546 millones de euros de sanción, que se repartirían entre prácticamente todos los actores del sector: desde el gestor, Red Eléctrica —que aparece como principal culpable— hasta las energéticas. Entre las fuentes de generación salpicadas por el cero eléctrico aparecen centrales nucleares y de ciclo combinado.
Según la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, existen tres tipos de infracciones: muy graves, graves y leves. Hasta ahora, el regulador ha incoado expedientes muy graves o graves. Por la comisión de las primeras, «se impondrá al infractor multa por importe no inferior a 6.000.001 euros ni superior a 60.000.000 de euros». Mientras que por la comisión de las segundas, «se impondrá al infractor multa por importe no inferior a 600.001 euros ni superior a 6.000.000 euros».
Justificación del Gobierno
En su momento, el Gobierno justificó la creación de la Comisión Nacional de Energía aludiendo a «la lucha contra el calentamiento global», un fenómeno que «está provocando una profunda transformación de los mercados energéticos, con nuevas soluciones, como el hidrógeno y otros gases renovables, con un nuevo marco regulatorio europeo y con nuevos desafíos, como la integración de nuevos modelos de negocio o el refuerzo de la protección de los consumidores».
Según el Ejecutivo, esto «hacía indispensable reinterpretar la figura del regulador energético para incrementar su especialización y ampliar su ámbito de actuación. Así, y en línea con lo que ocurre en muchos de los principales países del entorno de España, el restablecimiento de una CNE de naturaleza independiente, con objetivos, funciones, estructura y presupuesto propios, resulta fundamental para hacer frente a la bifurcación de las funciones de los reguladores energéticos, que afrontan el reto de garantizar el cumplimiento de la senda de descarbonización».
Movimientos en la CNMC
Quedan apenas dos semanas para conocer quién será el próximo presidente de la CNMC. Según pudo saber este periódico, la terna que suena para suceder a Cani Fernández está formada por perfiles cercanos a la actual presidenta. Entre ellos figura Marcos Araujo, actual presidente de la Asociación Española para la Defensa de la Competencia (AEDC), con una trayectoria de 29 años en el despacho Garrigues y un doctorado en Filosofía por la Universidad de Glasgow. También aparece Marta García Jáuregui, técnico comercial y economista del Estado y jefa del gabinete de la presidenta. Por último, también aparece otra técnico comercial y economista del Estado, María Vidales, que en la actualidad es consejera de la Sala de Competencia.
También cabe recordar que Cani Fernández podría buscar un sucesor afín para proteger a sus más allegados dentro del regulador. Entre sus candidatos se encuentran el secretario del Consejo, el abogado del Estado Miguel Bordiú; la directora de Energía, Rocío Prieto; la directora de Transportes y del Sector Postal, Patricia Cordovilla; y la que fuera jefa del gabinete de la presidenta, Vera Sopeña, entre otros.
