Así manipula Sánchez el censo electoral

Ahora que se habla mucho de regularizaciones, hay un tema más soterrado que interesa mucho a la izquierda y es el de los censos electorales. Quiere decirse que el derecho a voto ya no se mide sino en líneas de registro y en formularios timbrados. Los regulados por el último decretazo siguen siendo extranjeros, pero adquieren un permiso de residencia válido y, dependiendo de su nacionalidad, a algunos de ellos les da lugar automáticamente al derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales (véase art. 13.2 CE). Los nacionales hispanoamericanos (más del 50% del total de inmigrantes) pueden obtener la nacionalidad española en el plazo de dos años tras regularizarse, adquiriendo los derechos políticos completos, es decir, sufragio activo y pasivo en las autonómicas y generales. Los marroquíes (25% de los inmigrantes no europeos en España) pueden adquirir la nacionalidad y el derecho a voto en diez años.

En resumen: la única diferencia sustancial entre un residente legal y un nacionalizado son los derechos políticos, y alcanzar estos últimos es solo cuestión de tiempo. Por aquí se ha ido introduciendo en el censo electoral una población de origen extranjero, generalmente poco cualificada y con lógica tendencia al agradecimiento a la izquierda, como hemos visto en encuestas recientes de ABC. El objetivo del Gobierno es que esta población dependa de ayudas y subvenciones; que sean pobres de pedir. El voto suele cambiar cuando cambia la situación económica, por lo que la fidelidad política basada solo en subsidios parece ser débil. De momento parece que les funciona.

Pero luego aparece la genealogía, que es la nostalgia y la sangre convertidas en derecho. Las leyes de Memoria Histórica (Zapatero) y de Memoria Democrática (Sánchez) otorgan la nacionalidad española incluso a gente que ni vive en España ni ha visitado este país. Solo se pide que sean descendientes (hijos y nietos) de españoles que perdieron la nacionalidad, no tiene que ver con la residencia ni con su situación legal o ilegal. Puede ser un dominicano, colombiano o argentino que nunca haya salido de su país. Esto da derechos políticos, derecho a voto en todas las elecciones españolas, para que vean lo que da de sí la reparación del franquismo. Y, el colmo: si ese nuevo español viaja por primera vez a España, se convierte en… ¡emigrante retornado! Gestiona el cobro de la ayuda, vuelve a su país de origen y a vivir del contribuyente español.

Esto es lo que se está urdiendo en embajadas y consulados de todo el mundo desde 2007 y lo que está engordando censos de españoles residentes en el extranjero. La Ley de Memoria Democrática, además, difiere de la Histórica. La Histórica exigía demostrar que tu antepasado que perdió la nacionalidad era un exiliado, extremo que se daba por hecho si la emigración se había producido entre 1936 y 1955. La Ley de Memoria Democrática (19 de octubre de 2022) dice lo mismo en su articulado, manteniendo la referencia al exilio, pero una Instrucción del Ministerio de Justicia (del 25 del mismo mes) introduce supuestos adicionales mucho más amplios: No es necesario probar persecución política y basta acreditar que el ascendiente español emigró y perdió la nacionalidad. Es decir, que si el abuelo emigró a América en pleno esplendor de la II República para hacer fortuna y dejó perder su nacionalidad, sus nietos extranjeros pueden tener derecho a esta opción. No es por castigar al emprendedor, sino por señalar que la sangre, al final, sigue siendo un argumento jurídico para otorgar la nacionalidad, al puro estilo de Maurice Barrès, nacionalista francés que fue, por cierto, ídolo de Manuel Azaña.

El caso es que estamos creando miles —que serán millones— de españoles con derecho a voto sin ninguna relación con España, más allá de una cuestión de la sangre. Estos cambios de censo pueden decidir escaños autonómicos o, incluso, algún diputado en elecciones generales muy ajustadas. En este contexto, hay que recordar que en 2023, el PSOE intentó recuperar un escaño en Madrid mediante la repetición del recuento del voto exterior, es decir: solicitó revisar de nuevo más de 30.000 votos nulos procedentes del extranjero. Solicitud estrafalaria que fue denegada.  

En todo caso, no hay que taparse los ojos ante la realidad del código civil. Parece oportuno preguntarse por qué llevamos décadas otorgando el derecho a voto a extranjeros que residen unos pocos años en España, cuando su regularización a efectos prácticos sería suficiente (la única diferencia sustancial entre regularización y nacionalidad son los derechos políticos). Aquí y en Francia, y en toda Europa. 

Y, por otro lado, España va camino de tener más de medio millón de nacionalizados por medio de estas «leyes de memoria» sin ningún vínculo real con el país. Si la nacionalidad se regala a todos los López y los García, podemos encontrarnos con que de aquí a unos años el voto de los argentinos será más relevante que el de muchas comunidades autónomas. Y, como decía Guadalupe Sánchez en este medio, «ellos no van a sufrir las consecuencias de las decisiones políticas que, sin embargo, podrán ayudar a tomar». El Sr. Sánchez, que no da puntada sin hilo, va a ponerse a trabajar en las nacionalizaciones por una razón. Y nadie duda a estas alturas que es capaz de darnos el cambiazo en las urnas. Ojo, que lo hemos visto en los vídeos de Ferraz.