Zapatero y el disfraz de lobista

Cada vez que en España revienta un escándalo político relacionado con intermediaciones, contratos o favores administrativos, aparece la misma coartada: el implicado no era un conseguidor, sino un lobista. Es lo mismo que intentar agarrarse al diccionario como a un flotador. Tiene algo de sainete y bastante de cortina de humo, porque mezcla deliberadamente dos oficios que no se parecen más que una sotana y un uniforme militar.

El lobby consiste, en teoría, en representar intereses legítimos y recomendaciones ante las instituciones públicas. Un lobista profesional intenta influir en el diseño de una ley, en una estrategia sectorial o en una regulación concreta mediante argumentos, información técnica y transparencia. No tiene montado un tingladillo que gestiona rescates empresariales, no obtiene adjudicaciones públicas para familiares ni cobra comisiones por abrir puertas en los despachos.

Lo que queremos decir es que, si una persona presuntamente recibe cantidades millonarias por interceder ante responsables públicos como José Luis Escrivá y María Jesús Montero para favorecer decisiones gubernamentales, no estaríamos hablando de lobby. No se puede comparar.

Paradójicamente, el verdadero problema de los lobistas es la insuficiente regulación en España. España sigue siendo una especie de frontera del lejano Oeste institucional. Mientras buena parte de Europa ha desarrollado registros públicos, agendas transparentes, huellas legislativas y certificados de control, aquí, a nivel estatal, continúa sin existir una ley como Dios manda.

De hecho, la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados de la iniciativa que pretende regular estos «grupos de interés» sufre el mal de todas las leyes que el Gobierno promete sin intención alguna de llevar al BOE: fases de ponencia infinitas y prórrogas interminables en la tramitación hasta que el final de la legislatura —como sucedió con esta ley en 2023— las haga automáticamente decaer. Se han presentado enmiendas, se ha cerrado el plazo y ahí está, en un cajón, durmiendo el sueño de los justos.

Las razones de esa parálisis parecen evidentes. Regular el lobby implica iluminar los pasillos de la Moncloa. Pero ya es de sobra conocido que este Gobierno, el mejor amigo de lo público, suele mostrarse muy activo cuando se trata de regular a los ciudadanos, de inspeccionar a los autónomos o a los empresarios, pero mucho menos diligente cuando las normas afectan directamente al Ejecutivo y a sus amigos empresarios.

Tampoco ayuda la debilidad de los llamados organismos de control. La Oficina de Conflictos de Intereses, encargada de supervisar incompatibilidades y posibles conflictos entre cargos públicos, depende orgánicamente del Gobierno y, por tanto, de los altos cargos a los que supervisa. Si los órganos de vigilancia carecen de independencia, medios o capacidad sancionadora, el sistema termina orientándose más a proteger a los responsables políticos que a fiscalizarlos y acercándose más a la república bananera que a la democracia.

A ello se añade la falta de presupuestos actualizados y los déficits de control sobre determinadas partidas de gasto, que viene reportando regularmente en este medio Pablo Cambronero. Nos dicen que el Gobierno funciona con los presupuestos prorrogados de 2023, pero la realidad es que solo hay gasto desorbitado y sin control. Ha sido el Tribunal de Cuentas el que ha sacado a la luz que España paga las pensiones con los fondos Next Generation. Es solo el inicio del desfalco. Los informes de organismos fiscalizadores adquieren entonces una importancia decisiva para conocer cómo se están utilizando recursos que pertenecen a todos los contribuyentes; el problema es que no son independientes.

Mientras tanto, grandes consultoras y empresas continúan incorporando a antiguos dirigentes políticos como asesores o consejeros. La práctica es legal y habitual, pero plantea interrogantes sobre conflictos de interés. Algunos han comprendido que estas consultoras tienen, como el euro, mejor cotización que las pesetas tardofranquistas.

La falta de voluntad política para regular y supervisar estas actividades queda reflejada también en la actitud de La Moncloa ante las preguntas sobre las actividades del señor ZP. Escudándose en que la Presidencia del Gobierno no realiza «funciones relacionadas con la actividad privada de los expresidentes», el Ejecutivo evita aclarar cuestiones relevantes sobre sus contactos e intermediaciones. Tampoco informa sobre la existencia de posibles encargos de Pedro Sánchez relacionados con el rescate de Plus Ultra ni sobre solicitudes del expresidente para la disposición de escoltas con el fin de reunirse en una finca de Patrimonio Nacional.

De hecho, tal y como ha publicado Antonio R. Naranjo en El Debate, en todo momento Zapatero está controlado por el Gobierno sin ninguna mención crítica a sus «gestiones». Todo esto nos ha demostrado que hay un hombre más político que él y más inteligente. Un hombre que habita en La Moncloa y que no sale de su saloncito de estar, y no necesita otra cosa para ejercitar su capitanía.

«En realidad, los primeros interesados en una regulación rigurosa suelen ser los propios lobistas»

Por todo ello, hablamos de un clima de corrupción, donde el sistema continuaría generando incentivos para la opacidad y el tráfico de influencias. La verdadera batalla no es, como dicen algunos, llevar a los lobistas a prisión, sino construir un marco de integridad pública que ponga freno a los abusones.

En realidad, los primeros interesados en una regulación rigurosa suelen ser los propios lobistas. Quienes trabajan legítimamente representando intereses empresariales, sociales o sectoriales necesitan diferenciarse de quienes utilizan la influencia política para robar dinero público. Queremos decir que la frontera entre lobby y corrupción no es difusa per se cuando aquel se ejerce de forma controlada. Un sistema democrático maduro no necesita demonizar la representación de intereses; necesita regularla adecuadamente. Solo así será posible distinguir con claridad entre quienes participan legítimamente y quienes van con disfraz de lobista. Y a los juzgados irán disfrazados.