Profundamente imbéciles

Se acabó. A la izquierda se le ha terminado la impostura ética en la que lleva viviendo décadas. Esa gran trampa moral de nuestro tiempo que consiste en asumir que la izquierda representa la empatía, la solidaridad y los derechos humanos, mientras cualquier discrepancia frente a sus dogmas denota algún tipo de carencia moral o directamente una forma de barbarie. Se trata de una impostura creada para poder levantar el dedo acusador contra cualquiera que no comulgue con sus pancartas. Ya no cuela.

El modus operandi es bien conocido. La izquierda ha convertido los derechos humanos en un instrumento utilitario, en una herramienta de combate político, pero con una coartada moral muy selectiva que ha despojado el concepto de todo contenido. Los derechos humanos, para ellos, ya no funcionan como un límite universal al poder, sino como un repertorio de consignas que se activan o desactivan según convenga al bloque ideológico correcto.

Los derechos humanos son invocados con feroz contundencia cuando sirven para desacreditar al adversario político, pero se relativizan, se reinterpretan o sencillamente se obvian cuando su aplicación perjudica a «los tuyos». La presunción de inocencia vale unas veces sí y otras no. La libertad de expresión es un derecho hasta que habla quien no debe. La separación de poderes se considera sagrada mientras no estorba a la agenda propia. La dignidad humana parece infinita para algunas causas y sorprendentemente negociable para otras mucho más incómodas.

Nos encontramos ante un uso táctico de la ética que denota, precisamente, una ausencia total de ética. Por eso cada vez más gente percibe en la izquierda no superioridad moral, sino puro postureo moral. Se condena el sufrimiento en abstracto, pero se banalizan cuestiones tan fundamentales como la colonización de las instituciones, la insignificancia cada vez mayor del Estado de derecho, el desprecio por la propiedad privada o la conversión del disidente en sujeto susceptible de persecución y anulación.

Analicen con detalle el patrón. Hablan sin descanso de derechos, pero atacan una y otra vez el entramado institucional que permite protegerlos de verdad. Para defender los derechos hace falta un poder judicial fuerte e independiente, con una ley igual para todos, con garantías procesales y con límites al poder. En cuanto eso desaparece, los derechos dejan de ser derechos y se convierten en concesiones revocables. Concesiones otorgadas por un poder arbitrario para el que no importa el qué, sino el quién.

Pero eso es precisamente lo que buscan. No es casual. Esa ha sido siempre la pretensión de cualquier régimen con vocación autoritaria. Proclamar catálogos infinitos de derechos mientras se destruyen las condiciones materiales e institucionales que los hacen posibles. Expandir la retórica mientras se expande, a un ritmo simultáneo, la pérdida de libertades que se dicen defender.

Por eso resulta tan obsceno escuchar lecciones permanentes por parte de quienes toleran lo que sea necesario siempre que el poder siga en manos de los suyos. Por eso resulta tan revelador comprobar cómo quienes llenan platós y tertulias hablando de dignidad y justicia social guardan un silencio muy elocuente cuando se presiona a jueces, se colonizan instituciones o se lincha públicamente al discrepante. O incluso cuando regímenes afines torturan y asesinan a disidentes molestos. Nunca se trató de defender derechos, sino de administrar credenciales morales.

La diferencia es crítica. Defender derechos significa defenderlos también cuando protegen al incómodo, al discrepante y al adversario ideológico. Significa reconocer límites universales y aceptar la dignidad inherente a todo ser humano, independientemente de cualquier tipo de condicionante. Administrar credenciales morales, en cambio, consiste en usar el lenguaje de los derechos humanos para distinguir entre elegidos y réprobos, entre víctimas dignas y víctimas prescindibles.

Y así hemos llegado a la situación grotesca que vivimos actualmente. Una cultura capaz de conmoverse con enorme intensidad por causas abstractas cuidadosamente telegénicas, pero también capaz, al mismo tiempo, de perseguir a cualquier persona por el simple hecho de no compartir eslóganes. Tampoco esto es casual. El utilitarismo de los derechos humanos habilita precisamente eso: poder conservar una pose virtuosa mientras se justifican políticas profundamente liberticidas. Permite presentarse como defensor de la dignidad humana mientras se vacían de sentido los contrapesos que protegen al individuo frente al poder.

Los derechos humanos no nacieron para decorar discursos ni para bendecir proyectos ideológicos. Nacieron para poner freno al poder. También al poder bienintencionado, especialmente a ese poder sentimental que se cree moralmente superior. En el momento en que dejan de ser un límite universal y se convierten en una veleta política selectiva, ya no estamos ante un avance civilizatorio, sino ante una teología de partido.

El problema con estas exégesis políticas es que tienen siempre la misma deriva. Herejes, excomuniones, dogmas cambiantes y una hipocresía infinita. Eso no es superioridad moral, es una inmunda ciénaga de despreciable fanatismo. La verdadera superioridad moral consiste en respetar los derechos de los demás incluso cuando son contraproducentes para la propia tribu. Consiste en aceptar límites, en asumir responsabilidades, en defender garantías y en renunciar a esa tentación tan humana de usar los grandes principios solo cuando golpean al vecino.

Todo lo demás es propaganda que únicamente nos convierte en una sociedad más cínica, dispuesta a todo por imponer una agenda que nos hará más arbitrarios y mucho más peligrosos. La senda de una decadencia que muchos otros han vivido antes que nosotros, lo cual no impedirá que lo repitamos de nuevo. Porque en el fondo somos así, profundamente imbéciles.