Las florecientes finanzas de Vox: 10 millones de euros en el banco y sin deudas
Las aportaciones de los afiliados crecen un 9% por el aumento de militantes y de las cuotas. El 65% de los ingresos proceden de subvenciones públicas
Santiago Abascal interviene en la asamblea de este viernes. | Vox
A Vox le salen las cuentas. La formación verde se ha convertido en el primer partido que acredita sus finanzas del año pasado. El tesorero, Pablo Sáez, ha presumido de los resultados mientras presentaba los balances en la asamblea de este viernes. Vox cuenta con 10,2 millones en el banco, no tiene deudas y podrá concurrir a las próximas elecciones sin recurrir a créditos. El 65% de la recaudación procede de subvenciones públicas, pero siguen creciendo los ingresos privados. Las aportaciones de los afiliados aumentaron un 9% respecto al año anterior gracias al aumento de militantes y de las cuotas.
Sáez se ha felicitado porque el balance económico de Vox demuestra «solvencia, solidez financiera, crecimiento y transparencia». No en vano, el de las cuentas ha sido el punto que más apoyo ha obtenido en el cónclave: el 98,49% de los votos emitidos han sido favorables. Una cifra que habla del trabajo de Sáez. El diputado por Valladolid está muy valorado por el núcleo duro de la organización, según fuentes consultadas por THE OBJECTIVE.
Los 111 empleados de Vox
Los de Santiago Abascal ingresaron el año pasado 15,6 millones de euros y gastaron poco más de 14 millones. La cantidad más importante, 3,3 millones de euros, se utilizaron para pagar a los 111 empleados de la formación y 2,4 millones sirvieron para financiar a Disenso, el think tank de Vox. Aún así, hubo un ahorro de gestión ordinaria de 1,6 millones de euros. Una reserva que se diluyó en las elecciones autonómicas de Cataluña y de Madrid, aunque Sáez lo considera «una inversión».
El 65% del dinero que llegó a las arcas de Vox proceden de subvenciones públicas, pese a su exigencia de eliminar las ayudas para todos los partidos y organizaciones sindicales y empresariales. La formación verde obtuvo por esta vía 9,7 millones de euros. El 71% de esa cantidad procede de los 52 diputados con los que cuentan en el Congreso de los Diputados. El resto de las aportaciones llegaron desde los parlamentos autonómicos (la mayor cuantía, desde Andalucía, un 7% sobre el total) y del Senado.
Contrasta con las intenciones de Vox, que pretende eliminar todas las subvenciones públicas. Incluso instó al Gobierno a reformar la Ley Electoral y la Ley de Financiación de los Partidos Políticos. La semana pasada, el secretario general, Javier Ortega Smith, incidió en el asunto. Denunció que su partido es el único que promueve la iniciativa y justificó seguir cobrándolas mientras que no se eliminen. «Lo contrario supondría salir a la arena política con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados».
No obstante, la formación verde ya trabaja en un horizonte sin ayudas públicas. Para eso hacen falta militantes. Vox cerró el año pasado con 63.468 afiliados, que aportaron la mayor parte de los 5,8 millones de los ingresos privados. La militancia colaboró con 5,1 millones de euros, un 9% más que en 2020 gracias al aumento de las inscripciones y el crecimiento de las cuotas. Otros 189.930 euros llegaron en forma de donaciones. La mayoría, por debajo de los 50 euros. Solo siete superaron los 10.000 euros.
El cambio en los estatutos
Las finanzas de Vox florecen. No solo cuenta con una tesorería de 10,2 millones, también está pendiente de cobrar otros 858.998 euros y otras deudas que elevarían al activo de la formación verde hasta los 11,3 millones. «Probablemente seamos el único partido que no necesitemos recurrir a los bancos para las próximas elecciones generales», se ha vanagloriado Sáez durante la presentación de las cuentas.
La asamblea de este viernes, de carácter general, se ha visto ensombrecida por la reforma de los estatutos. A pesar de que ha sido avalada por el 91,2% de los militantes que han participado, supone la cifra más baja de todas las votaciones. En las horas previas, algunos afiliados habían criticado el intento de «cercenar» la democracia interna. A partir de ahora, los presidentes provinciales no serán elegidos mediante elecciones primarias, sino que estarán seleccionados directamente por el Comité Ejecutivo Central.
