La Fiscalía investigará si Rufián incurrió en un delito de revelación de secretos

El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Gabriel Rufián, será investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo por sus declaraciones en un medio de comunicación sobre el contenido de la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso de los Diputados, donde la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, explicó las razones que llevaron al espionaje de los líderes independentistas con Pegasus.

Mientras aún se desarrollaba el encuentro, en el que estaba prohibido acudir con el teléfono móvil y en la que solo se podía tomar notas con un papel y un bolígrafo, Rufián abandonó la sala para, ante las cámaras de TV3, valorar el contenido del mismo.

Rufián apuntó a una nación extranjera

«Me gustaría poder decir: ‘Se han dicho un montón de cosas, pero no puedo decir nada’. No, no. Se ha dicho exactamente lo mismo que ya se había filtrado a los medios de comunicación estos días. Reconocen el espionaje… Es lo que se ha publicado, por eso lo digo… Sostienen que es mucha menos gente ha sido espiada», indicó para, más tarde, matizar que los informes apuntaban «a dos vías: a una nación extranjera o a organismos del Estado que espían por encima de sus posibilidades legales».

Tras estos hechos, la organización Manos Limpias denunció al diputado, algo que ahora, tal y como ha adelantado el diario La Razón, podría tener consecuencias legales al considerar que podría suponer un daño «grave» a los intereses públicos.

A este respecto, Manos Limpias señaló que «el revuelo levantado por estas manifestaciones» hizo que Rufián formulase «una coartada» a través de su cuenta oficial de Twitter, en la que manifestó que eso era una interpretación personal que había realizado tras escuchar a la directora del CNI.

Hasta tres años de cárcel

El artículo 147 del Código Penal castiga con una pena de multa de doce a 18 meses y con la inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años a «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de las que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados».

En el caso de que los fiscales consideren que la gravedad de los hechos, el portavoz podría enfrentarse hasta a tres años de prisión.