El traslado de etarras al País Vasco dispara las agresiones en otras cárceles españolas

El traslado de los presos de la extinta ETA a prisiones del País Vasco, en el marco de los acuerdos que ha efectuado el Gobierno autonómico y el Ministerio del Interior para culminar con la denominada política de dispersión de estos reos, ha provocado en los últimos años un efecto inesperado en cárceles de otras comunidades autónomas donde estos reclusos habían estado cumpliendo pena hasta su ‘marcha’ a los centros penitenciarios vascos: el aumento de las agresiones y la conflictividad entre la población reclusa.   

Prisiones cercanas geográficamente al País Vasco, como el centro penitenciario de Villabona, en Asturias; el de Topas, en Salamanca; o la prisión de La Moraleja, más conocida como la de Dueñas, en Palencia, han registrado más incidentes violentos entre los internos a raíz de que la mayoría de presos de la banda terrorista, que cumplían pena en estas cárceles, fuesen trasladados progresivamente a otras vascas, según denuncian a este periódico distintas fuentes penitenciarias. 

Detrás del porqué, revelan las mismas fuentes, está el tipo de presos que a modo de intercambio han llegado desde el País Vasco a las mencionadas prisiones: reclusos, normalmente clasificados en primer grado, altamente conflictivos y que, en el caso, por ejemplo, de la prisión asturiana, han protagonizado incidentes que han culminado en la muerte de otros presos, incendios o en intentos de motín en algunos módulos. 

«Incompetencia total»

La tónica en estos movimientos, sin embargo, no es siempre la misma. Desde las prisiones vascas también se acuerda el traslado de presos conflictivos a otros centros cercanos porque no cuentan con módulo de aislamiento y ante este escenario, es difícil controlar a los presos clasificados en primer grado. En este caso, Dueñas, por su cercanía al País Vasco, es la que cuenta con más presos vascos o con vínculos familiares en esta región. 

Según la estadística a la que ha tenido acceso este periódico, en 2021, de los 693 presos que albergaba la prisión palentina, 339 procedían de alguna cárcel vasca. Por otro lado, si se tiene en cuenta el origen, actualmente son 152 los reos que están en prisiones de Castilla y León. La de León, por ejemplo, cuenta con 25 internos nacidos en Euskadi.

A juicio de los sindicatos, este escenario es el resultado de la «incompetencia total» del Gobierno vasco. «Ahora que han asumido las competencias penitenciarias, dejando a un lado el caos en el que están sumidas las prisiones, las están vaciando de presos con un perfil violento porque en las suyas no tienen cabida. ¿Y cuál es el resultado? Que provocan altercados allí donde los llevan», critican desde el CSIF. «Pretenden hacer unas cárceles a medida donde no haya incidentes, lo que denominan como ‘modelo vasco’, pero a costa del resto de prisiones», denuncian también desde Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM).

El juez Jaime Tapia, asesor del Ejecutivo vasco en la gestión penitencia desde que asumió las competencias, admitió parcialmente esta realidad el miércoles en una entrevista con Radio Euskadi. Tapia negó que las cárceles estuviesen colapsadas y que no pudieran admitir a más internos de ETA, como denuncian las organizaciones sindicales; pero confirmó que presos con mal comportamiento en prisiones vascas habían sido enviados a otras cárceles españolas.

Muertes, peleas e incendios

En el centro penitenciario de Villabona, relatan las fuentes consultadas, es donde se ha advertido un mayor aumento de las agresiones. Aseguran que, desde 2020, el 90% de los episodios violentos que se producen en el centro son protagonizados por presos vascos. Esta prisión ha llegado a albergar a 20 internos de la banda terrorista, entre ellos algunos históricos como Valentín Lasarte, condenado por el asesinato del concejal del PP Gregorio Ordoñez, o Félix Alberto López, alías ‘Mobutu’, el último preso de ETA en la cárcel asturiana antes de fuese trasladado a Euskadi en septiembre. 

En su lugar han llegado a este centro penitencario «presos comunes muy conflictivos» y la «mayoría clasificados en primer grado». Posteriormente, han progresado a segundo grado y han pasado a vivir con el resto de reclusos en módulos de vida normal, donde han tenido lugar gran parte de los incidentes. El más grave fue en julio de 2020, cuando, en una pelea entre dos reos por «un asunto de convivencia», el interno vasco cogió una silla, rompió una pata y golpeó con ella en la cabeza al otro interno. Los funcionarios lograron separarlos, pero días después, el reo agredido fallecía en el hospital a causa de los traumatismos. 

A este último episodio, durante los dos años siguientes, se han sumado agresiones a funcionarios, incontables peleas, intentos de motín e incluso incendios. El último tuvo lugar hace apenas dos meses, cuando un recluso prendió fuego a su colchón y provocó una humareda por la que tuvo que ser desalojada gran parte de su módulo. «Se ha notado mucho la presencia de estos presos porque la prisión antes era muy tranquila», denuncian varios funcionarios de prisiones.

El informe del ‘Ararteko’

Una trabajadora de la prisión de La Moraleja, en Palencia, asegura que «la mayoría de los internos que provienen del País Vasco son muy problemáticos». En los módulos de primer grado, aquellos en los que los internos no se relacionan con el resto de la prisión por su inadaptación, casi la mitad son de Euskadi o tienen vinculación con esta comunidad autónoma, asegura esta fuente. «Que estos reclusos con conflictivos y provocan la mayoría de incidentes es sabido por todos. Muchos de los que vienen también tiene problemas graves de salud y enfermedades mentales», apunta esta funcionaria. 

En la prisión salmantina de Topas conocen bien lo que ocurre en Dueñas o en Villabona. Aunque la conflictividad entre los presos no ha aumentado tanto como en estos dos centros, la cárcel de Salamanca también se ha convertido en punto de recepción de reos vascos. Aunque normalmente llegan de las prisiones palentina y asturiana porque ya no pueden mantenerlos en sus módulos. «Aquí llegan de vez en cuando algunos reclusos violentos de Euskadi, el último, por ejemplo, vino de Dueñas porque la debió liar allí. En ese centro es más común la presencia de estos internos», señala un funcionario de prisiones. 

Lo que ocurre en el País Vasco con el traslado forzoso de presos conflictivos, revelan fuentes penitenciarias, ha sido denunciado por plataformas de familiares que luchan por que sus hijos puedan cumplir condena en el País Vasco y no a 400 kilómetros de su domicilio, e incluso por el Ararteko, el Defensor del Pueblo vasco.

En su informe de 2021, consultado por THE OBJECTIVE, esta institución señaló que a estos internos rara vez «se le ofrecen oportunidades de defensa o para proponer pruebas de descargo», pero «más grave» resultaba la constatación de que, con frecuencia, desde las prisiones vascas «se responde represivamente ante denuncias formuladas por los internos o ante quejas por situaciones irregulares». En estas circunstancias, concluía el Ararteko, «el traslado a cárceles muy lejanas es una represalia que se ha adoptado frente a conductas que resultan molestas para la institución».