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Los socios del Gobierno no creen a Marlaska y piden activar una comisión de investigación

La diputada de ERC María Carvalho, ha pedido la dimisión del ministro, al que ha acusado de ser igual que «el PP o la ultraderecha»

Los socios del Gobierno no creen a Marlaska y piden activar una comisión de investigación

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. | Eduardo Parra (EP)

El cerco sobre Fernando Grande-Marlaska se sigue estrechando. A pesar de que la crisis por la tragedia de Melilla parecía superada hace unas semanas tras evitar gracias a PSOE, PP y Vox una comisión de investigación sobre el tema, la publicación de una investigación periodística que niega la versión oficial y sitúa al menos un muerto en territorio español ha vuelto a poner al ministro en el ojo del huracán. Los partidos socios del Gobierno en el Congreso han acusado este miércoles a Marlaska de mentir y ocultar información en su relato de los hechos ocurridos el pasado mes de junio en la frontera de Melilla, una situación que ha llevado a aliados como ERC ha pedir directamente su dimisión.

Los representantes de ERC, EH Bildu, PNV, han cuestionado que el ministro se mantenga en su puesto en el Gobierno cuando, a su juicio, no ha contado la verdad en relación a la actuación de los cuerpos de seguridad en la frontera, la muerte de migrantes en territorio español, la realización de devoluciones en caliente o la falta de auxilio a heridos en la valla.

Para la portavoz de ERC en esta materia, María Carvalho, el discurso del ministro «solo hay mentiras y cinismo» y ha lamentado que esté en la «línea de la extrema derecha». Además, considera que Grande-Marlaska sigue en su puesto porque los muertos de este suceso son «negros y pobres».

La diputada ha criticado el relato «mentiroso y racista» del Gobierno sobre uso de la fuerza proporcionada por parte de los cuerpos del Estado, o la ausencia de muertes en territorio española cuando, según ha explicado, en las imágenes se ven «personas amontonadas entre pelotas de goma y gases», además de «porrazos» realizados por los agentes. Además, lamenta que el Ejecutivo no haya realizado una investigación ante un caso en el que «han muerto 23 personas» y otras «76 están desaparecidas». «Queremos justicia, reparación, garantías de no repetición y una comisión de investigación en esta casa», ha declarado Carvalho.

A esta última petición se ha unido su homólogo de EH Bildu, Jon Iñarritu, quien considera necesaria dicha investigación oficial ante la «divergencia de posicionamiento» que existe entre los representantes políticos, que han visto las imágenes de la frontera, y la del ministro del Interior. Para Iñarritu es incomprensible que el ministro se «siga enrocando» en el mismo relato cuando, a su juicio, «hay pruebas suficientes» a través de los videos, las investigaciones periodísticas o el posicionamiento del Defensor del Pueblo, la comisaria europea de Derechos Humanos o el relator de Derechos Humanos de ACNUR, que demuestran que los hechos se produjeron en suelo español, que no se actuó de forma proporcionada o no se auxilió a personas heridas tras el salto.

También el portavoz de Interior del PNV, Mikel Legarda, ha usado el termino «enrocar» para describir la actitud de Grande-Marlaska antes los hechos ocurridos en junio en Melilla y más concretamente en lo que tiene que ver con las supuestas muertes ocurridas en territorio español y que ha denunciado una investigación periodística. Para Legarda, «es palmario, según los videos» que tras la avalancha, «cedieron las puertas» del lado español, a la vez que «los gendarmes marroquíes empezaron a presionar por la espalda» a los migrantes. «Lo que produjo la estampida», ha indicado.

El PP exige la dimisión

Las críticas al titular de Interior han continuado a través de la portavoz del PP, Ana Belén Vázquez, quien ha acusado a Grande-Marlaska de «ampararse en la Guardia Civil» a pesar de la «desprotección y desmantelamiento» en la que, a su juicio, mantiene a este cuerpo en la frontera. De hecho, ha señalado que, solo por el resultado de 55 agentes heridos en el suceso, de los 100 que había disponibles, el ministro «tendría que haber dimitido ese mismo día».

De hecho, ha calificado el suceso como el «incidente más mortal» ocurrido en la frontera española y ha lamentado que, desde entonces, «la defensa de los derechos humanos en España está en cuestión». «No siga en la mentira y váyase señor Marlaska», ha concluido su intervención.

Mientras el portavoz de Interior de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha lamentado que Grande-Marlaska se haya mostrado «retador orgulloso y soberbio», además de «mentiroso» en su intervención; mientras su homóloga de Junts, Mariona Illamola, se ha quejado de que haya mantenido el mismo discurso de septiembre cuando, tras las imágenes vistas del suceso, los españoles «necesitan explicaciones creíbles». Además, la representante de CUP en el debate, Mireia Vehí, se ha unido a las peticiones de crear una comisión de investigación en el Parlamento y ha puesto el foco la falta de auxilio a migrantes heridos y a la presencia de un menor entre las personas devueltas en la frontera.

Frente a estos ataques, el PSOE ha salido a defender al miembro del Gobierno atacando, por su parte, al PP. El socialista David Serrada se ha mostrado sorprendido porque el principal partido de la oposición se haya situado en este debate «enfrente de la Guardia Civil» al «cuestionar el dispositivo de ese día» en Melilla. Además, le ha acusado de «tergiversar las palabras» dadas por el cuerpo en su explicación de los videos que se visionaron en el Congreso. «Estaban más pendientes de los canapés y las pastas que de prestar atención a los videos», ha denunciado.

Finalmente, la postura de Vox ha sido la de defender la actuación de la Guardia Civil ante lo que consideran «un asalto violento perfectamente coordinado, masivo y desproporcionado frente al número de agentes» españoles en la frontera. El diputado Javier Ortega Smith ha señalado que los agentes pueden decir «bien alto» que de los 2.500 atacantes «solo lograron entrar 130» personas, de las cuales, según ha indicado, «no quedaba ninguna» en territorio español si ellos gobernasen.

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