El Gobierno ignora al sector del porno en la redacción de su ley contra el consumo infantil

Se ignoró al sector de la prostitución en la redacción de la ley de trata, se obvió a los veterinarios en el debate sobre la ley de protección, derechos y bienestar de los animales, y ahora se está haciendo lo propio con el sector del porno con la nueva regulación que el Gobierno prepara para impedir el acceso de menores de edad a la pornografía. Así lo denuncia la Asociación de Productores y Editores de Obras y Grabaciones Audiovisuales (APEOGA), que aglutina a las empresas dedicadas a la producción y edición de obras y grabaciones audiovisuales especializadas en el sector erótico y para adultos.

Su presidente, Antonio Marcos, sostiene en conversación con THE OBJECTIVE que ellos son «los primeros interesados» en que se regule el acceso de menores a contenido adulto, ya que «llevamos cinco años persiguiendo sin descanso una regulación». Por eso lamenta el «desprecio que ha obtenido de todos los partidos políticos, a excepción de Vox, que me llevó al Congreso de los Diputados». Ni PSOE ni Sumar, partidos que conforman el Gobierno de España, se han puesto en contacto con ellos para consultarles. «¡Ni lo harán!», clama el líder de APEOGA.

Y eso que ellos llevan años funcionando «con herramientas de control a los accesos de estos contenidos». Así lo han hecho a través de su plataforma de cine para adultos, vivex.tv, «consiguiendo un control efectivo para el no acceso de los menores y demostrando así que este reto se puede conseguir». Por eso Antonio Marcos tilda de «buitres» a los políticos que ahora se quieren colgar esta medalla.

Visión «mojigata»

En su opinión, el Gobierno tiene una visión «mojigata» y «distorsionada» del porno, confundiendo «un género más del séptimo arte» con «contenido violento que circula por internet»: «Nosotros hacemos cine, cine erótico, para adultos, pornográfico, pero contamos una historia». También critica esa correlación que hacen determinados políticos y medios de comunicación sobre pornografía y delincuencia sexual, refutada por los expertos consultados en su día por este medio.

«Estamos acostumbrados a que en Estados Unidos salga un chaval pegando tiros en un colegio, y hay quien lo atribuye a que se pegaba horas jugando a videojuegos violentos. Eso cala en el público, pero cualquier persona inteligente que piense sabrá que un porcentaje elevado de los chavales se tiran muchas horas jugando a videojuegos. Si su planteamiento fuese real, no podríamos salir a la calle porque estaría llena de chavales asesinos», sostiene Antonio Marcos en un paralelismo.

Por último, desde la Asociación de Productores y Editores de Obras y Grabaciones Audiovisuales consideran que la mala imagen que están trasladando de la pornografía perjudica a las empresas productoras que cumplen la legalidad y beneficia a las plataformas de internet. Por eso celebran la regulación de «contenidos explícitos que se recrean en la violencia y en lo atroz, que en muchos casos están fuera de la legalidad, y que campan a sus anchas por internet sin cortapisas», pero no comparten los postulados sobre los cuales se fundamenta.

Contra la libertad

El proyecto de ley del Gobierno, que no ha contado con el sector afectado, prevé implantar desde este verano un nuevo mecanismo de verificación de la edad, desarrollado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que exigirá a todos los usuarios mostrar un documento de identificación personal para ingresar en las páginas etiquetadas como inadecuadas para menores. Para eso sería necesaria la colaboración de las plataformas tecnológicas.

Se trata de un proyecto para «conciliar el interés superior del menor con los derechos fundamentales de los usuarios» porque la web para adultos o la red social no puede acceder a la identidad del ciudadano, si no interviene un intermediario «de confianza», la Fábrica de Moneda y Timbre (FMT), que certifica la edad. El usuario no facilita su documento de identidad directamente a la web sino que el organismo comprueba que tiene la edad requerida (18 años para acceder a páginas porno y 14 años para redes sociales) y envía a la web un permiso o una denegación.

Ante esta propuesta, los expertos alertan de que este puede suponer un precedente peligroso para las libertades. En primer lugar, podría quebrantar el derecho fundamental a la libertad y a la intimidad para acceder a ciertos contenidos; en segundo lugar, «no es realmente anónima» y se puede llegar a conocer qué personas concretas acceden; y por último, internet es global, y la mayoría de prestadores de servicios afectados por esta medida se encuentran fuera de España.