El Gobierno desconoce la ubicación de los inmigrantes enviados de Canarias a la Península
El Ministerio de Migraciones asegura que no sabe dónde están las 29.000 personas trasladadas en 2023
Decenas de migrantes a su llegada al puerto de La Restinga, a 31 de octubre de 2023. | Europa Press
El Gobierno de España no controla a qué regiones fueron a parar los 29.000 inmigrantes ilegales llegados a Canarias desde África en cayucos en el año 2023, que fueron posteriormente repartidos por toda la península ibérica. Así lo ha admitido el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en una resolución de Transparencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Preguntado por el municipio peninsular de asignación, el número de personas desplazadas a esos municipios, lugar de alojamiento, condiciones y plazos, el departamento que dirige Elma Saiz admite su ignorancia: «Los inmigrantes son alojados en los recursos habilitados a lo largo de todo el territorio nacional, tanto en recursos estables/permanentes como en recursos de carácter excepcional/provisional (esto es, plazas de emergencia que, por su propia naturaleza, son variables al requerir apertura y cierre inmediato como respuesta a las grandes llegadas que se producen a las islas, por lo que no resulta posible ofrecer un dato preciso sobre la cifra de inmigrantes que recibe cada recurso)».
Esto, a juicio del experto en transparencia Guillermo Rocafort, que es quien solicitó la información, evidencia el «descontrol de los procesos migratorios irregulares que sufre España, en donde este Gobierno tiene un papel activo y dinamizador».
El gabinete de Saiz sí que reconoce en la resolución que en el año 2023 se desplazaron un total de cerca de 29.000 personas irregulares de las Islas Canarias a la península. Según este ministerio, además, se han destinado 60,6 millones de euros para sus necesidades básicas en dicho año, lo que supone una media de unos 2.089 euros por irregular llegado a las Canarias y trasladado a la península.
El negocio de la inmigración
Las entidades que realizan dichas contrataciones son organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja, a la que Salvamento Marítimo subcontrata su recogida o rescate en el mar, «con lo que dicha entidad tiene varios roles en el negocio económico de la inmigración ilegal», según el reclamante.
El ministerio tampoco tiene información sobre si se han avisado a las autoridades locales de dichos desplazamientos, incidentes que se han causado con dichos desplazamientos en las reubicaciones de inmigrantes irregulares, qué se va a hacer con esas personas una vez que pasen los periodos contratados con los hoteles e informes de impacto turístico, sanitario, de orden público y de todo tipo que haya para medir el efecto que tendrá en las localidades de asignación.
«Fuerte preocupación»
En lo que va de 2024, la llegada de embarcaciones ilegales a las costas canarias se ha disparado un 630,6% con respecto al año pasado, con 11.704 inmigrantes irregulares sólo antes del 15 de febrero. El Gobierno de Canarias ha admitido una «fuerte preocupación» en vista a las proyecciones, sobre todo teniendo en cuenta que en el primer mes y medio del año alcanzaron las costas del archipiélago más personas que las que lo hicieron durante ocho meses del 2023 (11.439).
El pasado fin de semana, sin ir más lejos, Salvamento Marítimo rescataba otros 119 inmigrantes ilegales que viajaban en una neumática (50) y en un cayuco (69) cuando navegaban en aguas cercanas a Fuerteventura y Gran Canaria.
«Mi convicción es que el destino de España bajo Pedro Sánchez es convertirse en un Estado tapón de la Unión Europea para concentrar en España a la inmigración irregular proveniente de Africa», considera Guillermo Rocafort. Máxime después de que el Congreso de los Diputados haya aprobado la toma en consideración para la regularización de más de medio millón de ilegales, generando, tal y como ha contado este medio, un efecto llamada sin precedentes por todo el Magreb.
«Es fundamental exigir al Gobierno una mayor transparencia sobre su inacción y descontrol al objeto de que la opinión pública española tome conciencia de que España se dirige irreversiblemente al caos migratorio mientras el resto de las Naciones de la Unión Europea toman medidas enérgicas de control de los procesos migratorios irregulares», zanja Rocafort.
