Plus Ultra ataca a THE OBJECTIVE tras revelar la investigación de la Guardia Civil

Plus Ultra envió el pasado martes al mediodía, tres horas después del estallido del caso judicial por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, un comunicado interno a sus más de 350 empleados. En él arremetió contra THE OBJECTIVE por sus recientes exclusivas sobre la investigación que ha llevado a cabo la Guardia Civil contra la aerolínea tras varias denuncias internas y que llevó a la Benemérita a disolver en marzo del año pasado el grupo de agentes que elevaron a la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) un expediente contra la compañía hispano-venezolana.

«Como seguramente sepas, recientemente un medio digital ha publicado unas informaciones en las que se vertían afirmaciones sobre supuestas irregularidades operativas que habrían ocurrido hace varios años en algunos vuelos. Dado el ruido que este tipo de noticias genera, creemos imprescindible hacer las siguientes puntualizaciones», señala la empresa dirigida por Julio Martínez Sola, sin mencionar explícitamente a TO.

La aerolínea explica a renglón seguido a sus trabajadores que «no existe ningún expediente en curso» contra Plus Ultra, ni en AESA «ni en ninguna otra instancia», que afecte a la compañía o que esté relacionado con los vuelos que se mencionan en estas noticias. «Tampoco existe ninguna resolución judicial o administrativa que haya declarado o señalado responsabilidad alguna, ni de la compañía ni de sus profesionales. Esta circunstancia era plenamente conocida por el medio de comunicación que, sin embargo, ha preferido orillarla hasta el último momento, creando un relato de inquietud y riesgo y sembrando sospechas sobre algo tan absolutamente esencial para nosotros como la seguridad de aviones, tripulaciones y pasajeros», prosigue la dirección de la empresa.

Plus Ultra subraya que la «profesionalidad, implicación y solvencia técnica» de sus equipos de profesionales está «sobradamente acreditada», al tiempo que recuerda que «el compromiso personal y la cualificación» son los principales atributos de la compañía. «Dos factores que, aun en tiempos tan complicados, nos permiten ser una aerolínea con los más altos estándares de calidad operativa», incide en su comunicado interno. En este sentido, hace hincapié en que estos datos se demuestran con las auditorías a las que se somete «periódicamente», tanto a nivel interno y de la AESA como «las que practican externamente los clientes que confían en nosotros».

«En todas ellas se avala el cumplimiento de los procedimientos y normativas que garantizan la seguridad de nuestras operaciones, algo que no permitiremos sea puesto en duda en ningún momento. Nuestro historial habla por sí solo. La trayectoria de Plus Ultra, con miles de vuelos realizados cada año, es comparable con la de cualquier otra línea aérea que opera bajo los más altos estándares de la Agencia Europea para la Seguridad Aérea, EASA», constata la aerolínea.

Tras ello, la empresa critica a THE OBJECTIVE por el contenido de las informaciones. «Lamentamos profundamente que informaciones sin respaldo técnico contrastado y con una evidente intención sensacionalista pongan en cuestión la seguridad de nuestras operaciones, pudiendo generar una alarma injustificada. Por todo ello, la compañía ha puesto estos hechos en manos de sus servicios jurídicos y ejercerá cuantas acciones legales estén a su alcance para exigir la rectificación de estas noticias y en defensa de su operativa, reputación y del trabajo de todos sus profesionales».

Este medio desveló el pasado domingo que Interior disolvió en marzo de 2025 la unidad que estaba investigando irregularidades en Plus Ultra. Se trataba del equipo Ares, que fue desmantelado tras elevar a la citada Agencia Española de Seguridad Aérea un informe contra la aerolínea. La presencia de estos agentes en el aeropuerto de Madrid junto a operarios, comandantes de vuelos o personal del handling les permitió tener información de primera mano sobre defraudaciones fiscales y diferentes delitos, tanto de las grandes aerolíneas como de personajes famosos y de los negocios. Y fueron ellos los primeros en analizar las denuncias de varios trabajadores de Plus Ultra por presuntas irregularidades internas.

El foco de este grupo de agentes encuadrados en Barajas se centró sobre los posibles delitos de falsificación documental, violaciones de seguridad aérea y encubrimiento presuntamente cometidos por Plus Ultra en varios vuelos realizados entre 2022 y 2025, en los que se podría haber vulnerado la normativa en seguridad aérea. Los trayectos incluidos en la investigación son un Caracas-Madrid de enero de 2023 que aterrizó de emergencia en Tenerife, un Madrid-Malabo (antigua capital de Guinea Ecuatorial) de noviembre de 2023 y un Madrid-Bogotá de agosto de 2024, en los que hubo un considerable sobrepeso en el momento del aterrizaje que puso en peligro al pasaje y la tripulación. A raíz de ello, la empresa hispano-venezolana ordenó a varios de sus trabajadores que falsificasen u ocultasen parte de la documentación de los vuelos, según reveló también THE OBJECTIVE.

Además, se da la circunstancia, como ya indicó en exclusiva este periódico aportando fotos, de que el 13 de marzo de 2023 el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro también utilizó a Plus Ultra para colar en Madrid 79 maletas como valija diplomática, en lo que sería una especie de Delcygate II, pues no pasaron ningún control de seguridad en Barajas.

El vuelo PUE889 de Madrid a la antigua capital guineana fue el que más interesó a los investigadores, ya que el avión despegó de Barajas con diez toneladas de sobrepeso. Luego, hubo mensajes internos que revelaron un plan de vuelo «falsificado» y presiones a una empleada por parte de sus superiores. El grupo Ares citó en dependencias de la Benemérita a varios pilotos y trabajadores de la compañía para tomarles declaración en calidad de testigos, extremo que la propia Plus Ultra admitió a preguntas de este periódico. La investigación estaba en marcha y el grueso de las testificales tuvo lugar en el verano de 2024.

El expediente concluyó pocos meses después con indicios «sólidos y claros» de que Plus Ultra había cometido irregularidades. Las averiguaciones se trasladaron a la Fiscalía Provincial de Madrid, dirigida por Pilar Rodríguez, conocida en los últimos meses por defender al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el reciente juicio en el Supremo en el que se le juzgó por filtrar el correo de Alberto González Amador cuando buscaba un pacto con el que eludir la cárcel. Sin embargo, Rodríguez estimó que no había pruebas suficientes para iniciar la instrucción penal contra la aerolínea, por lo que decidió no incoar diligencias y el expediente se remitió a AESA.

El grupo Ares se puso en contacto con esta agencia dependiente del Ministerio de Transportes a mediados de marzo de 2025 para fijar una reunión presencial sobre el caso «a la vista de la gravedad de los hechos». Y fue justo en ese momento, apenas transcurridos unos días de este contacto inicial, cuando la Unidad Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil decidió desmantelar este equipo de agentes que trabajaba en Barajas desde hacía una década.

La unidad Ares fue, por tanto, disuelta y el expediente sobre las presuntas irregularidades de Plus Ultra se quedó en un limbo. Desde entonces, no constan más indagaciones ni se ha abierto formalmente una investigación judicial. Y en cuanto a AESA, la autoridad española encargada de supervisar a las aerolíneas, tampoco ha sancionado en este tiempo a la compañía hispano-venezolana, según subrayaron desde la empresa dirigida por Julio Martínez Sola a preguntas de este periódico.

«El expediente se evapora»

«La disolución [de Ares] se produce en el momento operativo exacto en que el expediente, ya instruido, con conclusión clara, y una vez constatada la negativa de la Fiscalía a actuar, iba a ser presentado ante la autoridad supervisora aérea para iniciar la vía administrativa. La cadena institucional se corta justo en ese punto. No hay resolución, no hay seguimiento, no hay archivo formal. Simplemente, el expediente se evapora», esgrimió una fuente próxima a la investigación.

El desmantelamiento de este grupo especializado en seguridad aérea dentro de la Guardia Civil también afectó a una posterior denuncia que llegó a Barajas sobre la utilización de pilotos en prácticas en vuelos comerciales por parte de Plus Ultra. Tanto la normativa europea —el reglamento 965/2012— como la mencionada AESA o el Colegio de Pilotos de Aviación Comercial (Copac) consideran que es una práctica ilegal. «Se envía un mensaje muy claro al resto del cuerpo: investigar a Plus Ultra tiene un coste», concluyó la citada fuente.