'First dates' en las cárceles catalanas: líos con la monitora de teatro, 'sexting' con presos...
El PP impulsa la primera norma que prohíbe las relaciones íntimas entre presos y funcionarios ante el auge de casos
Una prisión catalana, en una imagen de archivo. | EP
El auge de relaciones entre presos y el personal del ámbito penitenciario en las cárceles catalanas preocupa cada vez más en el colectivo de los funcionarios de prisiones. Según denuncian los sindicatos, lo que antes eran casos puntuales se ha ido convirtiendo en «un fenómeno demasiado habitual» en el sistema penitenciario autonómico, con historias que no solo dejarían con la boca abierta a quien las escuchase, sino que también han puesto en peligro la seguridad y el funcionamiento de los centros. Por este motivo, el CSIF ha impulsado —con la ayuda del Partido Popular de Cataluña— una propuesta normativa para que las prisiones y los centros de menores infractores catalanes establezcan la «prohibición explícita de cualquier tipo de relación emocional, afectiva o sexual entre el personal penitenciario y las personas internas».
La formación política impulsa en el Parlamento catalán la creación de un protocolo, el primero de este tipo en España, que prevenga y sancione estas situaciones. En muchos casos, según denuncia el citado sindicato, este tipo de conductas ni siquiera se persiguen internamente, aunque sí que existen precedentes de sanciones y de condenas en los tribunales. «Se cambia al preso o al funcionario de cárcel y asunto resuelto. Lo que ocurre después es que reinciden y van repartiendo amor por otros centros. Otros incluso son premiados con puestos de mando, ignorándose por completo los hechos que protagonizaron», denuncian fuentes sindicales.
Un ‘sinfín’ de relaciones ‘prohibidas’
Estas relaciones prohibidas afectan a todos los colectivos sin excepción: vigilancia, tratamiento, personal sanitario, docentes y personal laboral. Y algunas de sus historias, según confiesan fuentes penitenciarias conocedoras de los hechos, «darían para una telenovela turca» o, al menos, varios capítulos de First Dates. Uno de los casos más destacados es el de una monitora de teatro que acabó enamorándose de un recluso, y no solo eso: lo escondió en su casa después de que se fugara. Más tarde, ambos atracaron un banco. Los dos acabaron regresando a la prisión, aunque ella, claro está, como interna.
Increíble es también la historia de una docente de dibujo de la cárcel Modelo que en 2011, tras la huida de uno de los presos más peligrosos de la prisión, Jorge Sánchez Romero, se marchó junto a él, iniciando ambos una carrera criminal entre Barcelona, Málaga, Almería y Granada, que acabó con dos asesinatos en Mazarrón, Murcia, y con ellos de vuelta a la prisión. Por otro lado, los funcionarios tampoco olvidan la historia de una enfermera penitenciaria catalana que mantuvo numerosas relaciones sexuales con internos de salud mental. Unas prácticas que ya había hecho previamente también en otros centros.
Las relaciones con presos han roto incluso matrimonios entre los propios funcionarios. Estas mismas fuentes recuerdan la historia de una trabajadora que practicaba sexting con un interno utilizando un teléfono móvil que ella misma le había facilitado. «Al parecer, mantenía una relación abierta, pero olvidó decírselo a su marido, que casualmente también trabajaba en el mismo centro», añaden. Se han conocido relaciones incluso entre funcionarios y reclusos vigilados por radicalización yihadista. E incluso otras en las que funcionarios han descubierto que solo eran el amante. «El preso se fugó a Chile y la educadora se fue a buscarlo. Cuando lo encontró, descubrió que tenía esposa e hijos. Un amor transoceánico frustrado».
«Rompe cualquier límite profesional»
La legislación vigente no contempla ninguna norma que prohíba de forma literal las relaciones sentimentales entre reclusos y funcionarios de prisiones. En la actualidad, advierten fuentes penitenciarias, esas conductas suelen derivarse en expedientes disciplinarios graves, con la consiguiente suspensión de empleo e incluso la inhabilitación si se demuestra que han supuesto un problema de seguridad o de orden en el centro penitenciario. No obstante, los sindicatos consideran que han de establecerse límites más nítidos para proteger el funcionamiento del sistema y la institución penitenciaria.
«Lo que comienza como una relación aparentemente inocente y consentida a ojos de los implicados, en la mayoría de los casos acaba convirtiéndose rápidamente en una manipulación absoluta por parte del interno, que explota la situación para obtener favores e introducir teléfonos móviles y otros objetos o sustancias prohibidas. Esto rompe cualquier límite profesional y pone en peligro real la seguridad del centro y el trabajo de todos los compañeros que sí mantienen su responsabilidad y dignidad», advierten desde el CSIF. También puede darse al revés, y que el funcionario abuse de su posición para mantener relaciones con el preso o presa. «¿Qué grado de libertad tiene una persona presa para decidir?», critican desde Sicap-Fepol.
Un «código institucional»
Si se conoce una relación íntima entre un recluso y un trabajador, la ley de régimen penitenciario lo considera ahora mismo un incumplimiento de los deberes profesionales del funcionario. La propuesta de norma del PP pretende calificar «el mantenimiento de relaciones emocionales, afectivas o sexuales entre el personal y los internos» como «grave o muy grave». Además, también proponen un código institucional para prevenir esas situaciones, que contemple la suspensión cautelar de funciones tras la apertura del expediente y la imposición de sanciones más severas como la expulsión del puesto de trabajo.
En la exposición de motivos, la formación popular esgrime que «existe una preocupación ante el incremento de relaciones afectivas y sexuales» entre presos y trabajadores penitenciarios. Unas relaciones, prosigue el escrito, firmado por los diputados populares Juan Fernández Benítez, Monserrat Berenguer y Alberto Villagrasa, que «lejos de ser cuestiones privadas o anecdóticas, abren la puerta a manipulaciones, tráfico de objetos prohibidos y situaciones de descontrol institucional, y constituyen un punto sensible para la seguridad y el buen funcionamiento de los centros penitenciarios».
Por último, el PP y CSIF argumentan que el resto de países europeos son «conscientes del peligro que comportan este tipo de relaciones», y Francia, Alemania, Suecia, Países Bajos y Reino Unido ya «han desarrollado protocolos y normativas de tolerancia cero para prevenir y sancionar estas conductas, considerándolas infracciones graves de seguridad que conllevan la expulsión inmediata».