Las víctimas de los atentados de Cataluña del 17-A piden al Supremo anular la sentencia

Víctimas de los atentados yihadistas del 17-A en Cataluña han pedido al Tribunal Supremo (TS) que anule la sentencia de la Audiencia Nacional porque no se les permitió acusar por los delitos de asesinato y lesiones terroristas. «Nos hemos sentido abandonados por la Justicia», han dicho.

Así se han pronunciado en el marco de la vista que se ha celebrado este miércoles en el Alto Tribunal para estudiar los recursos presentados por las defensas y algunas acusaciones contra la decisión de la Audiencia Nacional de condenar a Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben a penas de hasta 43 años de prisión por pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos de carácter terrorista.

Las acusaciones ejercidas por varias víctimas civiles y Mossos d’Esquadra han utilizado su turno de palabra para pedir que se anule la sentencia de la Audiencia Nacional porque no se les permitió acusar por delito asesinato terrorista y lesiones terroristas.

Las acusaciones han criticado que el magistrado a cargo de la investigación enviara el caso a juicio «limitando» los delitos por los que se podía juzgar a los tres procesados. «No puede dejarse a un magistrado instructor toda la capacidad de limitar el objeto del procedimiento», han apuntado. En este sentido, los letrados han insistido en que la investigación había arrojado evidencias suficientes para que se pudiera imputar a los acusados por delitos de asesinato y lesiones terroristas.

«Justamente los que han sido condenados siguieron las consignas del Daesh (Estado Islámico). Se instruyeron en base al Daesh con una única finalidad: sembrar el terror en la sociedad. Esto está en los hechos», ha señalado una de las letradas al tiempo que ha incidido en que «ha quedado probado el dolor y la intencionalidad» de los acusados.

Al hilo, uno de los letrados a cargo de representar a dos víctimas ha criticado la calidad de la investigación. «Nos falta un cuarto hombre de la célula terrorista. ¿A nadie le importa? A nosotros sí», ha dicho. Y ha añadido: «Nadie investigó nada. Es el propio Estado quien tendría que haberlo investigado».

La Fiscalía se opone a corregir a la Audiencia Nacional

La Fiscalía, sin embargo, ha mostrado su oposición a los argumentos de estas acusaciones. Ha afeado las quejas al considerarlas confusas y se ha preguntado cuál es el problema con que se rechazara la intención de las víctimas de acusar por delitos de asesinato y lesiones terroristas.

«No hay posibilidad de recurso al auto de procesamiento», ha recordado el fiscal José Martínez Jiménez al tiempo que ha incidido en que se trata de un asunto «complejo» en el que hay «muchas víctimas». La Abogacía del Estado no ha estado presente en la vista. El propio tribunal ha recordado al principio de la sesión de este miércoles que tanto el Ministerio Público como los servicios jurídicos del Estado se opusieron a la admisión a trámite de los recursos.

Los acusados piden la absolución

Las defensas, por su parte, han aprovechado la vista de casación para recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional y pedir la absolución de sus representados. La letrada de Driss Oukabir -quien alquiló la furgoneta que utilizó Younes Abouyaaqoub para arrollar a los viandantes de Las Ramblas- ha defendido que su cliente alquiló una furgoneta pensando que era para una mudanza y ha incidido en que «nada acredita que supiese con anterioridad» que se trataría de un atentado.

A su vez, ha recalcado que el viaje que hizo a Marruecos «no tiene nada que ver con una célula terrorista» y que en ningún momento de la investigación se ha acreditado nada sobre supuestos contactos. En su intervención, ha denunciado la «ruptura de la cadena de custodia» de un móvil intervenido por las autoridades, lo que le ha llevado a cuestionar la «integridad» de la investigación. También ha pedido la nulidad de las conversaciones incorporadas en el sumario porque, a su juicio, fueron «manipuladas«.

Ha denunciado además la vulneración del principio acusatorio porque, a su juicio, se le ha condenado en base a declaraciones de testigos protegidos que sin mayores pruebas le ubican en lugares clave de la investigación y confirmaron su supuesta «radicalización».

Por su parte, la defensa de Houli Chemlal -quien grabó los vídeos en los que se ve a los terroristas preparar los explosivos en Alcanar- ha recurrido la sentencia al considerar vulnerada su presunción de inocencia. En este sentido, ha solicitado que se le absuelva porque no era conocedor del plan y no participó en su preparación. «Ayudaba a un amigo. Él no tenía intención de utilizar los explosivos. Ni siquiera era consciente. No tiene pertenencia a una banda organizada», ha dicho la letrada.

Según ha apuntado, Chemlal realizó el vídeo «sin saber la finalidad» en la que trabajaban y una vez que lo sospecha «no hizo nada por miedo a represalias». Al hilo, la defensa de Said Ben Iazza -condenado por un delito de colaboración a organización terrorista por prestar un NIE y una furgoneta para la compra de peróxido de hidrógeno- ha incidido durante la vista que no ha quedado acreditado que su cliente supiera que se iba a comprar a su nombre sustancias químicas ni que se iba a perpetrar un atentado ni que se trataba de un grupo terrorista.

Así, ha afeado que se le haya condenado en una «sentencia que se refiere a lo que hicieron los muertos» y no se acrediten los hechos atribuidos a su cliente. Y ha criticado también que no se le aplicara la atenuante de confesión cuando la propia resolución de la Audiencia Nacional recoge como prueba su declaración.

La Fiscalía, que también ha desestimado los argumentos de las defensas, ha defendido que se destinara parte de la sentencia «a los muertos», dado que considera que «no es solo contextualizar ni buscar la verdad». «Es algo más. Es establecer unas conclusiones certeras sobre la cuestión principal«, ha dicho.

La sentencia impugnada

Cabe recordar que en mayo de 2021 la AN condenó a Chemlal y Oukabir a 53 años y 6 meses de cárcel y 46 años de prisión, respectivamente, por pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos de carácter terrorista; y estragos en tentativa de carácter terrorista en concurso con 29 delitos de lesiones por imprudencia grave. El tercer acusado, Said Ben Iazza, fue condenado a 8 años de cárcel por colaboración con organización terrorista.

Posteriormente, en julio de 2022, la Sala de Apelación de la Audiencia ratificó los aspectos fundamentales de esa primera sentencia, pero estimó parcialmente los recursos presentados por Chemlal y Oukabir por una cuestión técnica, con lo que fijó sus penas en 43 y 36 años, mientras que la del tercer condenado se mantuvo en 8 años. Ninguno de los tres podrá cumplir más de 20 años de prisión.