El PP cree que los letrados se pondrán de perfil ante el uso «inconstitucional» de las lenguas
Los populares esperan que Armengol cumpla su promesa y presente un informe jurídico que valide algo de «imposible cumplimiento».
La presidenta del Congreso, Francina Armengol. | Europa Press
La legislatura ha empezado con mal pie y con las primeras fricciones entre Gobierno y oposición. La constitución de los grupos parlamentarios con la cesión de diputados de PSOE y Sumar a Junts y ERC y el compromiso de la presidenta, Francina Armengol, a que se permita el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, al igual que en el Senado, ha generado las primeras tensiones entre la presidencia del Congreso y la oposición ante unas primeras medidas que consideran «inconstitucionales» o «fraudes de ley». El próximo lunes se reunirá nuevamente la Mesa del Congreso y el PP espera que la presidenta acuda con un informe de los letrados que avale la legalidad de una iniciativa que negocian PSOE y ERC para permitir el uso del gallego, catalán y euskera en el hemiciclo.
Fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que la proposición que negocian PSOE y ERC, cuyo pacto adelantó esta semana El Periódico de Cataluña, «aún está verde» y dista mucho de ser inminente. Y atribuyen la filtración de un supuesto pacto a la necesidad de ERC de colgarse una medalla mientras el líder de Junts, Carles Puigdemont, acapara los focos ante su comparecencia del próximo martes.
Otros motivos de la demora de la iniciativa radican en la complicación de su puesta en marcha, ya que requiere de una memoria económica para la contratación de traductores y medios técnicos que garanticen la traducción. Pero la primera batalla será la jurídica, que ralentizará el trámite parlamentario. El PP espera que «Armengol cumpla su promesa» y consulte a todos los grupos parlamentarios después de presentar un informe de los letrados que avale la propuesta.
Dudas de constitucionalidad
Pero los populares entienden que esto no puede ocurrir porque se trata de una medida «inconstitucional» que sí tiene encaje legal en el Senado pero no en el Congreso. La diferencia entre ambas cámaras radica en la naturaleza del Senado como cámara territorial. Según fuentes parlamentarias, «la Cámara Alta representa a los diferentes territorios y, en algunos de ellos, las lenguas cooficiales del Estado son lenguas oficiales en sus comunidades autónomas» como en Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Galicia, entre otras.
«Además, la Cámara Alta tiene la representación de senadores que se presentación por designación de sus parlamentos autonómicos, con lo que deben poder expresarse en la misma lengua en la que se expresan en sus comunidades. Pero el Congreso no tiene esa naturaleza ni tampoco cuotas de designación autonómica, por lo que no se puede permitir el uso de las lenguas cooficiales en una lengua que no entienden el resto de parlamentarios», sostienen estas fuentes parlamentarias.
Los letrados, en la diana
Un argumentación que eleva la expectativa sobre el informe jurídico de los letrados y que defensa hacen de la proposición de ley que debaten socialistas y republicanos. Los populares temen que los letrados del Congreso «se pongan de perfil» como hicieron esta semana en la reunión de la Mesa que abordó la cesión de diputados de PSOE y Sumar a Junts y ERC. Un «fraude de ley», desvelaron fuentes populares a este periódico, sobre el que se inhibieron los letrados con «un informe no concluyente en el que se limitaron a citar los precedentes sin tomar partido».
Llueve sobre mojado porque no es la primera vez que los letrados del Congreso están en entredicho. En la pasada legislatura, los populares pusieron en la diana al letrado mayor de Cortes por su afinidad y complicidad con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en los conflictos institucionales que se dieron entre la presidencia del Congreso y el Tribunal Supremo por la retirada del escaño al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez. Algunos ven tibieza de los servicios jurídicos de la cámara, otros afinidad con el Gobierno para evitar otros conflictos similares. Pero el PP no tiene voluntad de dejar pasar esta batalla ante los letrados, a quienes solicitaran «que se mojen» en un asunto que consideran flagrantemente inconstitucional.
