El PSOE se abre a cambios retóricos para que la amnistía sirva «a todos los independentistas»

El Gobierno no tira la toalla y, pese a las evidentes discrepancias, confía en llegar a un acuerdo con Junts en torno a la ley de amnistía antes del 1 de marzo, según adelantan fuentes gubernamentales a THE OBJECTIVE, transcurrido un mes desde que decayera la iniciativa en pleno y más de 15 días desde su vuelta a la Comisión de Justicia. A la espera de lo que dirima el próximo martes 6 de febrero la Mesa del Congreso, los planes de Moncloa pasan porque sea la mesa de la Comisión de Justicia la que fije la próxima semana el calendario para continuar con la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de amnistía. Una reunión de la mesa que, según estas fuentes, se llevará a cabo previsiblemente el mismo martes, con la intención de convocar cuanto antes una reunión de la Comisión de Justicia para retomar sus trabajos donde los dejó.

El pleno del Congreso rechazó la aprobación de la ley de amnistía, pero aprobó el dictamen de la comisión de Justicia, que ahora vuelve al órgano parlamentario, donde no se pueden presentar nuevas enmiendas pero sí acuerdos transaccionales entre los grupos parlamentarios para la redacción de un nuevo dictamen. Según fija el artículo 131 del Congreso, el proyecto legislativo que no consiguiese la mayoría en el pleno «será devuelto a la Comisión, que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes». 

Comisión de Justicia: 9 o 12 de febrero

Según los cálculos del Gobierno, la primera reunión de la Comisión de Justicia se celebrará el viernes 9 o el lunes 12 de febrero, previsiblemente la segunda fecha, dado que los viernes no suele haber actividad parlamentaria en el Congreso. Es a partir de entonces cuando los socialistas fijan el principio de la cuenta del mes de plazo, que tanto el Gobierno como Junts reducen a la mitad, 15 días. Según fuentes de Moncloa, es posible alcanzar un acuerdo que permita la aprobación de un nuevo dictamen en la comisión de Justicia antes del 1 de marzo. Un nuevo acuerdo que permita cambios «retóricos» en el texto del dictamen, en el cual se incluyeron los delitos de terrorismo entre los beneficiarios de la amnistía, siempre y cuando «no vulneren los derechos humanos». 

En el Gobierno son conscientes de que el debate de los tipos de terrorismo no les es favorable y que la argumentación del ministro Félix Bolaños sobre los tipos de terrorismo que no vulneran los derechos humanos es un marco argumental que hay que evitar. La nueva estrategia de Moncloa es negar la mayor e impugnar las tesis del juez García-Castellón sobre Tsunami Democràtic y los CDR. Pero el salto cualitativo es que lo que hasta ahora se admitía sólo en privado, tanto en las conversaciones con periodistas, como en las negociaciones con Junts, haya sido solemnizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nada más y nada menos que en Bruselas, la capital comunitaria a la que muchos miran con la esperanza de que sean los tribunales europeos los que frenen la ley de amnistía, por beneficiar a personas investigadas por delitos de terrorismo. 

Sánchez: «No es terrorismo»

«Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo», solemnizó Sánchez desde Bruselas en una declaración de gran simbolismo y en el peor momento de las relaciones con Junts. «Todos los independentistas van a estar amnistiados porque no son terroristas», dijo sin tapujos el presidente en una rueda de prensa en la que puso en valor el trabajo «muy laborioso» de elaboración de la ley de amnistía que definió como «valiente, reparadora y constitucional». Y ahí dio pistas sobre los posibles cambios que se podrían acordar en la comisión de Justicia para cerrar un acuerdo con Junts: «El objetivo es que del Congreso salga así, igual de valiente, reparadora y constitucional». 

Es decir, sin cambios relevantes en lo sustancial porque la ley ya permite amnistiar a «todos los independentistas» y porque el PSOE ya ha cedido demasiado. Por primera vez, Sánchez reconoció las cesiones ante Puigdemont: «En una negociación no se tiene que medir quién cede o no cede. Al final, todos hemos cedido para lograr una ley valiente». Y lo hizo en un claro mensaje a Junts, para demostrar su voluntad de llegar «hasta el final», es decir, la aprobación final de la ley de amnistía, sin la cual sería imposible culminar su obra de la «convivencia». «Estamos ya en el momento de afrontar de cara el reencuentro total. Hemos llegado hasta aquí todos juntos. Cinco partidos. Hemos hecho un esfuerzo de generosidad, de diálogo, de acuerdo. Creo que ha llegado el momento de dar el paso, un paso trascendente para nuestra democracia, pero que creo que va a ser positivo para la sociedad catalana y, por tanto, para el conjunto de la sociedad española, porque vamos a ganar en convivencia».

Enmiendas «retóricas»

Este es un claro llamamiento a Puigdemont para no frustrar el acuerdo en su recta final y aceptar la ley, tal y como está. Sánchez apeló por ello a la «templanza para llegar a un acuerdo, porque todo lo que hemos pactado hasta ahora es lo suficientemente riguroso y solido para ir superando el horizonte judicial». Una nueva referencia velada a las posibles modificaciones en la norma en aras de alcanzar un acuerdo, por las que fue preguntado en dos ocasiones por los periodistas. El jefe del Ejecutivo quiso poner el foco en lo que se ha acordado hasta la fecha: «Es una cuestión de lo que hemos hecho hasta ahora. Con el proyecto de ley que tenemos ahora, el independentismo va a ser amnistiado. Van a ser capaces de superar errores que ellos mismos han cometido». 

No obstante, fuentes de Moncloa consultadas por THE OBJECTIVE no descartan que se pacte un nuevo texto transaccional con los independentistas. «La esencia está clara», explican, sin que ello excluya aceptar enmiendas «retóricas» que permitan a Junts transitar de su posición contraria hacia un voto a favor. Ayudar a los posconvergentes a vestir su nuevo cambio de posición, pactar esa transición de espaldas a las «injerencias judiciales». Porque lo que más une en estos momentos al Gobierno y a los independentistas es su animadversión a los jueces que «quieren parar la amnistía». Por ello, algunas voces piden evitar la «retroalimentación con la judicatura» y aprobar cuanto antes la proposición de ley que quieren hacer naufragar. Sánchez busca hacer causa común con Puigdemont y ha encontrado el enemigo común del poder judicial como pegamento para la legislatura.