El Gobierno monitoriza la estrategia de 150 medios y administraciones contra los bulos
Tiene datos de plataformas de contenido, redes sociales, ‘influencers’ y canales de televisión
Pedro Sánchez. | Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/dpa
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha recibido un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre las medidas de alfabetización mediática para evitar los bulos o fake news tomados por plataformas informativas, medios de comunicación, ministerios, administraciones públicas y otros organismos. El documento destaca que han reclamado datos a un total de 1.476 agentes, obteniendo respuesta de 146 de ellos.
Esta información permite al Ejecutivo disponer de un mapa completo de las estrategias de quienes distribuyen contenidos y la forma en que impulsan un espíritu más crítico entre los consumidores de información.
En concreto, el término «alfabetización mediática» se define como la capacidad de acceder, analizar, evaluar y crear mensajes en una gran variedad de formas, con el objetivo de identificar las noticias falsas y disponer de un mayor marco de conocimiento para analizar noticias o informaciones procedentes de redes sociales.
El informe se presentó a finales de 2025 e incluye las medidas de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual a nivel nacional y las medidas desplegadas por los prestadores de ámbito autonómico y local. También se recogen las emprendidas por las entidades sin ánimo de lucro, la financiación pública destinada al desarrollo y promoción de la alfabetización mediática, así como el despliegue de estas medidas en el ámbito educativo y la implicación legislativa y organizativa a todos los niveles.
Entre las corporaciones y entes a los que se ha reclamado información están grupos de medios como Atresmedia y Mediaset, operadores como Telefónica y Vodafone, entidades de la talla de La Liga de Fútbol Profesional y plataformas como Netflix y Disney, además de redes sociales como YouTube, TikTok, Instagram y Twitch, por citar solo algunos de los 1.476 agentes a los que la CNMC ha solicitado información.
La recogida de estos datos y la elaboración del informe responden a las exigencias marcadas desde Bruselas a través de la Directiva DCSA, que marca que esta documentación debe entregarse a la Comisión Europea cada tres años. Son ordenados por el Gobierno español a la CNMC para cumplir con esta imposición.
El primer estudio tenía como fecha tope el 19 de diciembre de 2022, por lo que el segundo se tenía que entregar el mismo día de 2025. Los datos reflejados en este artículo se extraen precisamente de los detalles publicados por la CNMC en el informe.
El documento despliega un análisis exhaustivo de las medidas de las empresas a las que se han reclamado los datos. Una información que el Ejecutivo ya tiene sobre la mesa, con presupuestos de administraciones y grupos privados dedicados al fomento de acciones contra la desinformación.
Es algo que desgrana la CNMC, que desvela en el propio informe que este «incluye las medidas de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual a nivel estatal, las medidas desplegadas por los prestadores de ámbito autonómico y local, las emprendidas por las entidades sin ánimo de lucro, la financiación pública destinada al desarrollo y promoción de la alfabetización mediática, así como el despliegue de estas medidas en el ámbito educativo y la implicación legislativa y organizativa a todos los niveles».
Solo se obtuvieron 146 respuestas
El periodo para reportar medidas e iniciativas de alfabetización mediática estuvo abierto entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre de 2025 a través de la Sede electrónica de la CNMC.
De las 1.471 peticiones formuladas a otros tantos agentes, el organismo encargado de regular la competencia en nuestro país manifiesta que solo 146 han recibido respuesta.
«En este periodo se ha recibido la respuesta de 76 agentes, además de la contribución de 70 UERS (Usuarios de Especial Relevancia) de contenido e influencers», apunta el documento.
Las respuestas recogen un total de 580 medidas adoptadas por medios, plataformas, administraciones públicas e influencers, con un total de 13 acciones legislativas comunicadas.