Vox exige auditar las políticas de Igualdad y endurecer las penas por delitos sexuales

Vox ha registrado este lunes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la que pretende instar al Gobierno a auditar las políticas del Ministerio de Igualdad, endurecer las penas por delitos sexuales y «perseguir prácticas contrarias a la dignidad de las mujeres importadas por la inmigración masiva», para su debate en la Comisión de Igualdad.

En concreto, esta iniciativa aborda «la inseguridad que padecen las mujeres como consecuencia de la inmigración masiva y de la irresponsabilidad del Gobierno», ha advertido del «deterioro insostenible de la seguridad pública» y reclama «un cambio integral de las políticas de seguridad, inmigración y protección de las mujeres».

El partido denuncia que «las mujeres españolas contemplan con desasosiego cómo se multiplican las agresiones sexuales, los delitos violentos y los episodios de intimidación en espacios públicos, transportes y zonas urbanas degradadas por la inmigración masiva y descontrolada».

Asimismo, ha criticado el «rotundo fracaso» de las «políticas ideológicas» del Gobierno en materia de igualdad y protección de las mujeres, señalando especialmente las consecuencias de la ley del ‘solo sí es sí’, una norma que provocó «la revisión masiva de condenas de delincuentes sexuales, con centenares de rebajas de pena y numerosas excarcelaciones anticipadas de agresores sexuales».

La proposición también alerta sobre el funcionamiento de las pulseras telemáticas destinadas al control de órdenes de alejamiento, asegurando que «los reiterados fallos técnicos, errores de geolocalización, pérdidas de cobertura y falsas alertas» han evidenciado «la absoluta fragilidad de un sistema» que «ha sido incapaz de garantizar una protección eficaz para las víctimas».

Por ello, Vox insta al Ejecutivo a efectuar una auditoría de resultados de las políticas y programas de gasto del Ministerio de Igualdad para identificar «todas aquellas que no hayan logrado resultados efectivos para la protección de las mujeres, orientando todos sus recursos a la protección real de las mismas». También le pide promover las modificaciones legislativas necesarias a fin de «garantizar la protección real y efectiva de todas las mujeres» y dotar al Poder Judicial y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de «los medios necesarios para garantizar la efectiva protección de las mujeres».

Apuesta también por promover las modificaciones legislativas necesarias para endurecer las penas previstas en los delitos contra la libertad sexual, especialmente cuando las víctimas sean menores, personas vulnerables o concurran circunstancias de violencia, intimidación o actuación grupal, garantizando una respuesta penal «firme y verdaderamente disuasoria».

A su vez, los de Abascal han abogado por perseguir «con absoluta contundencia» la «práctica de costumbres que, importadas a nuestro país como consecuencia de la inmigración masiva, sean contrarias a la dignidad de las mujeres y las niñas, como la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos o el uso, e imposición de uso, de prendas como el burka y el nicab».