El PP obliga a Interior a que «deje por escrito» en el Senado si autorizó escolta para Leire Díez
Registran preguntas para saber qué informes avalan la adopción de esta medida en plena investigación de la UCO
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. | Europa Press
El Grupo Popular en el Senado quiere que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explique por escrito si su departamento autorizó un dispositivo de contravigilancia sobre la fontanera del PSOE, Leire Díez, mientras estaba siendo investigada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Los populares han registrado unas preguntas parlamentarias, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, tras publicar este periódico una serie de informaciones en las que se afirmaba, según fuentes policiales, que este servicio de escolta se había activado.
Los populares señalan que «la autorización de un dispositivo de contravigilancia a Leire Díez durante dos meses, coincidiendo con una investigación de la UCO sobre la trama vinculada al caso SEPI, plantea dudas relevantes sobre los criterios de actuación del Ministerio del Interior». A su juicio, «la utilización de recursos policiales, la posible interferencia en investigaciones judiciales o policiales en curso y la coherencia entre las explicaciones públicas ofrecidas por los responsables del departamento y las decisiones finalmente reconocidas».
Este grupo parlamentario señala que «la gravedad institucional del asunto exige aclarar quién adoptó la decisión, con qué fundamento jurídico, bajo qué valoración de riesgo y qué conocimiento tuvo el Gobierno de España de una medida que, según se indica, generó malestar en unidades policiales por su carácter excepcional».
La primera de las cuestiones que plantean los populares se refiere a «quién autorizó exactamente en el Ministerio del Interior el dispositivo de contravigilancia a Leire Díez y qué informes técnicos o jurídicos justificaron la adopción de una medida de estas características». La segunda pregunta trata de aclarar si «tenía conocimiento el Gobierno de España de que Leire Díez estaba siendo objeto de actuaciones o seguimiento por parte de la UCO cuando se activó el dispositivo policial de contravigilancia».
Finalmente, el PP quiere que Marlaska le diga si «puede garantizar el Gobierno de España que dicha contravigilancia no interfirió, directa o indirectamente, en las investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil en relación con el caso SEPI». En definitiva, fuentes populares señalan que, «después de tantas versiones contradictorias, [van] a forzar al Gobierno a que deje por escrito la verdad de las escoltas a Leire Díez».
Este periódico publicó el pasado 12 de junio que agentes de la Brigada Provincial de Madrid de la Policía Nacional organizaron un dispositivo de contravigilancia sobre Leire Díez en junio del pasado 2025. La orden partió del Ministerio del Interior, tras una petición de la propia Díez. Fuentes de la Guardia Civil destacaron la gravedad de esta decisión, ya que se tomó en plena investigación de la UCO contra Leire Díez y otros de los implicados en la trama del caso SEPI.
El ministro Fernando Grande-Marlaska mintió cuando aseguró que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, no se había reunido nunca con Leire Díez. Y volvió a mentir esta semana cuando aseguró que su Ministerio no había puesto ningún tipo de vigilancia o protección a la ya conocida como fontanera del PSOE. Solo unas horas después de asegurar esto último ante el Senado, el ministerio reconoció que a Díez se le puso un equipo policial para labores de contravigilancia.
Servicio de contravigilancia
La revelación de Leire Díez fue objeto de un «servicio de contravigilancia», según explicaron a THE OBJECTIVE fuentes próximas a la investigación, y es «aún más grave que si se hubiera tratado únicamente de una escolta de protección dinámica o estática». La contravigilancia implica, en esencia, que los agentes designados a esa misión comprueben si la persona está siendo vigilada, tanto con seguimientos físicos como por medios electrónicos.
La clave en el asunto de la contravigilancia a Leire Díez son las fechas: la ahora imputada en el caso SEPI solicitó protección tras la rueda de prensa que ofreció a principios de junio de 2025 y en la que se desligó de cualquier operación para desarticular causas judiciales contra el PSOE. En ella, también, apareció por sorpresa el empresario Víctor de Aldama, que llegó a enfrentarse a ella y al socio de esta, Javier Pérez Dolset.
Díez solicitó una orden de alejamiento para Aldama y una escolta, tal y como adelantó entonces este diario. Le fue denegada, pero Interior decidió colocar un equipo de contravigilancia con agentes de la Brigada Provincial de Madrid. Y lo hizo en un momento en el que la UCO estaba siguiéndole la pista a Leire Díez y a la trama.