Vocales conservadores del CGPJ alertan a Bruselas sobre las reformas del Gobierno

Cinco vocales de los 18 que integran actualmente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se han dirigido a la Comisión Europea para dar respuestas «complementarias» a las enviadas por el propio CGPJ ante las preguntas planteadas por Bruselas para elaborar su informe anual sobre el Estado de Derecho en cada Estado miembro. En ellas, estos vocales, del ala conservadora, alertan sobre un «grave» debilitamiento de la independencia judicial por las reformas del Gobierno sobre el CGPJ.

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, los vocales José María Macías, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez, María Ángeles Carmona y Carmen Llombart explican que han recurrido a esta «fórmula inusual» de comunicación con Bruselas porque el borrador con las respuestas del CGPJ se entregó a los vocales que no forman parte de su Comisión Permanente con «un tiempo insuficiente para su análisis» y se envió sin que hubiese debate previo en el Pleno sobre las mismas, según señala Europa Press.

«La consecuencia de esta forma de proceder es que el texto que se ha comunicado a la Comisión Europea solo ha sido asumido por 6 de los 18 vocales del CGPJ», aseguran los cinco firmantes. En su contestación suplementaria denuncian «nuevamente» que «el incumplimiento de los estándares del Estado de Derecho de la Unión Europea es intenso y debilita las funciones del CGPJ para la defensa de la independencia del Poder Judicial en España».

Ponen el foco en que «la erosión de las competencias del CGPJ debilita su capacidad para proteger la independencia del Poder Judicial». Aluden, en primer lugar, a la reforma legal de marzo de 2021 que imposibilita a un Consejo en funciones, como el actual, hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, porque «está perjudicando gravemente el funcionamiento regular de algunos tribunales».

En este punto, recuerdan la situación que sufre el Tribunal Supremo, «cuyos efectivos no se pueden reponer», y avisan de que «también está produciendo unos efectos intensamente nocivos en algunas jurisdicciones, como la militar, la totalidad de cuyos nombramientos, cualquiera que sea su grado, se ve afectada por la limitación de competencias».

Para los cinco vocales, «ese debilitamiento se ha hecho más evidente» con la reforma operada el pasado verano sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para devolver al CGPJ su poder para hacer nombramientos, aunque solo para designar a sus dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC).

«A conveniencia del Gobierno»

«Con ello se ha evidenciado una modulación de las competencias del CGPJ a la conveniencia del Gobierno», afirman para añadir que «resulta incomprensible que se considere irrenunciable el nombramiento de los magistrados de un alto tribunal, como el Constitucional, y no las de otro alto tribunal, como el Supremo».

A su juicio, «el debilitamiento de la independencia del Poder Judicial desde la perspectiva de los estándares europeos de Estado de Derecho que deriva de la anterior situación es grave y evidente».

Además, critican que «no se ha proporcionado ni por el Gobierno ni por el Legislativo una explicación razonable de las razones por las que un CGPJ cuyo mandato está prorrogado no puede ejercer las funciones propias de un órgano con mandato prorrogado».

«Ello obliga a entender que la razón por la que se ha debilitado la independencia del Poder Judicial en España, mermando las competencias de su órgano de gobierno, no guarda relación con la situación de prórroga del mandato del CGPJ, sino que se utiliza como fórmula de presión en el debate entre partidos políticos, aunque sea a costa de las exigencias del Estado de derecho», lamentan.

Sin renovación por la reforma penal

Por otro lado, constatan que «el CGPJ sigue sin renovarse» recordando que el año pasado hubo negociaciones entre Gobierno y PP para remediarlo que «concluyeron de manera infructuosa como consecuencia de la crisis de las negociaciones provocada por la modificación del Código Penal».

Advierten asimismo de que esta reforma penal «ha supuesto que no solo se ha modificado el Código Penal para suprimir el delito de sedición, con aparente generalidad pero para dejar sin contenido una sentencia concreta, sino también para limitar el delito de malversación a lo supuestos en los que existe ‘apropiación’ personal de los fondos públicos, pero no se sancionará que a esos fondos se les dé un destino distinto al previsto en la ley».

En su opinión, «ello supone un paso atrás y un debilitamiento de la capacidad del Estado para luchar contra la corrupción de los altos cargos públicos, incluso cuando manejan volúmenes importantes de fondos públicos».

No obstante, apostillan que «la controversia de fondo entre los grupos parlamentarios y partidos políticos que dificulta la renovación del CGPJ sigue siendo la misma que en años anteriores: la discusión sobre la adaptación del modelo de gobierno judicial español a los estándares europeos de Estado de Derecho». Y, concretamente, «la forma en cómo han de ser elegidos los vocales judiciales del órgano de gobierno del Poder Judicial.

«Mala percepción»

Los cinco vocales señalan que esta «concurrencia de circunstancias» ha redundado en «la mala percepción de la opinión pública sobre la independencia judicial en España». Al hilo, recalcan que «las modificaciones legislativas a que nos hemos referido han sido objeto de amplia atención por los medios de comunicación, que han formulado juicios críticos».

«Esta continuada sucesión de reformas e intentos de reforma de las normas que rigen el Poder Judicial, llevadas a cabo en estos términos, inevitablemente trasladan a la ciudadanía una percepción negativa sobre la independencia del Poder Judicial en España», sostienen.

A ello añaden que, «durante todo ese período, pero también específicamente durante 2023, han sido continuas las manifestaciones públicas insultantes y ataques de miembros del Gobierno y del Legislativo contra jueces y magistrados con el objetivo de desmerecer su crédito ante la opinión pública, violando con ello nuevamente los estándares de Estado de Derecho de la Unión Europea».

Cómo se reforma

También llaman la atención sobre el hecho de que «las reformas se llevan a cabo por vía de proposición de ley (…), en lugar de la habitual en la práctica constitucional española del proyecto de ley». «Y, como consecuencia de la omisión de un previo proyecto normativo que se eleve al Parlamento, se elude la participación de todos los órganos consultivos y de los sectores implicados, tanto el Consejo General del Poder Judicial, como los jueces a través de sus asociaciones, como la Comisión de Venecia y demás actores cualificados», exponen.

Critican igualmente que «se ha instalado también la práctica de aplicar la tramitación de urgencia y aprobación en lectura única, con lo que las reformas se llevan a cabo en escasas semanas», e «incluso se procede, durante la tramitación de normas ajenas al Poder Judicial, a la alteración de las propuestas legislativa iniciales por vía de enmiendas heterogéneas».

«Con lo que no solo se limita la participación del CGPJ y otros actores jurídicos cualificados, sino que la limitación alcanza también a los grupos parlamentarios de la oposición», recalcan, poniendo de manifiesto que «esta situación ha dado lugar a que el Tribunal Constitucional se haya visto obligado, por primera vez en su historia, a suspender la tramitación de una ley dirigida a modificar el Código Penal».