Los socios de Sánchez redoblan el pulso por un MIR judicial ante la debilidad de Llop
Compromís considera insuficientes las becas para preparar las oposiciones. El Gobierno doblará el presupuesto este año hasta los 3,2 millones de euros
Pilar Llop durante una entrega de condecoraciones en Málaga. | Álex Zea (Europa Press)
Los socios de Pedro Sánchez rescatan el MIR judicial. Su objetivo es garantizar que las clases más humildes ingresen en la judicatura. El Gobierno otorgó el año pasado 245 becas y destinó a la empresa 1,6 millones de euros. Los presupuestos de este ejercicio doblan la partida. Para Compromís continúa siendo insuficiente. La formación valenciana se suma a otras fuerzas para cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial. Están decididos a dar la batalla en las horas más bajas de Pilar Llop, cercada por la ley del solo sí es sí y en conflicto con los letrados de Justicia, que mantienen la huelga desde hace un mes.
Más País y Podemos fueron los primeros en lanzar una propuesta para ayudar a aquellos opositores cuyas familias disponen de pocos recursos. Durante una intervención en el Congreso en octubre de 2020, Íñigo Errejón apostó por «un MIR judicial y una academia pública para que los opositores se puedan formar con tasas accesibles». Sánchez no recogió el guante.
La formación morada, ya en el Ejecutivo, anunció en septiembre de 2021 una propuesta para modificar el acceso a la carrera judicial. «Será para hacer algo similar a un MIR y acabar con el sesgo de clase», defendió Isa Serra. El cambio figuraba en el pacto de gobierno suscrito por PSOE y Podemos. La fórmula también cuenta con el apoyo ERC.
El pacto de Sánchez
Todos mantienen el compromiso de modernizar el modelo, que data del siglo XIX. Compromís considera «un avance» la convocatoria de ayudas económicas para que «cualquier persona» pueda preparar oposiciones para ingresar en la carrera judicial. El año pasado se adjudicaron 245 para distintos cuerpos: jueces, fiscales, letrados de la Administración y Abogados del Estado. Cada una de ellas está dotada con más de 6.000 euros anuales. Sin embargo, les parece insuficientes.
«Hasta ahora era una posibilidad limitada a quienes podían pagarse los cursos», afirma el senador Carles Mulet. Para resolverlo, la formación valenciana sigue la estela de otras fuerzas que apoyan a Sánchez. Plantea modificar el modelo de acceso, que continúa siendo el mismo que en 1869. La fórmula es válida siglo y medio después porque, según fuentes gubernamentales, «no contradice los criterios de mérito y capacidad que establece la Constitución».
Mulet apuesta por una sistema parecido al que ahora se enfrentan los médicos, con un examen tipo MIR. Su intención es crear una academia pública que acabe con «este modelo endogámico» en el que los preparadores, jueces en activo, desarrollan «un papel opaco». En su opinión, las becas que puso en marcha Sánchez el año pasado no cubren todos los gastos de los opositores.
El ingreso a la carrera judicial en España está regulado en los artículos 301 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La web del órgano de gobierno de los jueces afirma que el proceso de selección garantiza, «con objetividad y transparencia», la igualdad en el acceso a todos los ciudadanos. Sin embargo, varios partidos se quejan que no todos los aspirantes cuentan con las mismas oportunidades, algo que rechazan la mayor parte de las asociaciones de jueces.
Gastos de 600 euros al mes
El sistema de ingreso es por oposición libre. Consta de tres ejercicios memorísticos de carácter eliminatorio, un test y dos pruebas orales sobre alguno de los 360 temas, explica un antiguo opositor. Para diseñar el programa de becas, el ministerio de Llop se basó en un estudio publicado por la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) en 2000. El documento reveló que un opositor necesita una media de 600 euros al mes para cubrir los gastos de formación, a lo que hay que sumar la manutención.
Los opositores consultados por THE OBJECTIVE reconocen que se trata de un mundo «muy endogámico» y que el sistema de becas no es suficiente. Además, denuncian que los preparadores son jueces en ejercicio que en muchos casos les exigen pagos en metálico y sin declarar. Una vez que aprueban los exámenes deben realizar una estancia de 18 meses en la Escuela Judicial de Barcelona.
El rey Felipe VI presidió el 31 de enero la entrega de despachos a la 71 promoción. En total, 171 nuevos jueces que han elegido preferentemente a Cataluña como primer destino (allí se quedarán 76 de los nuevos miembros). El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) destaca que el perfil de los nuevos jueces es el de una mujer con una edad media de 29 años que ha tardado cinco años y un mes en preparar y aprobar la oposición y que no procede de una familia de juristas.
«La tradición familiar no es el elemento determinante que llevó a los nuevos jueces a elegir la profesión», resalta el CGPJ. De hecho, tres de cada cuatro miembros de la última promoción no tienen familiares (hasta el segundo grado de consanguineidad) que hayan ejercido o ejerzan la profesión. El órgano de gobierno de los jueces también subraya que, durante la preparación de los exámenes, el 99% de los estudiantes contaron con el apoyo económico de sus padres.
