Bruselas insta a Bolaños a pactar con los funcionarios de Justicia su nuevo salario

Recursos, inversiones en infraestructura y personal cualificado y adecuadamente remunerado. La Comisión Europea considera que esos elementos son «indispensables» para que un sistema judicial funcione. El ejecutivo comunitario ha reconocido en una carta a los sindicatos españoles la necesidad de que los trabajadores reciban salarios apropiados. La misiva también ensalza el papel de la negociación colectiva. Supone un toque de atención a Félix Bolaños, ya que las organizaciones sindicales solicitan al nuevo ministro una reunión inmediata para concretar el aumento retributivo prometido a los funcionarios de Justicia.

Los comisarios europeos de Empleo, Nicolas Schmit, y de Justicia, Didier Reynders, han respondido a la queja que realizaron cuatro sindicatos en plena huelga de los funcionarios de Justicia. La carta inicial se envió en julio, cuando Bolaños no era aún el titular de la cartera. CSIF, STAJ, UGT y CCOO relataron al Ejecutivo comunitario los detalles del conflicto, cómo afectaba este a los procesos judiciales y los acuerdos que alcanzó el Gobierno con jueces y fiscales mientras se negaba a negociar con ellos.

La misiva, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, destaca que la UE «reconoce y promueve el papel de los actores sociales con el objetivo de facilitar el diálogo entre ellos», aunque admite que la negociación colectiva es responsabilidad de los Estados miembros. Ahí radica el origen del conflicto. A finales de 2022, los sindicatos se sintieron desplazados en las conversaciones por el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público, uno de los planes estrella de Pilar Llop, predecesora de Bolaños.

La llegada de Bolaños

Los sindicatos denunciaron que la norma, que no llegó a aprobarse, fue remitida a las Cortes «sin haber sido negociada a pesar de afectar de forma directa a nuestras condiciones laborales». Los funcionarios de Justicia comenzaron a reclamar en abril un aumento salarial de entre 350 y 430 euros al mes «en concordancia» con el incremento pactado con los letrados. Los paros parciales se convirtieron en una huelga indefinida el 22 de mayo, días después de que el Gobierno aceptara subir los sueldos de jueces y fiscales, que amenazaron con ir a la huelga.

Esta disparidad de trato soliviantó a los sindicatos, que decidieron aparcar las protestas de forma temporal por el adelanto electoral. Sin embargo, elevaron el caso a las autoridades comunitarias. Han recibido respuesta cinco meses después, mientras amenazan con nuevas movilizaciones si Bolaños no les convoca a una reunión de manera inmediata. CCOO se ha desmarcado y protestará este miércoles a las puertas del Ministerio de Justicia.

Los representantes sindicales han recibido este martes por la tarde la llamada del nuevo secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, con el que ya negociaron el aumento retributivo en la pasada legislatura. El ahora número dos de Bolaños les emplaza a una reunión el 20 de diciembre para una toma de contacto. CCOO ha decidido mantener la protesta ante lo que prevé como «un simple cambio de pareceres».

CSIF sostiene que la respuesta de los comisarios europeos les da la razón en su queja, ya que «el anterior Gobierno nunca tuvo no voluntad ni intención de llegar a un acuerdo». El sindicato mayoritario reitera a Bolaños que inicie «de inmediato» las negociaciones para concluir un conflicto que afecta a más de 45.000 funcionarios de Justicia. Además, solicita al Ejecutivo que incluya una partida específica en las cuentas públicas del año que viene para cubrir el incremento retributivo.

Competencia de los Estados

«La carta reconoce que los funcionarios de Justicia deben estar bien retribuidos. La saturación judicial les obliga a realizar funciones que no les corresponden y que no van a asumir otros cuerpos de la Administración», afirma Javier Jordán, portavoz de CSIF. En su opinión, la misiva supone un toque de atención a Bolaños, pero sobre todo especifica el marco en el que deben tener lugar las negociaciones: «Es el Gobierno español el que debe negociar y dotar de medios suficientes».

Los comisarios Schmit y Reynders reconocen en la misiva, firmada el 4 de diciembre, que «es competencia de cada Estado miembro garantizar» el derecho a la negociación y a la acción colectiva, tal y como establece el artículo 28 de la Carta de Derechos de la UE. Subrayan que el Consejo de la UE ya adoptó en junio una recomendación para que los países reforzaran el diálogo social.

«La recomendación también aconseja a los Estados miembros involucrar a los interlocutores sociales de manera sistemática, significativa y oportuna en el diseño y aplicación de políticas sociales y de empleo y, cuando proceda, otras políticas públicas (…) para garantizar un entorno propicio para el diálogo social bipartito o tripartido». Los sindicatos se habían quejado ante la Comisión Europea de que la intención de Justicia era aprobar las leyes de eficiencia organizativa sin contar con su opinión, a pesar de que afectaba a sus condiciones laborales.

Schmit y Reynders señalan que la situación que los sindicatos exponen en su carta están consagradas en las normas internacionales del trabajo. No obstante, advierten de que la Comisión Europea carece de atribuciones al respecto, por lo que recomiendan a los sindicatos que acudan directamente al mecanismo de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que España ratificó.

Una vía que las organizaciones sindicales aún no han abierto, aunque prevén retomar las protestas en caso de que Bolaños no les llamé para negociar. Su intención es dar un margen de varias semanas al ministro, que prometió diálogo al recibir la cartera de Justicia el 21 de noviembre. Una medida de gracia que ha descartado concederle CCOO, que mantendrá la protesta de este miércoles al considerar que Olmedo conoce bien el conflicto y no necesita más tiempo.