Los fiscales ven «poco recorrido» a la denuncia del PSOE contra Abascal por atacar a Sánchez

La Fiscalía ya estudia las declaraciones de Santiago Abascal en Clarín. El PSOE le ha denunciado este miércoles al entender que sus palabras contra Pedro Sánchez en el diario argentino constituyen un delito de odio. Si tras analizar su contenido el Ministerio Público considera que hay indicios de delito, practicará diligencias y, al finalizarlas, elevaría la cuestión al Tribunal Supremo, ya que el líder de Vox está aforado. Los fiscales consultados por THE OBJECTIVE reconocen que la denuncia tiene «poco recorrido» porque no se incita a ningún colectivo en concreto. Tampoco le garantiza mucho éxito la jurisprudencia del Alto Tribunal.

Abascal aseguró durante la entrevista que «Sánchez no es astuto ni hábil como la gente piensa», sino «un político sin escrúpulos». Esto suponía «una ventaja competitiva sobre los políticos honrados» porque estos se ponen límites. «Yo tengo unos principios. No puedo venderlos. Sánchez no tiene ninguno. Entonces un político que no tiene ningún principio, puede engañar al pueblo. Lo ha hecho en dos elecciones consecutivas; puede pisar las leyes, puede hacer cualquier cosa».

«Habrá un momento dado en el que el pueblo querrá colgarlo de los pies, pero hasta ahora eso le ha valido», insistió Abascal a la periodista argentina. El PSOE sostiene que esas palabras «van mucho más allá del derecho al honor del presidente» porque «suponen una grave quiebra de la convivencia y del orden constitucional, pues buscan un ataque al pensamiento socialista» porque suponen «un señalamiento público de un colectivo».

Abascal alude a Mussolini

La denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, considera que las declaraciones suponen «un paso más en la gravedad las serias acusaciones que se vienen vertiendo, culminando en la identificación del presidente con un dictador» al realizar una clara alusión a la muerte de Benito Mussolini en abril de 1945. Los socialistas sostienen que las declaraciones no se limitan a identificar a Sánchez con un dictador, sino que pueden ser constitutivas de un delito de calumnias o injurias, pero también de uno de odio.

Los fiscales consultados pronostican que la denuncia contra Abascal tendrá «poco recorrido». Los delitos de odio están especificados en el artículo 510 del Código Penal, pero consideran que estos no se corresponden con lo que el PSOE achaca al líder de Vox. Reconocen que sus declaraciones fueron «desacertadas», pero dudan de que inciten a la discriminación o la violencia contra un grupo o persona y, por tanto, que puedan ser sancionadas con penas de uno a cuatro años de prisión y multas de seis a 12 meses.

«Las declaraciones no aluden a ningún colectivo concreto», afirma un fiscal con décadas de experiencia. En su opinión, la denuncia tiene pocas posibilidades de prosperar porque la jurisprudencia del Supremo sobre delitos de odio, en la que ha repercutido las querellas presentadas por Vox, centra el castigo a ataques contra minorías sociales. E insiste: «Los jueces tienden a proteger la libertad de expresión cuando las expresiones nacen del debate político, pero hay que estudiar el caso».

La queja del PSOE no se circunscribe a las palabras de Abascal, sino que va más lejos. Las relaciones con las concentraciones ante la sede del PSOE que se han producido durante el mes de noviembre. Protestas que «han terminado en numerosas ocasiones de forma violenta con detenidos por desórdenes públicos, atentados y lesiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

«Órdenes ilegales»

El líder de Vox, insiste la denuncia, ha asistido a las de la calle de Ferraz «con otros dirigentes de su formación política». El texto registrado ante la Fiscalía, que consta de 21 páginas, describe que Abascal se ha referido en numerosas ocasiones a esas protestas en sus ruedas de prensa. En la que realizó el 7 de diciembre «solicitaba a los agentes que no obedecieran órdenes ilegales».

El PSOE subraya que Abascal ha hecho en estos últimos años una serie de declaraciones para deslegitimar a Sánchez como presidente del Gobierno, algo que «le ha valido para justificar» las concentraciones ante sus sedes que se han producido en las últimas semana. El día de la investidura, insiste la denuncia, incluso le acusó de protagonizar «un golpe de Estado».

«Denunciamos estas manifestaciones de Abascal ante esta Fiscalía pues no se efectúan en sede parlamentaria, ni durante una convocatoria formal del Congreso, por ello, no es un acto parlamentario, ni con ocasión del mismo y, por lo tanto, están sometidas a la jurisdicción española, por haberse realizado a través de Internet y las redes sociales», considera la defensa de Sánchez. Vox compartió y difundió la entrevista en el diario argentino a través de X, el antiguo Twitter.

La denuncia también incluye que las acusaciones suponen un atentado al honor contra el PSOE, por lo que su abogado pide a la Fiscalía que inicie una investigación para dirimir las responsabilidades penales de sus autores. El Ministerio Público ya estudia el asunto. Si tras analizar el contenido de la denuncia entiende que hay indicios de delito, practicará las diligencias oportunas para comprobar los hechos y, una vez concluidas, elevaría la querella al Tribunal Supremo. En caso contrario, archivará el caso.

La guillotina a Rajoy

Abascal no solo ha mantenido sus declaraciones, sino que ha recordado precedentes en los que los socialistas no condenaron a los responsables, como la ocasión en la que miembros de las Juventudes Socialistas de Valencia se fotografiaron con una guillotina y una imagen del expresidente Mariano Rajoy como si hubiese sido decapitado. Un dirigente socialista en León tuvo que dimitir hace dos años al publicar en un diario digital que «los Borbones salen caros: guillotina y república».

Vox las ha justificado porque su líder «solo ha recordado la suerte de muchos dictadores: no es odio, es historia». Su secretario general, Ignacio Garriga, sostiene que el revuelo se debe «a manipulaciones» del PSOE que el PP «acepta como realidades certeras». La de Abascal no han sido las únicas declaraciones controvertidas estos años. Hace una década, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, confesó en la televisión gallega su pena porque en la historia española no hubiese un rey guillotinado.

Su compañero Enrique Santiago se ofreció a ejecutar al Rey «de la misma manera que hizo Lenin con el zar». Unos deseos que compartió Pedro Honrubia, que fue diputado de Podemos en la pasada legislatura. Hace solo un mes, Vox, Rocío Monasterio y el propio Abascal, solicitaron seis años de cárcel a un joven que escribió en redes sociales que ambos líderes políticos fuesen colgados del Puente de Vallecas días antes de un mitin de la formación verde en las elecciones regionales de 2021.