Un grupo de jueces pide que la Audiencia Nacional asuma la lucha contra el 'narco'

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha reclamado que la Audiencia Nacional asuma la lucha contra el narcotráfico en el litoral andaluz «para evitar que se quiebre el Estado de derecho» en esta zona. La organización de jueces propone una batería de medidas tras el asesinato de dos guardias civiles arrollados el pasado día 9 por una narcolancha en Barbate (Cádiz). THE OBJECTIVE ya había relatado la desesperación que sufren los magistrados que ejercen en las zonas costeras de Andalucía, donde aseguran que faltan medios y la carga de trabajo es «inasumible».

«Tras la terrible muerte de dos agentes en Barbate y analizando el mal endémico que los delitos de narcotráfico suponen no solo para los juzgados del Campo de Gibraltar sino también para todos los del litoral andaluz entendemos que es el momento de tomar medidas ya», destaca el portavoz de la AJFV, Sergio Oliva.

Oliva añade en un comunicado que, por este motivo, la AJFV ha elaborado un informe en el que «se establece una batería de medidas para evitar que se quiebre el Estado de derecho en determinadas zonas de España». Se trata del Informe Barbate: la situación de los juzgados en Andalucía Occidental, elaborado por un grupo de expertos de esta asociación judicial ante el aumento de la criminalidad en la zona.

Estructura de la Audiencia Nacional

La AJFV pide superar la estructura judicial que creó la Audiencia Nacional hace 47 años para que no sean juzgados mixtos, con competencias en civil, penal y familia, los que tengan que investigar estos delitos y se vean sobrepasados ante la falta de recursos y el exceso de competencias. La normativa actual prevé la competencia de la Audiencia Nacional para causas relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado, pero solo cuando estás afectan a dos provincias diferentes.

El informe sostiene que la Convención de Palermo de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional elaborada en Nueva York en 2000 y ratificada por nuestro tres años más tarde, recoge el concepto de grupo delictivo organizado. «Hablamos de una agrupación de tres o más personas que persigue como finalidad la comisión concertada de delitos». La AJFV subraya que la Ley Orgánica 5/2010 introdujo en el Código Penal una expresa regulación de las organizaciones y grupos criminales para dotar a España de un instrumento normativo para combatir adecuadamente todas las formas de criminalidad concertada.

«Nos encontramos ante verdaderas estructuras criminales y no ante una situación común y los delitos son cometidos por varias personas a la vez en una provincia», expone el informe. Entre las modificaciones legales que propone la AJFV figuran la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para lograr una mayor agilidad en la fase de instrucción de todos los delitos sin pérdida de garantías de derechos y el aumento de recursos y materiales en la lucha contra estas redes.

Además defiende la ampliación del complemento por especiales circunstancias del destino que ya perciben los jueces que trabajan en País Vasco, Ceuta y Melilla o, en su defecto, el establecimiento de uno por penosidad o peligrosidad «para todos aquellos que se dejan la piel, día tras día, en los juzgados de esta naturaleza», subraya Sergio Oliva.

«Lo que está en riesgo no solo es la existencia de zonas de impunidad sino también el prestigio de nuestro país y la imagen que trasladamos al exterior», concluye el portavoz de la AJFV. El informe al que ha tenido acceso este diario, de 23 páginas, advierte de que una de las dificultades que presentan los juzgados que radican en zonas especialmente conflictivas al tener que investigar delitos como los vinculados al tráfico de drogas o al blanqueo de capitales cometidos a través de una organización o grupo criminal, es la inestabilidad de la plantilla judicial debido a la movilidad de los jueces que sirven en dichas plazas.

Juzgados como el de Barbate acostumbran a ser primeros destinos, que quedan vacantes una vez que el titular se descongela, esto es, cuando puede decidir participar en un concurso de jueces a fin de cambiar de destino. Tras ese traslado puede tardar meses en cubrirse la plaza por otro titular. Lo habitual es que nadie opte voluntariamente por ellas y sean finalmente cubiertas cada año por la última promoción salida de la Escuela Judicial, como va a suceder una vez más en los próximos dís.