El alegato del fiscal contra la «colonización» de las empresas públicas: «Es desolador»
Alejandro Luzón ha resaltado la «desolación» que producen en la ciudadanía los comportamientos de Ábalos y Koldo
El fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón.
El fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, ha realizado durante la última sesión del juicio del caso mascarillas un potente alegato contra la «colonización» de las empresas públicas por parte del poder político: «Es tal la conciencia de pleno dominio sobre la sociedades estatales que identifican a las sociedades del Estado con el Gobierno, algo que se asumen con naturalidad y orgullo». El representante del Ministerio Público ha reprobado duramente cómo el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García se valieron de las sociedades del Estado para colocar a Jésica Rodríguez y Claudia Montes, algo que produce «desolación».
«Admitía Ábalos que efectivemente buscó empleo a Jésica pero no en empresas públicas ‘porque pagan peor’, me pregunto qué otra posibilidad tenía Ábalos que no fuese una empresa pública para colocar a Jésica a través de la estructura del Ministerio, que es la que utiliza», ha señalado el fiscal, antes de declarar que solo algunas personas «íntegras» logran romper el silencio que pesa en la cadena de mando de estas sociedades que se deben al poder político.
«Produce desolación ver a las empresas públicas coloniozadas y parasitadas por el poder político», ha reiterado Luzón. «Es tal la conciencia de pleno dominio sobre la sociedades estatales que se identifican a las sociedades del Estado con el Gobierno. [Los acusados] Asumen con naturalidad y orgullo el haber colocado a una amiga y se coloca a un asesor claramente incompetente en una empresa pública ‘porque es una tradición’», ha relatado en clara referencia a Koldo García.
«Ese es el contexto cuasicolonial del que está asumiendo que el deseo del ministro se convierte en exigencia. Hay toda una corte servil [en el escalafón de las empresas públicas] en la que si hay suerte aparece una empleada íntegra, en el caso de Tragsatec, Virginia Barbancho, que alerta del hecho», ha afirmado resaltando la valentía de la trabajadora que podría haber sido castigada por hacer lo correcto.
«La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático»
El fiscal anticorrupción también ha realizado un potente alegato en defensa de los derechos de la ciudadanía cuando ha explicado por qué ha solicitado penas de prisión tan altas para los acusados (24 años para Ábalos, 19 años para Koldo y siete para Aldama, atenuada por confesión).
Luzón ha destacado que «se enfrentan a penas graves, pues graves son las conductas que se les atribuyen», pero no solamente por lo que implican sus conductas sino por quién las realiza: un ministro del Gobierno de España y su asesor, haciendo uso de la Administración pública.
«Cuando nos encontramos con una corrupción organizada, no solo hablamos de un daño a la libre competencia, tampoco hablamos de la relevancia del recto funcionamiento de la función pública… es mucho más que eso: es la certeza de que con esta corrupción política organizada, nada menos que desde un Ministerio de un Gobierno de España, está disminuyendo la confianza de los ciudadanos en unas instituciones democráticas que estos delincuentes pervienten poniéndolas a su servicio». «La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente puede frenarlas», ha rematado.